La Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche emitió este lunes una resolución en la que se aboca de oficio a investigar los graves episodios de violencia ocurridos durante la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal, realizada en la mañana del 2 de marzo de 2026 en el gimnasio municipal N.º 5, ubicado en el kilómetro 13 de la Avenida Exequiel Bustillo.

El documento, firmado por la defensora Mariana Minuth, da cuenta de empujones, gritos, una intervención policial deficiente y la caída al piso de una mujer y su hija de 9 años, hechos que derivaron en el desmayo de la vecina y en la agresión física a otro asistente. Además, se consigna que la concejal Julieta Wallace fue empujada mientras estaba con su hija.

Según consta en la resolución, el equipo de la Defensoría del Pueblo acompañó a la vecina que sufrió el desmayo a radicar una denuncia penal en la Subcomisaría N.º 55 de Playa Serena, mientras que el equipo del concejal Facundo Villalba asistió al vecino agredido a golpes.

El texto califica lo sucedido como una situación de "violencia inusitada en la vida institucional de la ciudad", que vulnera el derecho humano a la protesta pacífica y rompe el orden democrático. Entre las graves falencias señaladas, se destaca la ausencia de una ambulancia en el predio, pese a tratarse de un acto con alta convocatoria y a la distancia respecto de los centros médicos. Asimismo, se critica que el operativo policial se limitó a revisar pertenencias sin prevenir agresiones ni resguardar a los asistentes.

En su resolución, la Defensoría recomienda al presidente del Concejo Municipal, Gerardo del Río, reunir todas las pruebas —grabaciones y testimonios— para evaluar la interposición de denuncias penales por las agresiones. También insta al presidente del Concejo y al intendente Walter Cortés a garantizar en el futuro mecanismos de seguridad adecuados y a asumir la responsabilidad institucional en la preservación de la paz social y el diálogo democrático.

De manera particular, el artículo 5° de la resolución recomienda al jefe comunal, en ejercicio de su superintendencia sobre el personal municipal, que investigue si los agresores eran empleados o funcionarios municipales y, de confirmarse, inicie los sumarios administrativos, adopte decisiones políticas como la desvinculación y realice las denuncias penales correspondientes.

La Defensoría resolvió abrir la actuación ACTU-DPB:9/2026 para profundizar la investigación. El Anexo I de la resolución incluye un enlace con material audiovisual del programa "Noticiero Seis" de Canal 6 Bariloche y otras tomas que registran los episodios de violencia y el momento en que una vecina recupera el conocimiento tras la agresión. La medida será refrendada por el asesor letrado de la Defensoría, Dr. Carlos Emilio Arrative, y notificada a las autoridades municipales y al Tribunal de Contralor.