Por: Bache3000

Este viernes sesionó la Comisión de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura del Concejo Deliberante de Bariloche donde uno de los temas de relevancia fue el proyecto de ordenanza 500-25, impulsado por su presidente, el concejal Leandro Costa Brutten, que propone la creación de un Centro Municipal Integral de Residencia para Personas Mayores. Del debate participaron también las concejalas Roxana Ferreyra, Laura Totonelli y Mari Coronado, el concejal Lucas Pérez y representantes de otros ediles, junto a ciudadanos invitados en representación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la agrupación Adultos Mayores Activos.

Lila Cinco, representante de AMA y de la Secretaría PAM de la APDH regional, fue la primera en tomar la palabra y lo que dijo dibujó un panorama que pocos en la sala desconocían pero que pocas veces se nombra con tanta claridad. "Hace muchos años que tenemos la necesidad de ser tomados en cuenta las personas mayores de sesenta años", afirmó, y fue directa al número que define el problema: en Bariloche, el noventa por ciento de los espacios donde residen adultos mayores son irregulares, viviendas particulares que operan sin habilitación y fuera de cualquier control real.

Según su propio relevamiento, solo existe un establecimiento en la ciudad con una habilitación que podría acercarse al cien por ciento. Y el problema se retroalimenta: la ley provincial que regula estos espacios data de 2009 con una actualización de 2013, muy anterior a la Convención Interamericana de 2015, lo que debilita el marco legal disponible para exigir cumplimiento.

Pero el dato más revelador lo aportó Cinco al describir el nudo que impide actuar: "Si en una inspección se necesita clausurar un lugar, no hay dónde llevar a las personas que habitan el lugar", explicó, una trampa que quedó expuesta durante la pandemia de COVID-19 y que hasta hoy no tiene solución.

La referente de AMA también fue contundente al cuestionar una situación que suele presentarse como solución pero que, según ella, encierra sus propios problemas: el cuidado domiciliario. La imagen que eligió para describirlo no dejó lugar a interpretaciones. "Son canarios en jaula de oro, están aislados, pierden el contacto con la comunidad", sostuvo Cinco, y desarrolló la idea: las familias, por muy buena voluntad que tengan, no están preparadas para acompañar el deterioro físico y cognitivo que implica el envejecimiento, porque en ese proceso entran en juego los sentimientos y nadie puede atender lo que no conoce ni lo que no sabe manejar. Además hay una dimensión económica concreta ya que las tareas de cuidado, que en la gran mayoría de los casos recaen sobre las mujeres, condicionan o directamente eliminan la posibilidad de que quien cuida pueda trabajar y aportar ingresos al hogar.

Rubén Marigo, perteneciente a la Secretaría de Violencia Institucional de la APDH Bariloche, llegó a la comisión con experiencia directa. Ha recorrido geriátricos de la ciudad acompañando a personas allegadas que necesitaban un lugar donde vivir, y lo que vio lo llevó a una conclusión que no matizó. "He visitado muy pocos que respeten los derechos humanos", señaló, y desde ese punto de partida formuló una pregunta que quedó flotando en el aire de la sala: "Quisiera saber qué pasa fuera de los horarios de visita, si los vamos a seguir viendo dopados".

Para Marigo, la excusa de que los geriátricos no pueden ser inspeccionados por vacíos legales no se sostiene: la violación de derechos humanos en esos lugares es razón suficiente para que tanto el municipio como la Cuarta Zona Sanitaria busquen la forma de intervenir. También amplió el horizonte de lo que está en juego cuando se habla de dignidad en la vejez, señalando que reconocer al adulto mayor como sujeto de derecho implica garantizarle la posibilidad de seguir estudiando, de mantener sus vínculos y su vida afectiva, de no quedar preso de su propia edad. "Todas las personas mayores pasan un momento de su vida a ser indignos, a ser presos de su propia vejez", resumió.

LOS RELATOS Y POSTURAS DE LOS CONCEJALES

La concejala Mari Coronado no habló desde la teoría sino desde lo que le tocó vivir. Dijo que ha trabajado en centros de adultos mayores y conoce la demanda, pero que lo que más la marcó fue una visita personal a un geriátrico de la ciudad para ver a una de sus tías. Lo que encontró no lo olvidó. "Me ha tocado ir a ver una de mis tías, que ya no la tengo, no me la dejaron ver, la tenían atada", relató, y con eso alcanzó para explicar por qué acompañará el proyecto sin dudarlo.

En la misma línea, la concejala Roxana Ferreyra puso sobre la mesa un dato que completa el círculo de la impunidad: existe desde 2017 una ordenanza municipal, la 2750, que regula con bastante detalle la habilitación de residencias para personas mayores, pero que en la práctica no se aplica porque las inspecciones sencillamente no ocurren. "Hemos pedido las planillas y no nos han respondido nunca", denunció Ferreyra, quien también ejerce la representación del Consejo de Personas Mayores y ha recibido denuncias graves sobre condiciones de vulnerabilidad en esos establecimientos.

Costa Brutten, por su parte, desarrolló los fundamentos del proyecto y planteó que la iniciativa busca hacer realidad derechos que hoy existen solo en el papel. El concejal sostuvo que Bariloche necesita una respuesta permanente y unificada, no soluciones provisorias ni casas aisladas, y que el municipio debe generar un espacio físico con habitación, atención médica, seguimiento gerontológico e integración comunitaria. "Cuando uno ya tiene resuelto las cuestiones de la obligación de generar estos derechos, lo que tenemos que ponernos de acuerdo es cómo lo implementamos, no en hechos aislados, ocasionales o fortuitos, sino en forma permanente", subrayó el edil, quien también anticipó la intención de declarar la emergencia en materia de derechos de adultos mayores para justificar la asignación de presupuesto.

La concejala Laura Totonelli fue quien aportó mayor detalle técnico al debate. Propuso incorporar en el proyecto criterios claros de prioridad de acceso, causales de retiro de la vivienda, certificación de niveles de dependencia y una dirección médica con título habilitante. También instó a explorar convenios con obras sociales, prepagas, sindicatos y gremios para financiar el funcionamiento del centro, y reclamó que el servicio sea interdisciplinario, con cuidados de enfermería, atención psicosocial, terapia ocupacional y actividades de contacto con la naturaleza. El concejal Lucas Pérez, por su parte, expresó el acompañamiento de su bloque y valoró los aportes técnicos realizados durante la sesión.

Al cierre del debate, Costa Brutten solicitó el dictamen de la comisión para avanzar con el proyecto y leyó una proclama que sintetiza la demanda ciudadana detrás de la iniciativa: "Bariloche y quienes lo habitamos necesitamos y merecemos una residencia de larga estadía para adultos mayores, centrado en la persona, atendido por profesionales que respeten los derechos que nos asisten hasta el último día de nuestra existencia". Los votos de Ferreyra y Pérez fueron positivos, mientras que Totonelli y Coronado optaron por el dictamen en reserva para continuar perfeccionando la herramienta. El concejal anticipó además la posibilidad de incorporar al proyecto un mecanismo de donaciones con cargo de inmuebles por parte de ciudadanos que quieran destinar sus bienes al sistema de residencias.