Por: Bache3000

Hay algo extraño en reunir a 39 intendentes en un mismo salón. No es fácil. Son 39 municipios, 39 realidades distintas, 39 formas de entender lo que significa gobernar un pedazo de la Patagonia. Y sin embargo ahí estaban, este jueves en el Salón Gris de Casa de Gobierno en Viedma, sentados frente a una verdad incómoda que la provincia decidió, por fin, nombrar en voz alta: los recursos se siguen repartiendo como si fuera 1991.

El gobernador Alberto Weretilneck lo dijo sin rodeos al abrir el encuentro. "Esta no va a ser una decisión unilateral del Gobierno Provincial. No venimos a imponer nada. Venimos a fundamentar por qué es necesario actualizar los índices y a iniciar un camino de trabajo conjunto." Es el tipo de frase que suena razonable y que, al mismo tiempo, revela la magnitud del problema. Si hay que aclarar que no se viene a imponer nada, es porque históricamente alguien siempre impuso algo.

El esquema que se quiere revisar tiene más de treinta años sin tocarse. El 40% de la coparticipación se distribuye con datos poblacionales de 1991. Otro 40% se basa en recaudaciones de 1987, 1988 y 1989. El 20% restante se reparte en partes iguales, que es quizás la única parte del sistema que no necesita explicación. En el caso de las regalías, los parámetros son de 2004. Hay municipios que crecieron enormemente en estas décadas. Hay otros que no tanto. El dinero, mientras tanto, siguió fluyendo según una fotografía vieja, borrosa, de una provincia que ya no existe del todo.

Bariloche es quizás el ejemplo más elocuente de esa distorsión. Es la ciudad más poblada de Río Negro. Genera el 32% de la recaudación provincial. Y recibe apenas el 17% de la coparticipación. Es una ecuación que, puesta así, cuesta explicar. Cada peso que entra por el turismo, por el comercio, por la actividad que sostiene a la ciudad más visitada de la Patagonia, vuelve recortado a casi la mitad de lo que debería. Y eso tiene consecuencias concretas: en las calles, en los servicios, en la infraestructura que soporta no solo a sus habitantes sino a los millones de turistas que la recorren cada año.

Por eso el planteo que Walter Cortés había hecho públicamente en los días previos no era una queja de intendente molesto sino algo más parecido a una evidencia. Si van a discutir cómo repartir los recursos, dijo, habría que contemplar el desgaste que genera el turismo masivo sobre la ciudad. Es un argumento que los números respaldan. Cortés estuvo en el salón este jueves, pero quien habló en representación de Bariloche fue Agustín Domingo, su asesor. A veces los que hablan no son los que firmaron la convocatoria.

El ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, presentó un informe técnico sobre el estado actual del sistema y los posibles impactos de una actualización basada en el Censo 2022. A partir de ahora se conformarán mesas técnicas con representantes municipales, equipos provinciales y participación de la Legislatura. La idea es construir una propuesta consensuada, no bajarla desde arriba.

Weretilneck fue enfático: "Es un debate complejo, pero necesario. Si no lo abordamos con seriedad y diálogo, podemos generar tensiones innecesarias entre comunidades. Y eso no le conviene a nadie." Tiene razón. Cuando se mueve la plata, se mueven también las lealtades, las quejas, los rencores acumulados. Por eso el proceso se presenta como técnico, participativo, federal. Por eso se habla de transparencia antes de hablar de números.

La actualización de la Ley 1946 es el marco legal que se propone modificar. No es un trámite menor. Es, en cierta forma, una discusión sobre qué provincia quiere ser Río Negro y cómo decide repartir lo que tiene entre los que la habitan. Weretilneck lo sabe. Los 39 intendentes también. Por eso el Salón Gris estuvo lleno este jueves, y por eso este es apenas el primer encuentro de varios que vendrán.