Por: Bache3000

La Comisión de Gobierno y Legales del Concejo Municipal se reunió este martes para tratar el Proyecto de Ordenanza 514/25, que propone llamar a licitación pública para la construcción de módulos de relleno sanitario y la prestación del servicio de operación, mantenimiento, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos. El debate, que se extendió durante casi horas, contó con la presencia del asesor jurídico del Ejecutivo, Martín Domínguez, y del especialista en gestión de residuos Oscar Chan, contratado por el municipio para elaborar el pliego licitatorio. La propuesta implica un contrato de diez años por un monto aproximado de 44 mil millones de pesos.

La votación en comisión arrojó un resultado dividido. Gerardo Del Río, Tomás Hercingonja y Maricel Coronado votaron a favor para que el expediente avance; Facundo Villalba lo hizo en contra; mientras que Roxana Ferreyra, Laura Totonelli y Lucas Pérez se pronunciaron en reserva. Leandro Costa Brutten no integra la comisión y por lo tanto no emitió sufragio. En consecuencia, el Proyecto continuará su recorrido por otras comisiones del cuerpo antes de llegar a una votación en sesión, instancia en la que se definirá si Bariloche habilita o no la licitación millonaria para su vertedero municipal.

Al abrir el debate, el concejal Gerardo Del Río, quien impulsó el proyecto, argumentó que la iniciativa representa un primer paso hacia el ordenamiento de una situación caótica. "Este tema es un tema que claramente viene a traer un poco de tranquilidad hacia la demanda que nos están planteando los vecinos de distintos puntos de la ciudad, sobre todo aquellos que viven cerca del vertedero que la verdad que la están pasando bastante mal", señaló el edil oficialista. Por su parte, Domínguez explicó que el Ejecutivo trabajó con técnicos de todo el país para encontrar una propuesta superadora, y que el propio juez que tramita el amparo por el cierre del vertedero recibió el proyecto con buena predisposición, trasladándolo incluso a los técnicos del CONICET que participan en la causa.

La concejal Roxana Ferreyra fue la primera en encender las alarmas al cuestionar la figura contractual bajo la cual Chan presta servicios al municipio. La edil señaló que una resolución municipal lo registra como "albañil especializado" en tareas de bacheo, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, cuando en la práctica cumple funciones de asesor técnico en gestión de residuos. Domínguez reconoció que existe un error de tipeo en el contrato y se comprometió a acercar la documentación correcta. "Son 45 mil millones, yo quiero saber si está contratado por el municipio, a quién responde", remarcó Ferreyra, aclarando que su consulta no apuntaba a descalificar al especialista sino a garantizar transparencia en el uso de los recursos públicos.

Laura Totonelli alertó sobre los plazos reales del proyecto, señalando que los diez años de contrato corren desde la firma del acta y que los procesos licitatorios pueden extenderse por tiempo indeterminado según la cantidad de empresas que se presenten, las objeciones y las oposiciones de terceros. "Llevamos desde este gobierno 828 días y restan 633 días para terminar el mandato, y el vertedero nunca fue una intención", remarcó la edil, quien además preguntó por qué no se había convocado a la Universidad Nacional de Río Negro, que cuenta con carreras de Ingeniería Ambiental y profesionales con conocimiento directo de la problemática local.

Oscar Chan, por su parte, defendió el enfoque del pliego y explicó que su rol se circunscribió a establecer los requisitos técnicos mínimos que deberán cumplir las empresas que se presenten a la licitación, dejando margen para que cada oferente proponga soluciones superadoras. Afirmó que la construcción de celdas impermeabilizadas con captación de lixiviados y gases, combinada con un sistema de alerta temprana de incendios y el tapado diario de los residuos, representa una mejora concreta y verificable respecto a la situación actual.

"Hace más de 20 años trabajo en gestión de residuos, he recorrido casi todos los basurales a cielo abierto en Argentina y en países limítrofes", sostuvo el especialista al responder las dudas sobre su trayectoria, y remarcó que en la etapa de proyecto ejecutivo será indispensable incorporar profesionales locales que conozcan las condiciones climáticas y geográficas de la región.

Uno de los ejes del debate fue también la escala financiera y el alcance territorial de la licitación. Ferreyra señaló que el pliego incluye la gestión de residuos provenientes del Parque Nacional Nahuel Huapi y de Dina Huapi, sin que exista todavía un convenio formal que establezca qué aporta cada jurisdicción al costo total. "La plata la estamos poniendo nosotros solos, esa es la realidad", advirtió la concejal. Domínguez reconoció la observación y confirmó que el municipio está negociando convenios con Aeropuertos Argentina 2000, con Dina Huapi y con el Parque Nacional para definir las contribuciones de cada parte, aunque aclaró que esos acuerdos aún no están perfeccionados.

Además, la oposición articuló su rechazo más contundente a través del concejal Leandro Costa Brutten, quien advirtió que el proyecto contradice ordenanzas municipales vigentes, una ley provincial que ordena el cierre de los vertederos a cielo abierto y múltiples informes técnicos que declaran agotada la vida útil del actual predio. "Lo que necesitamos es una hoja de ruta, una gestión y un plan para que el vertedero sea erradicado del lugar", afirmó el concejal, y cuestionó que el proyecto no contemple el traslado sino apenas la continuidad de la disposición final en el mismo sitio. Citó además un informe médico denominado "Montañas de basura", elaborado por profesionales del Hospital Zonal, que señala que el 90% de las familias que viven en las inmediaciones del vertedero padecen problemas graves de salud.

Asimismo, el concejal Facundo Villalba sumó cuestionamientos técnicos y políticos al proyecto, señalando que la propuesta no incorpora novedades sustanciales respecto a iniciativas anteriores rechazadas y que el pliego es demasiado inespecífico en puntos críticos como el sistema de venteo de gases. "Lo que nos están planteando es más de lo mismo, y hay que decirlo con honestidad", sostuvo Villalba, quien además recordó que el Ejecutivo desmanteló el sistema de recolección diferenciada que existía, con once camiones y puntos verdes funcionando, sin ofrecer ninguna alternativa superadora.

Domínguez respondió a las críticas de la oposición con dureza, asegurando que votar en contra del proyecto implicaría dejar el vertedero exactamente como está y que, sin un lugar alternativo disponible, cerrar el predio hoy es una "sentencia de cumplimiento imposible". El debate sigue abierto.