Por: Bache3000

Un error administrativo en el calendario escolar de Río Negro encendió las alarmas en la comunidad educativa y puso en el centro del debate la importancia de la memoria histórica. El cronograma difundido esta semana por el Ministerio de Educación para el mes de marzo de 2026 incluyó el inicio del ciclo lectivo y diversas fechas conmemorativas, pero omitió por completo el 24 de marzo, feriado nacional e inamovible que recuerda a las víctimas de la última dictadura cívico-militar.

La ausencia no pasó desapercibida. Organizaciones docentes y referentes de derechos humanos señalaron rápidamente la falta, en un mes que suele estar cargado de fechas simbólicas. El 24 de marzo está instituido por la Ley Nacional 25.653 como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y desde 2006 es feriado nacional por la Ley 26.085. Además, la norma establece explícitamente que las carteras educativas nacional y provinciales deben incluir en sus calendarios escolares jornadas alusivas que promuevan la reflexión sobre el quiebre democrático y la defensa de los derechos humanos.

Frente a la consulta de este medio, desde el Gobierno provincial reconocieron que se trató de un error y aseguraron que se corregiría en los próximos días. Efectivamente, en las últimas horas, el Ministerio de Educación actualizó el documento oficial y ya incorporó el 24 de marzo en el listado de conmemoraciones. La corrección incluye la mención completa: "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia", en consonancia con lo establecido por la normativa vigente.

El cronograma ahora actualizado mantiene el resto de las fechas previstas, como el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer), el 12 (Día del Escudo Nacional), el 21 (Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y Día del Síndrome Down) y el 23, donde se destaca el Hallu Willka Chika, celebración indígena por la llegada del otoño. La inclusión tardía del 24 de marzo busca saldar el traspié y reafirmar el compromiso institucional con la memoria colectiva, tal como lo exige la ley y lo reclaman los organismos de derechos humanos en todo el país.