Por: Bache3000

Verónica, presidenta de la junta vecinal del barrio 2 de Abril, ocupó este miércoles la banca del vecino en la Comisión Legislativa del Concejo Deliberante de Bariloche para pedir, con mandato expreso de sus representados, el cierre definitivo del vertedero municipal. "Nosotros pedimos y exigimos el cierre definitivo. No lo queremos más abierto", afirmó ante los concejales, y describió una situación que se arrastra desde hace más de cuarenta años.

La vecina señaló que el vertedero impacta hoy sobre veintidós barrios de la zona del Alto, una realidad muy distinta a la de décadas atrás cuando eran pocos los asentamientos cercanos. Enumeró enfermedades en la piel, neumonías, casos de cáncer, contaminación de napas freáticas y la invasión de ratas y moscas a las viviendas cada vez que se producen incendios en el predio. "Hay niños, niñas y adolescentes, abuelos, personas con cáncer, dermatitis. Las napas deben estar contaminadas por la cantidad de años que está ese vertedero ahí", dijo, y reclamó "el derecho a vivir dignamente".

El concejal Costa Brutten tomó la palabra después y fue contundente en su posicionamiento frente al bloque oficialista. Advirtió que el Concejo ya rechazó en la gestión anterior una iniciativa similar que proponía continuar depositando residuos en el lugar mediante la construcción de nuevas celdas, y anticipó que volverán a rechazar cualquier proyecto en ese sentido. Señaló que existe un informe técnico firmado en 2023, con la rúbrica de un referente del propio espacio gobernante, que identifica posibles sitios de disposición final fuera del ejido municipal, y cuestionó que ese trabajo siga sin traducirse en acción concreta.

Costa Brutten apuntó además contra los relatos oficiales sobre el origen de los incendios. Sostuvo que se acercó al juzgado federal para verificar las denuncias del intendente sobre supuesta venta de droga y quemas intencionales en el predio, y que no encontró ninguna presentación formal. "Nos mintió a todos", afirmó sin ambages. "Le dieron el mandato para que lo resuelva. ¿Por qué no lo resolvió?", planteó.

La concejal Julieta Wallace, autora de la ordenanza que exige el cierre y el traslado del basural, también intervino. Recordó que esa norma data de 2022 y que prevé la realización de estudios técnicos para medir la contaminación de napas y aire, estudios que todavía no se concretaron. Describió la escena de los últimos incendios, con niños jugando al lado del humo en el barrio 29 de Septiembre, colindante con el predio. "Es una situación diaria, es día a día", dijo, y le reclamó al oficialismo que si tiene una propuesta alternativa, al menos la trate y la informe a la población.

La concejal Roxana Ferreyra, por su parte,  señaló que el humo del último incendio llegó hasta el kilómetro siete y ocho de la ciudad, y que conoce de primera mano casos graves de salud entre los vecinos afectados. Cuestionó además la incoherencia del sistema de recolección diferenciada: los vecinos separan los residuos en contenedores de secos y húmedos, pero los camiones los llevan mezclados al mismo destino. Denunció que en varios barrios directamente retiraron los contenedores de clasificación o quedó uno solo, lo que implica un retroceso frente a la infraestructura ya adquirida en gestiones anteriores.

Al cierre del debate, el presidente de la comisión indicó que la licitación que impulsa el ejecutivo municipal no es una solución de fondo sino una medida paliativa para contener los incendios mientras se busca un sitio definitivo de disposición final fuera del ejido. Señaló que las gestiones con provincia llevan años sin avanzar y que la falta de un terreno habilitado es el nudo del problema.

La junta vecinal del barrio 2 de Abril, por su parte, dejó constancia de que repudia cualquier forma de violencia hacia los vecinos del Alto que salen a reclamar sus derechos.