Por: Bache3000

Rubén Marigo, integrante de la Secretaría de Violencia Institucional de la APDH Bariloche, fue directo al hablar con Bache3000 sobre la situación de las personas mayores en la ciudad. "El panorama es malo, por eso se presenta este proyecto, para que la gente tenga la posibilidad de terminar su vida adulta con total dignidad", afirmó, en referencia a la Convención Interamericana de Defensa de los Derechos de las Personas Mayores, marco jurídico que sostiene la iniciativa. Para Marigo, se trata de acabar con una lógica social que históricamente relegó a quienes llegaron a la vejez.

"Parecía que el viejo se lo debe esconder o se lo debe marginar, cuando realmente lo que nosotros sostenemos es que tiene derecho a una vida plena", remarcó Marigo. Según el dirigente de Derechos Humanos, esa vida plena incluye el derecho al esparcimiento, al control de la propia salud, a mantener relaciones sociales y sexuales, y a ser reconocido por todo lo que aportó a lo largo de su existencia. "Debe enaltecerse cuando llega a la vejez por todo lo que ha ofrecido y lo que ha dado a su semejante, con toda una vida de trabajo y dedicación", sostuvo.

Lila Cinco, representante de Adultos Mayores Activos y de la Secretaría PAM de la APDH regional, describió una realidad que conoce de cerca a través de su trabajo cotidiano en los barrios. "Las personas mayores estamos muy vulneradas en este momento, desde las nuevas leyes, las nuevas formas de manejarse políticamente, con ingresos mínimos. Estamos dependiendo de la familia desde el lado de los ingresos", señaló, poniendo el contexto económico en el centro del diagnóstico.

Sin embargo, Cinco también habló de señales de cambio. "En el recorrer de los centros de abuelos me pasa que hoy ha crecido la cantidad de abuelos que van. La conexión está haciendo efecto por ese lado de contención también", dijo, y destacó que en esos espacios barriales las personas mayores encuentran integración y conversación sobre temas que, por su intimidad, no siempre circulan dentro del hogar. Para la referente, ese crecimiento responde en parte al trabajo sostenido de las organizaciones y de quienes se juntan en las plazas del barrio.

Cinco también realizó una distinción que para ella resulta central. "Somos abuelos solo de nuestros nietos. No somos abuelos de cualquier persona. A partir de la convención somos personas mayores", afirmó, marcando la diferencia entre el apelativo popular y la denominación que les otorga el marco jurídico internacional. Esa distinción, explicó, habla de trayectoria y de reconocimiento político de un colectivo que se percibe a sí mismo como sujeto de derechos y no como objeto de asistencia.

Como dato concreto, Cinco mencionó que desde el año pasado aparecieron en Bariloche dos espacios que dejaron de llamarse centros de jubilados para adoptar el nombre de centros de personas mayores, un cambio que consideró significativo. "Por suerte hemos empezado a darnos cuenta de que somos muchos, de que todos vamos por ese camino", reflexionó, en alusión al envejecimiento poblacional que convierte al colectivo en una fuerza social creciente.

Marigo, por su parte, apuntó que el problema de los derechos de las personas mayores es uno de esos temas que preocupan a todos pero que nadie resuelve. "Se enumeran los derechos pero no se llevan a cabo, no se respetan seriamente", afirmó, y señaló que la obligación de garantizarlos recae sobre todos los niveles del Estado, desde el municipio hasta la Nación. También mencionó que los barrios y las juntas vecinales deberían involucrarse más activamente en estos debates, al igual que ocurre con la salud mental, otro tema que identificó como urgente y postergado.

Ambas declaraciones se dieron en el contexto del tratamiento del proyecto de ordenanza 500-25 en la comisión de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura del Concejo Municipal, que propone crear un Centro Municipal Integral de Residencia para Personas Mayores en Bariloche. Marigo señaló que la iniciativa no pretende ser una solución definitiva sino un principio, y que el futuro centro podría funcionar como referencia para las residencias privadas que, según advirtió, no siempre cumplen con sus obligaciones en materia de derechos humanos.