Por: Bache3000

El bloque legislativo Vamos con Todos, que conduce José Luis Berros, ingresó esta semana en la Legislatura de Río Negro un proyecto de Comunicación dirigido al Senado de la Nación para que trate y apruebe una ley que establezca un régimen previsional diferencial para brigadistas. La iniciativa nacional fue impulsada por las senadoras Ana Marks y Martín Soria, ambos de Río Negro, junto a Cándida López, de Tierra del Fuego, y María Teresa González, de Formosa.

El texto presentado en la Legislatura lleva las firmas de Berros y sus pares Magdalena Odarda, Ayelén Spósito, Fabián Pilquinao y Luciano Delgado Sempé. En él, los legisladores piden que se garantice a las y los brigadistas "condiciones de retiro acordes a la naturaleza del servicio prestado y al importante rol que desempeñan en sus años de actividad", con un esquema jubilatorio distinto al régimen general.

Los fundamentos del proyecto ponen el foco en las condiciones de trabajo a las que se exponen cotidianamente quienes combaten incendios. La exposición a altas temperaturas, humo, gases tóxicos y esfuerzo físico extremo, sumada a jornadas prolongadas en contextos adversos, genera lo que el texto describe como "un impacto directo y acumulativo sobre la salud", que reduce de manera anticipada la aptitud laboral de los trabajadores.

Para justificar la urgencia del pedido, los legisladores rionegrinos apelaron a la experiencia local y regional. "En territorio rionegrino y en el patagónico se han visto sobrados ejemplos de incendios forestales con intensidades sumamente peligrosas", señalaron, recordando que esos eventos no solo devastan ecosistemas sino que también golpean economías regionales, destruyen propiedades y, en algunos casos, cuestan vidas humanas.

La iniciativa alcanza a trabajadores combatientes de incendios forestales o rurales que dependan de organismos nacionales o provinciales con cajas previsionales transferidas. Desde el bloque subrayaron el carácter de urgencia del reclamo y llamaron al Senado a dar prioridad al debate de una ley que, según argumentan, reconoce una deuda histórica con quienes arriesgan su salud para proteger el territorio.