Por: Bache3000

Tomás Alarcón tenía 18 años. Había cumplido en febrero. Jugaba al fútbol en varios clubes del barrio, soñaba con ser profesional, salió una noche a bailar con amigos como lo hacen todos los chicos de 18 años que no saben todavía cuánto puede doler el mundo, y murió de una puñalada en el pecho a metros del Hospital Ramón Carrillo, en pleno centro de Bariloche, un domingo al mediodía. A plena luz del día. En la esquina de Elflein y Goedecke. Mientras la ciudad hacía sus cosas de domingo.

Una semana antes, un hombre de 30 años había sido asesinado en Moreno y Rolando, también en el centro, también de noche, también con arma blanca. La policía recibió el primer llamado a las 22:10: había menores caminando por la zona con cuchillos. Minutos después, el segundo llamado. El hombre ya estaba tendido en la vereda, sin respuesta a los estímulos, con manchas de sangre en la ropa. La autopsia confirmó lo que todos sospechaban: herida corto penetrante en el hemitórax izquierdo, paro cardiorrespiratorio. Murió en la guardia del hospital.

Antes de eso, en el centro, frente a una cervecería, pibes jóvenes se atacaron con machetes. 

El 12 de marzo, a las 17:30, en el kilómetro 6 de Avenida de los Pioneros, alguien desde un auto realizó al menos ocho disparos contra una camioneta Volkswagen Amarok mientras circulaba hacia el este. Uno de los proyectiles alcanzó a un adolescente que caminaba por la banquina. No era parte de nada. Estaba ahí, caminando, como se camina por la banquina de una avenida, sin saber que ese jueves a esa hora alguien había decidido que valía la pena disparar ocho veces a metros de un colegio. El gobierno municipal dijo que "pudo haber sido una tragedia de proporciones" y que había sido "gravísimo". También señaló que la Justicia fallaba, que había jueces ausentes, y que se estaba pensando en crear una policía municipal.

Tres escenas. Tres semanas. Un denominador común: el cuerpo humano tratado como territorio de disputa. Y un fondo que no termina de resolverse, que la ciudad lleva como una deuda que se paga en sangre: la pobreza de ciertas esquinas, el circuito de las drogas, la lógica de los grupos que se enfrentan porque no tienen otra forma de procesar sus conflictos que la violencia. Nada de esto es nuevo. Lo nuevo es la acumulación, la velocidad, la sensación de que la ciudad ya no puede prometer que vas a llegar entero adonde vas.

Pero hay otra escena. Una que ocurrió antes que todas esas, el 2 de marzo, en el Gimnasio Municipal N°5, kilómetro 13 de la Avenida Bustillo. Ese día se realizaba la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, el acto con el que la política local inaugura su año, el momento en que el Ejecutivo presenta su discurso y los concejales escuchan y los vecinos pueden estar presentes. Vilma Castagnetto, jubilada, sostenía un cartel que decía "Catedral no se toca. No se vende. No se entrega". Recibió un golpe en la cabeza. Cayó. Fue asistida por Protección Civil y terminó varias horas en observación en un hospital. Un joven también fue agredido. Alguien le pegó mientras estaba en el suelo, en la espalda, en la nuca.

Mientras todo esto ocurría, el discurso oficial siguió su curso. No se interrumpió. Habló de obras. De pavimentación. De un natatorio olímpico. De soberanía municipal sobre el Cerro Catedral. De fe y política, citando a Santiago capítulo 2, versículo 17: la fe sin acción es pura retórica, la política sin obra es una cáscara vacía. Y así, mientras una mujer mayor se recuperaba del desmayo y un joven recibía una paliza en el lugar donde la democracia local celebraba su inicio de año, el gobierno habló durante casi dos horas de lo que está haciendo bien.

Hubo una tarde en La Plata, en la Escuela de Trabajo Social, en la que La Grieta organizó un debate sobre violencia política. Estaban León Rozitchner y Horacio González. El eje era la violencia como categoría política, y en la mesa gravitaban Hannah Arendt, Carl von Clausewitz, Sun Tzu. Toda la arquitectura intelectual que el siglo XX había construido para pensar cuándo la fuerza tiene sentido, cuándo es transformación y cuándo es ruido. En algún momento de esa conversación, González dijo algo que quedó como principio de análisis: destruir un cajero automático no es transformar el sistema económico. La violencia simbólica confunde el gesto con el resultado. Hace ruido pero no hace política. Han pasado más de veinte años y la frase sigue siendo una navaja.

