Por: Bache3000

Miguel Ángel Pichetto encendió una alarma en el Congreso Nacional. Junto al diputado Guillermo Michel, presentó un proyecto de resolución exigiendo al Poder Ejecutivo que revele cuántas empresas estatales chinas están aprovechando los beneficios del Convenio de Doble Imposición (CDI) firmado entre Argentina y China, vigente desde octubre de 2024 mediante la ley 27.780.

El convenio, que busca evitar que las empresas paguen impuestos dos veces —en China y en Argentina— va mucho más allá de eso. Incorpora una novedad que pocos conocen: otorga exenciones y alícuotas preferenciales especiales a instituciones controladas por el Estado chino, como el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) y el Fondo para la Ruta de la Seda. Y lo que es más llamativo: ese listado puede ampliarse por acuerdo entre las partes, sin pasar por el Congreso.

La pregunta que sobrevuela el recinto es tan simple como demoledora. Javier Milei construyó buena parte de su identidad política sobre el rechazo frontal al comunismo y a China. Lo repitió en campaña, lo repitió en el poder. Sin embargo, el CDI que hoy está vigente bajo su gobierno no solo mantiene los acuerdos firmados con Beijing sino que genera beneficios fiscales concretos y mensurables para empresas controladas por el Estado chino. Pichetto lo puso en blanco sobre negro: quiere saber exactamente cuántos contribuyentes con residencia fiscal en China se beneficiaron de estas ventajas sobre rentas generadas en Argentina. No es un dato menor. Es plata que Argentina deja de recaudar.

Pedimos al Poder Ejecutivo que informe cuántas empresas estatales chinas recibieron beneficios fiscales por el Convenio de Doble Imposición Argentina - China.

El acuerdo otorga exenciones y alícuotas preferenciales a ciertas instituciones o empresas controladas por China y… pic.twitter.com/B7ZQJ2AeVQ

— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) February 22, 2026

El proyecto solicita información detallada sobre ocho puntos. Cuántos beneficiarios del exterior utilizaron los beneficios del CDI para rentas de fuente argentina. Si existe otro convenio argentino que otorgue tratamiento diferencial similar a empresas estatales extranjeras. Cuánto le cuesta fiscalmente al Estado argentino la aplicación de los artículos del convenio referidos a transporte, dividendos, intereses, regalías y ganancias de capital. Y si hay determinaciones de oficio firmes vinculadas a precios de transferencia con empresas chinas.

El escándalo no termina en los beneficios fiscales. En paralelo, el gobierno de Milei habilitó un flujo creciente de importaciones chinas que compiten directamente con la producción nacional a precios que la industria argentina no puede igualar. Sectores como el textil, el calzado, la electrónica y el acero vienen denunciando desde hace meses el impacto devastador de esta apertura. El combo es difícil de defender: beneficios impositivos para empresas del Estado chino por un lado, y destrucción de empleo industrial argentino por el otro. Todo bajo un gobierno que se presenta como el enemigo número uno del socialismo y la economía planificada.

Pichetto cerró su proyecto con una frase que resume el fondo del asunto: "Argentina necesita transparencia fiscal." Lo que está en juego no es solo cuánto dinero se fue en exenciones. Es la coherencia de un gobierno que predica una cosa y hace otra, que le habla a su base electoral de soberanía y valores mientras firma cheques en blanco —fiscales y comerciales— con el gigante comunista que dice repudiar. El Poder Ejecutivo deberá responder. Y la respuesta, cualquiera sea, va a incomodar.