Por: Bache3000

La administración de Walter Cortés presentó ante el Concejo Municipal un pliego de licitación pública que combina en un mismo proceso la construcción de nuevos módulos de relleno sanitario impermeabilizados y la prestación del servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos por diez años.

El proyecto llega al Concejo en un contexto marcado por sucesivos incendios en el vertedero, reclamos vecinales sostenidos y un amparo judicial que exige al municipio medidas concretas para sanear el sitio. Si el cuerpo legislativo aprueba el pliego, el Ejecutivo deberá fijar fecha de apertura de ofertas, publicar la documentación con al menos cinco días de anticipación y avanzar en la selección de la empresa que tendrá a su cargo uno de los contratos de mayor magnitud económica y ambiental que la ciudad haya licitado en los últimos años.

El presupuesto oficial total supera los 43 mil millones de pesos, dividido en dos partes claramente diferenciadas: 3565 mil millones de pesos para la obra de construcción de los módulos, y 39.925 millones de pesos para el servicio de gestión integral de residuos durante la década que dure la concesión. Ambos montos fueron calculados a valores de noviembre de 2025 y serán actualizados al momento de la apertura de ofertas.

El eje central del proyecto es reemplazar el actual método de disposición a cielo abierto por un sistema de relleno sanitario impermeabilizado, clausurando progresivamente el vertedero existente mientras se construyen las nuevas celdas. Para eso, la empresa deberá construir módulos con una superficie mínima de llenado de 28.000 metros cuadrados, instalar geomembrana de polietileno de alta densidad de al menos 1.500 micrones en la base y los taludes de cada celda, y diseñar sistemas de captación y tratamiento de lixiviados y venteo de gases. La obra deberá ejecutarse en trescientos días corridos desde el inicio de los trabajos bajo el sistema de ajuste alzado, lo que significa que el precio es fijo y el contratista asume el riesgo de las variaciones de costos salvo redeterminaciones previstas en el pliego.

Otro punto prioritario del proyecto es la exigencia de un Estudio de Impacto Ambiental que cubra tanto la etapa constructiva como la operativa, con estudios geológicos e hidrogeológicos, análisis de aguas subterráneas y superficiales en puntos cercanos al arroyo Ñireco y al lago Gutiérrez, medición de calidad del aire y elaboración de un Plan de Gestión Ambiental con monitoreos periódicos. El municipio asumiría en forma exclusiva los pasivos ambientales preexistentes al inicio del contrato, dejando al concesionario exento de toda responsabilidad por daños vinculados a las condiciones anteriores del vertedero.

En materia de equipamiento, el pliego establece que la empresa deberá aportar como mínimo once máquinas y vehículos pesados de uso exclusivo en el predio, entre los que figuran un compactador de residuos, una topadora sobre orugas, una pala cargadora frontal, una retroexcavadora, dos camiones volcadores, dos pick-ups 4x4, una trituradora para poda y residuos voluminosos, un utilitario y un camión cisterna. La inspección municipal podrá ordenar en cualquier momento el reemplazo o incremento del equipamiento si considera que no rinde adecuadamente, y el contratista no podrá retirar ninguna máquina del predio sin autorización expresa.

La concesión del servicio se extiende por diez años con posibilidad de prórroga de hasta cinco años adicionales a exclusivo criterio del municipio, y el contrato contempla también una cláusula de rescisión anticipada que puede activarse pasados los primeros cinco años si el municipio decide adherirse a un sistema regional de disposición final fuera del ejido, sin derecho a indemnización para el concesionario. Las garantías exigidas al adjudicatario son el cinco por ciento del monto total de la obra y el tres por ciento del monto total del servicio por todo el plazo de la concesión, lo que implica compromisos económicos significativos para las empresas que se presenten.

Las ofertas serán evaluadas con un sistema de puntaje sobre cien puntos en el que la propuesta técnica y ambiental tiene el mayor peso con cuarenta puntos, seguida por la oferta económica con treinta, y los antecedentes técnicos y la solvencia financiera con quince puntos cada uno. Para acreditar antecedentes, las empresas deberán demostrar experiencia comprobada en gestión de residuos durante al menos doce meses en los últimos cinco años en ciudades con un mínimo de 80.000 habitantes, requisito que apunta a seleccionar operadores con capacidad probada en contextos de escala comparable al de Bariloche.