Pues bien: lo mismo aplica cuando quien ejerce la violencia es el Estado, o quienes lo representan. Y aquí aparece además la dimensión estratégica, que es casi tan grave como la ética. El gobierno venía construyendo un discurso sólido: el de la gestión concreta, el de las obras que se ven, el del municipio que hace mientras otros hablan. En una Argentina donde la política parece más preocupada por la narrativa que por los hechos, ese diferencial es real y es poderoso. Pero ese argumento, esa acumulación de obra pública que podría sostenerse sola, quedó tapado por la imagen de una jubilada en el piso y un joven golpeado en la nuca. No por la oposición. Por funcionarios propios. El gobierno se hizo oposición a sí mismo, y lo hizo en el peor contexto posible: cuando hay sangre en la calle y golpes en los actos oficiales, el ciudadano no separa las vitrinas. El Amarok de Pioneros, la puñalada de Elflein, el puñetazo en el Gimnasio N°5 entran en el mismo frame. Y en ese frame, hablar de obras suena a ruido de fondo. Pegarle a un vecino porque se queja es romper el cajero automático.

Para entender por qué esto es tan grave hay que distinguir tres cosas que el debate político suele mezclar. Una es la violencia social: la que ocurre en las calles, en los barrios, entre personas que dirimen sus conflictos fuera de las instituciones porque las instituciones no llegaron a tiempo o nunca llegaron. Otra es la violencia política: la que protagonizan actores que disputan poder, que confrontan proyectos, que chocan en el terreno de las ideas y a veces en el de los cuerpos. Y otra, completamente distinta, es la violencia del Estado: la que ejerce quien tiene el monopolio legítimo de la fuerza, el que administra la norma, el que existe precisamente para que los demás no necesiten resolver sus conflictos a los golpes. Estas tres violencias no son equivalentes, no tienen el mismo estatuto y no admiten el mismo análisis. Y la más grave de todas, la que más daño hace al tejido social, es cuando la tercera ocupa el lugar de las dos primeras.

El Estado no puede ponerse a la altura de nadie. No porque los vecinos siempre tengan razón, no porque el reclamo sea siempre correcto, sino porque el Estado es otra cosa y tiene que seguir siendo otra cosa incluso cuando los de enfrente se equivocan, incluso cuando molestan, incluso cuando incomodan. Cuando un funcionario municipal golpea a un vecino que reclama, el Estado dejó de ser Estado para convertirse en una facción más. Y ese corrimiento tiene consecuencias que van mucho más allá del episodio puntual: el mensaje lo reciben todos, los chicos que están mirando cómo se resuelven los conflictos en la política, los adultos que se preguntan si tiene sentido reclamar por las vías institucionales, los pibes de los barrios que ya sospechaban que la fuerza era el único idioma que el poder entiende y ahora tienen la confirmación.

¿Y la politica? la polítca podría generar acuerdos, amplios, consistentes, verdaderos, para calmar las aguas y tirarle un centro a la paz, no a la violencia. Y eso es responsabilidad de todos.

Bariloche tiene un problema de violencia que viene de abajo: de los barrios, de las esquinas, de los chicos que no tienen otro capital que el de su cuerpo y lo usan para lo único que saben que les da un lugar en el mundo. Ese problema es viejo, es estructural, y nadie que sea honesto puede prometer que se resuelve rápido. Pero también tiene ahora un problema de violencia que viene de arriba, y ese es mucho más difícil de justificar. Porque los de abajo, al menos, no saben de otra manera. Los de arriba, en cambio, eligieron.

Tomás Alarcón tenía 18 años y un sueño de fútbol. Vilma Castagnetto tenía un cartel y el derecho a sostenerlo. El adolescente de Pioneros caminaba por la banquina. Ninguno de los tres estaba buscando que la ciudad los lastimara. La ciudad los lastimó igual.

En medio de todo esto, alguien hizo una pregunta sencilla y brutal: ¿quién le tira un centro a la paz? No a la seguridad, no al orden, no a las cámaras y las leyes más duras. A la paz. A la idea de que esta ciudad puede ser un lugar donde los pibes no mueran en el centro a mediodía, donde los vecinos no sean golpeados en los actos institucionales, donde la política dispute el sentido de la violencia en lugar de alimentarla o ignorarla. La pregunta quedó flotando. Nadie la respondió. Eso también es una respuesta.