Por: Bache3000

El concejal Leandro Costa Brutten presentó ante la Fiscalía una ampliación de la denuncia penal que había formulado oportunamente contra el intendente de Bariloche, Walter Cortés, y el secretario de Hacienda Municipal, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal.

Según consta en el escrito presentado bajo el Expediente F1 640-2026, durante el año 2026 miles de contribuyentes de Bariloche comenzaron a recibir liquidaciones de tasas municipales con incrementos extraordinarios y desproporcionados, sin que exista ordenanza vigente que los autorice ni justificación técnica o económica verificable. En muchos casos, los aumentos convirtieron las tasas en directamente impagables.

La denuncia señala que los incrementos fueron aplicados mediante actos administrativos internos del Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, eludiendo el principio de legalidad tributaria, según el cual la creación o modificación de tributos es facultad exclusiva del Concejo Municipal. El propio Ejecutivo intentó instrumentar esos aumentos mediante la Resolución N° 3203-I-2025, que fue impugnada por Costa Brutten por manifiesta incompetencia normativa. El 25 de enero de 2026, el intendente Cortés anunció públicamente la derogación de esa resolución, reconociendo implícitamente que no tenía competencia para modificar parámetros tributarios sin ordenanza.

Sin embargo, según denuncia el concejal, pese a esa derogación los incrementos fueron igualmente aplicados en las liquidaciones emitidas y cobradas. La maniobra descripta en el expediente habría permitido exigir y percibir montos que en algunos casos llegan al mil por ciento por encima de lo que correspondía, sin causa legal válida.

Como hecho nuevo de "extrema relevancia institucional", la ampliación incorpora una publicación periodística de Bache3000, del 11 de febrero de 2026, titulada "Hacienda aclara cuándo corresponde reclamar por aumentos en las tasas municipales". De esa nota surge, según destaca el escrito, que la propia Secretaría de Hacienda reconoció públicamente que existen contribuyentes que recibieron aumentos superiores al 30 por ciento interanual, que los vecinos deben presentarse individualmente a reclamar la revisión de sus liquidaciones, y que el Municipio admite la existencia de incrementos que podrían resultar incorrectos.

Para Costa Brutten, ese reconocimiento evidencia que se aplicaron sobrecostos masivos sin sustento normativo y que el Departamento Ejecutivo trasladó al contribuyente no solo los costos ilegales sino también la carga de corregir esos actos administrativos. "El Estado que generó ilegalmente sobrecostos pretende cobrar primero y obligar al vecino perjudicado a defenderse y reclamar después", sostuvo el concejal.

El escrito también apunta a un dato que Costa Brutten califica de especialmente grave: el presupuesto municipal del área de Legales habría sido incrementado un 638 por ciento. Según el concejal, eso significa que mientras se endeuda a los vecinos con sobrecostos ilegales, se amplía la capacidad del Ejecutivo para ejecutar judicialmente a quienes no puedan o no reclamen. "El intendente endeuda con sobrecostos ilegales y los abogados ejecutan. Para defender a Bariloche no hay plata, pero para ejecutar a los barilochenses sí", afirmó.

La denuncia ampliatoria sostiene que la situación genera endeudamiento injustificado, desigualdad entre contribuyentes y la posible percepción de montos sin causa legal, con perjuicio económico masivo para familias y comerciantes. Costa Brutten solicitó a la Fiscalía que se abra investigación, se cite a declarar a los funcionarios denunciados y se determine si se utilizó el sistema tributario municipal para aplicar sobrecostos ilegales.