Por: Bache3000

Hay una pregunta que el dictamen del concejal Leandro Costa Brutten no formula de manera directa pero que late en cada párrafo de sus seis páginas: ¿cuándo exactamente el patrimonio de un pueblo deja de ser suyo? La respuesta que el documento sugiere, con frialdad técnica y furia contenida, es que eso ocurre despacio, en silencio, con ordenanzas y consultoras y reuniones a puertas cerradas. Con un plan que se llama "director" pero que en realidad dirige los beneficios hacia otro lado.

El dictamen fue presentado el 9 de marzo ante la Secretaría de Planeamiento Territorial de Bariloche. Lo firmó Costa Brutten en su carácter de presidente del Bloque Incluyendo Bariloche y como miembro activo del Consejo de Planificación Municipal. Su objeto: el rechazo al Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del Cerro Catedral, elaborado por la consultora BEHA por encargo del Ejecutivo municipal. El plan propone transformar el área del cerro —79 hectáreas, zona de alta fragilidad geológica, patrimonio inalienable según la propia Carta Orgánica Municipal— en un emprendimiento que albergaría a 13.389 nuevos habitantes. Una ciudad dentro de la ciudad. O, como lo define el dictamen directamente: un pueblo nuevo.

Que eso sea ilegal es, según Costa Brutten, lo más sencillo de demostrar. La Carta Orgánica establece en su artículo 214 que el Cerro Catedral es una "porción inalienable del patrimonio del pueblo barilochense". Inalienable. La palabra no tiene matices: no se puede vender, ceder, fraccionar ni enajenar. Pero el plan incluye lotes residenciales "La Roca", "La Cantera" y otros, en una operación que el dictamen describe como "una división parcelaria y enajenación encubierta a favor de CAPSA". La misma empresa que no ha saneado sus pasivos ambientales actuales —residuos, efluentes en el cerro— y que ahora, en lugar de ser interpelada por eso, recibiría una recompensa en metros cuadrados.

El proceso administrativo está contaminado de origen. El procedimiento de Rango I —el más exigente, el que la ley exige para urbanizaciones de esta magnitud— requiere audiencia pública obligatoria, doble lectura en el Concejo y dictámenes previos de las direcciones municipales de Catastro, Obras Particulares y Medio Ambiente. Nada de eso ocurrió. El Ejecutivo intentó hacer pasar la urbanización de 79 hectáreas como una simple "reforma de planeamiento". El dictamen llama a eso, sin eufemismos, un fraude a la ley.

Lo que ocurrió en el Consejo de Planificación Municipal tampoco fue presentable. Se excluyó al SEGEMAR, a la Defensoría del Pueblo y a la mayoría de las juntas vecinales: de más de cien existentes en la ciudad, se invitó a apenas seis. Las sesiones intentaron desarrollarse a puertas cerradas, con intervención policial para controlar el acceso. El 9 de febrero, el Ejecutivo dio por finalizada la reunión del CPM de manera intempestiva, sin cumplir el orden del día.

Después están los problemas que no son de procedimiento sino de la tierra misma. Las zonas "La Cantera" y "AOC 2" presentan riesgos de remoción en masa nunca evaluados. El plan pretende urbanizar sobre humedales críticos. El mapa de bosque nativo está desactualizado. La APN nunca fue formalmente consultada. Y no existe una Evaluación de Impacto Ambiental —obligatoria por ley nacional para proyectos de esta escala— sino apenas un Informe de Sensibilidad Ambiental. El plan, además, no incluye ninguna medida frente a la crisis climática. El dictamen lo llama, con precisión quirúrgica, "negacionismo climático como política de Estado".

Las exigencias son cinco: derogar el Anexo B de la Ordenanza 2929-CM-18, suspender cualquier etapa del PDDUA CC, volver a fojas cero con apego al artículo 214 de la Carta Orgánica, reglamentar una audiencia pública obligatoria y vinculante, y acreditar la titularidad dominial antes de disponer de un solo metro cuadrado de tierra.

La frase con que cierra el dictamen dice: "El Cerro Catedral no es un negocio inmobiliario de CAPSA, es el patrimonio inalienable de Bariloche." Es una frase política. También es una pregunta disfrazada de afirmación. Una pregunta sobre si todavía hay instituciones dispuestas a sostenerla