Por: Bache3000

El juicio oral por el Plan Techo Digno arrancó con un tropiezo mayúsculo de la fiscalía. Desde el inicio del debate, el fiscal a cargo comenzó a leer una acusación que no coincidía con la que había sido validada en la audiencia de control de acusación, celebrada en 2025. El plan involucra las 400 viviendas del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) de Bariloche.

Las irregularidades fueron múltiples y evidentes. El documento leído incluía los montos actualizados a febrero de 2026, cuando el control de acusación es el límite temporal para incorporar ese tipo de información. También contenía acusaciones dirigidas a empresarios que ya no integran la causa: uno de ellos fue declarado inimputable por razones de salud, y el otro ya había llegado a un acuerdo y abonado lo pactado. Al incluirlos, párrafos enteros quedaban inconclusos, cortados a la mitad, sin sentido.

Como si fuera poco, el fiscal intentó agregar documentación que no fue incorporada en el momento procesal correspondiente. Cualquier prueba que no haya sido ofrecida antes del juicio, en la instancia del control de acusación, no puede ser introducida al debate. El intento fue rechazado.

Los jueces del tribunal advirtieron las inconsistencias mientras leían el texto. La situación fue escalando: los magistrados se calentaron, pidieron un cuarto intermedio para que la fiscalía intentara subsanar los errores, pero los intentos de corrección generaron más confusión. Ante la imposibilidad de continuar, el tribunal volvió a interrumpir el proceso.

Fue la jueza que preside el debate quien puso en palabras lo que era evidente: no podía seguir la acusación porque había fragmentos que se salteaban, referencias a personas que ya no estaban en la causa y datos que no formaban parte del expediente validado. Finalmente, la fiscal debió abandonar el documento con el que había llegado y retomar la acusación original.

La situación tiene una dimensión jurídica que va más allá del papelón procesal. Si la acusación que se lee en el juicio es distinta a la que fue controlada y aceptada previamente, el imputado no puede ejercer una defensa efectiva. No sabe de qué se lo acusa con precisión. Eso vulnera la garantía del debido proceso y la posibilidad de un juicio transparente. Por eso la jueza cortó el procedimiento.

La causa por el Plan Techo Digno lleva más de diez años de instrucción. El debut del juicio oral dejó a la fiscalía en una posición difícil de explicar. Luego de un rato en cuarto intermedio, el debate se retomó.