Por: Bache3000

La justicia confirmó la prisión preventiva dictada el 20 de febrero contra el imputado por el homicidio de Diego Cid, luego de que un magistrado rechazara el recurso presentado por la defensa particular durante una audiencia realizada vía Zoom con el detenido en Cipolletti.

La Fiscalía solicitó que se desestimara el planteo y se mantuviera la medida cautelar, con el argumento central de que el riesgo de fuga se encuentra acreditado. En ese sentido, señaló que el imputado no reside en Bariloche, que se retiró de la ciudad inmediatamente después del hecho ocurrido el 12 de febrero en inmediaciones de calle Coirón al 4900, y que recién se presentó seis días después ante las autoridades de Cipolletti.

El Ministerio Público indicó que ese lapso impidió la realización de medidas urgentes de investigación, entre ellas los estudios de residuos de pólvora —conocidos como GSR—, y que se investiga si el arma entregada, que estaba descargada al momento de la entrega, pudo haber sido manipulada. También subrayó que el imputado contaba con autorización de tenencia del arma pero no de portación, y que la gravedad del hecho y la expectativa de pena hacen insuficiente una medida alternativa como el monitoreo electrónico.

La defensa planteó que su asistido se presentó de manera voluntaria, entregó el arma y el vehículo y no registra antecedentes penales, además de contar con arraigo laboral y familiar en Cipolletti. Argumentó que el alejamiento inicial respondió a una situación de temor y no a una intención de eludir la justicia, y abrió la posibilidad de explorar una hipótesis de legítima defensa. En ese marco, solicitó que se revocara la prisión preventiva y se dispusiera el monitoreo electrónico, la prohibición de acercamiento a Bariloche y la presentación periódica ante la autoridad policial.

La querella, por su parte, adhirió a los argumentos del Ministerio Público Fiscal y pidió que se mantuviera la medida en los términos originalmente establecidos, al entender que los riesgos procesales valorados en la audiencia inicial no habían variado.

Al resolver, el juez sostuvo que la presentación ante las autoridades no impide por sí sola el mantenimiento de una prisión preventiva, y estableció una distinción relevante: no es equivalente presentarse espontáneamente cuando no existen elementos que vinculen a una persona con un hecho, que hacerlo cuando ya hay indicios concretos, medidas investigativas en curso y sospecha fundada sobre su participación. Consideró además que el requisito previsto en el artículo 109 del Código Procesal Penal respecto del grado de sospecha sobre la participación en el hecho se encuentra cumplido, dado que no se discute que el imputado se encontraba en el vehículo desde el cual se efectuaron los disparos.

Con esta resolución, la prisión preventiva continuará vigente en los términos oportunamente establecidos.