Por: Bache3000

El bloque Vamos con Todos llevó al recinto legislativo la crisis que enfrentan las universidades públicas de Río Negro y presentó dos iniciativas para presionar al Gobierno nacional. Por un lado, un proyecto de Comunicación dirigido a la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Políticas Universitarias, exigiendo la transferencia urgente de los fondos que corresponden al ejercicio 2026. Por otro, una Declaración de respaldo institucional al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en sus gestiones para obtener recursos adecuados para el sistema universitario.

El presidente del bloque, José Luis Berros, fue directo: "No se puede discutir una nueva ley cuando la vigente no se está cumpliendo". La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso y ratificada por la Justicia federal, pero el Ejecutivo nacional no la está ejecutando en su totalidad, generando un escenario de incertidumbre que amenaza el inicio y desarrollo del ciclo académico 2026.

Las consecuencias ya son concretas. Autoridades de la Universidad Nacional del Comahue y representantes gremiales informaron que el atraso salarial acumulado supera el 50% del poder adquisitivo de docentes y trabajadores nodocentes. "Estamos frente a un ajuste que no es abstracto: se traduce en salarios deteriorados, obras paralizadas, falta de mantenimiento y dificultades concretas para garantizar condiciones dignas de cursada", afirmó Berros.

El desfinanciamiento no golpea solo los bolsillos de los trabajadores. También paraliza áreas estratégicas como la investigación científica, la extensión universitaria y las becas estudiantiles. En distintas sedes de ambas universidades se registran problemas de infraestructura que no pueden resolverse por falta de presupuesto, comprometiendo la vida académica cotidiana y el derecho a la educación superior pública.

"El presupuesto universitario no puede ser la variable de ajuste fiscal. La educación pública no es un gasto, es una inversión estratégica para el desarrollo, la igualdad y la soberanía tecnológica", sostuvo Berros, quien subrayó la responsabilidad de los legisladores provinciales en la defensa de las dos casas de estudio nacionales radicadas en el territorio rionegrino, donde se forman miles de jóvenes y se produce conocimiento clave para la provincia y el país.

Respecto al respaldo al CIN, la bancada fue clara: "No se trata de una disputa sectorial, sino de la defensa de un derecho social consagrado y de una política de Estado que no puede ser desmantelada por decisiones administrativas". Desde Vamos con Todos anticiparon que continuarán impulsando acciones legislativas hasta garantizar que ningún estudiante ni trabajador universitario de Río Negro vea vulnerado su derecho a una educación pública, gratuita y de calidad.