Por: Bache3000

El caso tiene su origen en el Programa Federal de Construcción de Viviendas conocido como Techo Digno. En diciembre de 2013, la Nación firmó un convenio con la Municipalidad de Bariloche, que entonces conducía Martini, para construir 376 casas en la ciudad. El Estado nacional se comprometía a financiar las obras, y el municipio a ejecutarlas en dos años y a rendir cuentas detalladas de cada peso gastado.

Según la acusación, en su lectura de la hipótesis del caso, entre abril de 2014 y julio de 2015, la Nación transfirió a Bariloche más de 117 millones de pesos para llevar adelante esa construcción. Todo ese dinero debía ir, exclusivamente, a las viviendas. Pero según los fiscales Martín Lozada y Álvaro Viterbori, una parte importante terminó pagándose de más a la empresa constructora ALUSA, a cambio de trabajo que nunca se hizo.

El mecanismo fue el siguiente, señala la acusación: cada mes, un inspector de obra contratado por el municipio —el ingeniero Milano— debía ir a los terrenos, medir cuánto habían avanzado las construcciones y firmar un certificado con ese porcentaje. Ese papel era la base para que la empresa cobrara. El problema, según la acusación, es que Milano certificaba avances mayores a los reales, en acuerdo con el representante técnico de ALUSA, Alberto Usandizaga, quien luego emitía las facturas para cobrar esas sumas infladas. Y Martini, como intendenta, autorizaba los pagos.

"Las irregularidades quedaron al descubierto en abril de 2016", afirmó, cuando llegaron a Bariloche inspectores del gobierno nacional a auditar las obras. Lo que encontraron fue muy distinto a lo que decían los papeles. En una de las obras —la de 95 viviendas con red de agua y cloacas— el municipio había pagado como si la construcción estuviera al 78 por ciento de avance. Los auditores midieron y encontraron que en realidad llegaba al 57 por ciento. Un peritaje posterior, que incorporó también las redes de agua y desagüe que los primeros inspectores no habían medido, lo llevó al 67 por ciento. La diferencia con lo cobrado equivalió a más de 3,5 millones de pesos en ese momento, una cifra que actualizada a hoy supera los 431 millones.

Los casos concretos que se señalaron en la lectura de la acusación: se cobró el 100 por ciento de la mampostería —las paredes— cuando en realidad solo se habían colocado tabiques de yeso en 38 de las 95 viviendas. Se cobró el 80 por ciento de los revoques cuando la mayoría estaban a medias. Se cobró el 80 por ciento de las instalaciones de agua cuando apenas se habían colocado algunos caños y tanques en 40 casas, sin canillas ni sanitarios. Y se cobró el 78 por ciento de las carpinterías —puertas y ventanas— cuando las ventanas estaban puestas en solo 32 unidades.

La misma maniobra se repitió en otra obra paralela, la de 121 viviendas: ahí también se cobró por un avance del 71 por ciento cuando la realidad era del 52. El sobrepago en esa obra sumó otros 3,1 millones de pesos de entonces, equivalentes hoy a más de 385 millones. Entre las dos obras, el daño al Estado local superó los 6,7 millones de pesos al momento de la auditoría de 2016.

Martini llegó al tribunal con buen humor y bien acompañada por referentes del kirchnerismo local. Estuvieron presentes la concejal Roxana Ferreyra, la senadora Ana Marx y el intendente Gustavo Gennuso, quien ese mismo día fue absuelto en otra causa que, según dijo la propia justicia, no debería haber durado ni media jornada. De acuerdo a lo observado en sala, el ánimo de la ex intendenta fue decayendo a medida que los fiscales leían los detalles de la acusación.

Martini está representada por el abogado Sebastián Arrondo, mientras que Milano cuenta con la defensa de Luciano Pedriel y Manuel Maza. El tribunal está integrado por los jueces Marcos Burgos, Víctor Gangarrosa y Romina Martini, quien lo preside. Los testigos serán convocados en tres tandas: primero funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Viviendas de Nación, por videoconferencia; luego exfuncionarios del municipio de Bariloche; y finalmente consultores técnicos y expertos.