Por: Bache3000

La Provincia salió este jueves a desmentir versiones que circularon en los últimos días sobre una supuesta reducción de los fondos que la Provincia coparticipa a los municipios. Desde la administración rionegrina aseguraron que el monto total que se distribuye entre los gobiernos locales no va a cambiar y que el proceso iniciado tiene un carácter exclusivamente técnico e informativo, orientado a revisar los criterios de distribución a la luz de la realidad demográfica, económica y productiva actual de cada municipio.

La aclaración oficial llegó con tono de advertencia hacia algunos intendentes que habían salido a cuestionar públicamente el proceso. Desde la Provincia catalogaron de "falaces y mentirosas" las declaraciones de ciertos jefes comunales y concejales que intentaron instalar la idea de que los municipios estaban perdiendo fondos, y apuntaron contra quienes, según el comunicado oficial, tienen "serias dificultades de gestión y funcionamiento en sus municipios" y buscan trasladar sus responsabilidades internas hacia un conflicto provincial.

El gobernador Alberto Weretilneck se comprometió personalmente ante los intendentes a no avanzar en ninguna modificación sin pasar antes por un proceso de diálogo y consenso con los gobiernos locales. En la misma línea, el Ejecutivo provincial recordó que cualquier cambio al esquema de coparticipación requiere necesariamente el tratamiento y la aprobación de la Legislatura de Río Negro, y que hasta el momento no existe ningún proyecto de ley enviado al cuerpo legislativo para modificar el sistema vigente.

Sin embargo, el debate sobre los índices de distribución puso sobre la mesa una realidad que pocos se animaban a discutir abiertamente hasta ahora. El sistema actual reparte el 40% de los recursos coparticipables en función de datos poblacionales del Censo de 1991, y otro 40% basado en la recaudación de impuestos provinciales, como Ingresos Brutos, Patente e Inmobiliaria, correspondiente a los años 1987, 1988 y 1989. Solo el 20% restante se distribuye en partes iguales entre todos los municipios, siendo esta la única porción del esquema que no depende de información desactualizada.

El caso de Bariloche ilustra con nitidez el problema que subyace al debate. Según el Censo Nacional 2022, la ciudad tiene 135.755 habitantes, pero los fondos que recibe en función del criterio poblacional se calculan todavía sobre los datos del Censo de 1991, cuando la población era significativamente menor. La brecha entre los números con los que se distribuye el dinero y la realidad actual del territorio es el núcleo del argumento que la Provincia esgrime para justificar la revisión de los índices.

La ley provincial establece que para el cálculo del componente tributario de la coparticipación se deben tomar los últimos tres años de recaudación de los impuestos provinciales. Sin embargo, en la práctica, el sistema sigue operando con los registros de finales de los años ochenta, lo que genera distorsiones históricas que favorecen a unos municipios y perjudican a otros según cómo evolucionó cada economía local en las últimas décadas.

El Gobierno provincial insistió en que el proceso abierto no tiene por objetivo beneficiar a algunos en detrimento de otros, sino poner en blanco sobre negro los desfasajes acumulados para que cualquier decisión futura se tome con información veraz y actual. Si la revisión técnica avanza y se traduce en un proyecto de ley, será la Legislatura la que tenga la última palabra sobre si Río Negro se anima, finalmente, a actualizar un sistema que distribuye recursos con la fotografía de hace casi cuarenta años.