Por: Bache3000

El CONICET fue designado por la Unidad Jurisdiccional Civil Nº 5 para realizar una pericia ambiental sobre el Centro de Residuos Urbanos y Materiales de Bariloche. El juez Cristian Tau Anzoategui lo ordenó después de al menos dos audiencias con personal del organismo, en las que participó Celeste Ratto, directora del CCT Bariloche. Para cumplir con esa actividad, el organismo necesita información que sólo puede brinadr el municipio.

El CONICET aceptó, definió los puntos sobre los que trabajaría —contaminación de suelo y napas, estado de las celdas, tratamiento de lixiviados, historial de incendios desde 2019, condiciones de seguridad del predio— y le pidió información a la Municipalidad para poder avanzar. La Municipalidad no respondió.

En diciembre, el propio juez intimó formalmente al municipio a que cumpliera. Tampoco entonces respondieron. Pasó la feria judicial. Pasaron dos meses. El silencio del municipio sobrevivió a la intimación del juez, a los plazos procesales, al verano. Todos los plazos están vencidos, y el incumplimiento ya no es una omisión reciente sino una postura que se sostiene en el tiempo.

Esto tiene una historia larga. El amparo ambiental colectivo lo inició Tomás Guevara junto a otros vecinos. La causa busca garantizar el derecho a un ambiente sano y exigir el cumplimiento de la ordenanza 3349, que obliga al cierre y relocalización del vertedero. Años de reclamos, años de incendios, años de humo. La causa judicial es, en cierto modo, la forma institucional de una paciencia que se terminó.

El abogado Federico López Lambert presentó este viernes un escrito pidiendo que se apliquen astreintes —sanciones conminatorias, dice el artículo 804 del Código Civil y Comercial— por cada día que el municipio continúe sin responder. No es un primer aviso. Es la consecuencia de meses de incumplimiento con intimación judicial en el medio. Las astreintes no se pagan con fondos públicos. Eso es lo relevante, lo que cambia algo en la ecuación. Recaen sobre los funcionarios responsables: en este caso podría ser sobre el intendente Walter Cortés, o sobre quien tenga a cargo la respuesta desde la Secretaría Legal y Técnica, que sería Yanina Sánchez. El dinero, si el juez lo ordena, saldría de su bolsillo.

López Lambert también pidió que las multas, en caso de fijarse, no vayan al demandante sino a una organización no gubernamental con competencia ambiental de la ciudad. Es un reclamo colectivo, y la lógica del colectivo se sostiene hasta el final.

El expediente tramita bajo el número BA-30002-C-0000. El basural sigue en el mismo lugar. El CONICET sigue esperando.