Por: Bache3000

Miguel Ángel Pichetto compareció este martes como testigo de la defensa en el juicio oral que se sigue contra la ex intendenta de Bariloche María Eugenia Martini en el marco de la causa Techo Digno. El ex senador nacional por Río Negro —cargo que ejerció entre 2001 y 2019— declaró por videoconferencia ante el Tribunal Oral integrado por la presidenta Romina Martini y sus colegas, y durante más de una hora ofreció un extenso relato político, histórico y jurídico destinado a contextualizar las condiciones en que se ejecutó el programa habitacional nacional durante los años 2013 a 2016. Pichetto sostuvo desde el primer momento que no observa conducta ilícita alguna en lo actuado por la ex intendenta y que lo investigado en Río Negro se inscribe en una problemática que fue de alcance nacional.

El ex senador explicó que el Plan Techo Digno fue un contrato de subsidio directo del Estado nacional a los municipios, fuera del marco de la Ley 13.064 de Obra Pública, en un contexto en que el Instituto Provincial de la Vivienda había dejado de construir y el viejo FONAVI ya no existía. Señaló que los recursos eran transferidos de Nación al municipio sin intermediación y que las certificaciones de obra eran de carácter provisorio, sin posibilidad de ser utilizadas como garantía bancaria ni cedidas. En ese esquema, dijo, el valor nominal de la unidad de vivienda quedó rápidamente devorado por la inflación: en 2013 cada unidad costaba 304 mil pesos, en 2014 ya rondaba los 490 mil, y cuando asumió el gobierno de Macri trepó a cerca de 770 mil pesos. "No existía el ajuste por inflación, había una redeterminación que el Ministerio de Obra Pública hacía de manera discrecional", afirmó.

Uno de los argumentos más contundentes que aportó Pichetto fue el que involucra a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. El ex senador pidió expresamente al Tribunal que tome conocimiento de la acordada número 2721 del año 2017, en la que la Corte reconoció haber sufrido "el desbaratamiento de sus propias obras" a causa del aumento generalizado de los precios, las restricciones a la importación de insumos y los tiempos de los procedimientos de redeterminación, lo que alteró la ecuación económico-financiera de sus contratos de construcción. "Me parece muy interesante —dijo— e interiorizarse de esta acordada, que el propio tribunal tenía por delante la construcción de edificios que pertenecían al Poder Judicial y se encontró con este panorama: se firma el contrato, se hace la primera certificación para instalar el obrador, y luego vino el proceso inflacionario y no se pudieron terminar los inmuebles." La referencia apuntó a mostrar que el mismo fenómeno que se le imputa a Martini lo vivieron las más altas instituciones del país.

Sobre la base de esa realidad, Pichetto explicó que el Congreso Nacional dictó en 2022 la Ley 27.613, denominada de Consolidación de Obra Pública para Vivienda Social, que él mismo calificó como "una ley de blanqueo o saneamiento". Esa norma reconoció que existían 55 mil viviendas de distintos planes —entre ellos Techo Digno— que no habían podido completarse, estableció que se las certificara en el estado en que se encontraban y comprometió al Estado nacional a continuarlas hasta su terminación. "Esta ley no implica ninguna connotación de tipo penal", remarcó, y señaló que la única condena que conoce en el país vinculada a Techo Digno fue en un municipio de Corrientes, donde se probó que el intendente usó los fondos para enriquecimiento personal. En el resto de la Argentina, dijo, no hubo denuncias penales.

Pichetto también se detuvo en la situación de Bariloche en particular. Explicó que la ciudad tuvo dos planes: el primero, de 376 viviendas, y el segundo, de 450 unidades, que no pudo avanzar porque la Dirección de Bosques bloqueó el terreno previsto por razones ambientales. En cuanto a la decisión de colocar los fondos a plazo fijo adoptada por el Concejo Deliberante junto a la entonces intendenta, Pichetto la defendió con un argumento económico directo: en un país con inflación alta, preservar los recursos mediante un instrumento financiero era una necesidad, no un delito. "En un país inflacionario, ¿cómo se preservaba el dinero que la Nación transfería?", preguntó. Y descartó la figura del peculado con la que se la imputa: "Me parece que viene de varias resoluciones donde esta figura tiende a desaparecer."

El ex senador trazó además una comparación política que consideró central para entender lo ocurrido. Puso como contrapunto el caso de la ciudad de Viedma, cuyo intendente era radical —de Juntos por el Cambio—, y sostuvo que allí sí se aplicó el complemento de infraestructura que permitió terminar las obras y ajustar los valores a la realidad de costos, sin que mediara denuncia alguna. "Si hubieran hecho lo mismo que hicieron con el intendente de Viedma, lo que ya tenía firmado la intendente Martini con el Ministerio de Obra Pública para la infraestructura, no hubiera habido ningún tipo de problema", afirmó. Agregó que en Río Negro hay 17 intendentes siendo juzgados por el mismo accionar y que, a diferencia del resto del país donde las viviendas se terminaron bajo el amparo de la ley de saneamiento, aquí se los llevó a juicio penal.

Durante el contraexamen, el fiscal le preguntó a Pichetto sobre el estado de la documentación hallada por el entonces subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Iván Kerr en 2016, sobre la intervención del Tribunal de Contralor local, sobre la Sindicatura General de la Nación y sobre el estado de avance de las obras al momento de la denuncia. El ex senador respondió que conoce lo que fue materia de denuncia pública pero que no comparte sus fundamentos, y desconoció los detalles de los procedimientos de control interno. En un momento de tensión, la presidenta del Tribunal debió intervenir para pedirle al fiscal que se limite a formular preguntas y a Pichetto que se ciña a responderlas, luego de un cruce en el que el testigo intentó rebatir las implicancias de algunas preguntas con argumentos más amplios sobre la política habitacional nacional.

Al cierre de su testimonio, Pichetto insistió en que no observa ningún ilícito en la conducta de los intendentes y que las irregularidades detectadas son de naturaleza administrativa, no penal. Señaló que la responsabilidad por el desfasaje también recae en los funcionarios nacionales que no controlaron debidamente las certificaciones y que transfirieron el 100% del valor nominal de la obra sabiendo que ese monto no alcanzaría para terminarla. "Desde ese momento no se hicieron más viviendas sociales en la Argentina", concluyó. "Son las últimas que Bariloche pudo tener y que la gente hoy puede disfrutar."