Por: Bache3000

El Proyecto de Ordenanza que habilita la licitación de la gestión integral del vertedero municipal llegó al Concejo con una objeción que intenta frenarlo antes de ser tratado. La concejal Julieta Wallace presentó una nota pidiendo la suspensión de su debate legislativo, y fue respaldada de inmediato por el concejal Leandro Costa Brutten, presidente del bloque Incluyendo Bariloche, quien elevó una presentación formal al presidente del Concejo, Gerardo del Río, avalando el pedido.

Desde el oficialismo, en diálogo con Bache3000, rechazaron el planteo y lo calificaron de operación política. La lectura del gobierno es que quienes piden la suspensión quieren trasladar el vertedero pero no tienen tierra disponible ni proponen un lugar concreto adonde mudarlo, aunque cuenten con legisladores propios que podrían llevar un proyecto en ese sentido.

El argumento central del ejecutivo es pragmático: hoy el vertedero existe, sigue recibiendo residuos, y lo que hay que impedir es que continúe prendiéndose fuego, que el humo afecte a los vecinos y que la basura siga sin procesarse como corresponde. En esa lectura, frenar la remediación no traslada el basural, solo lo deja en peores condiciones.

El oficialismo ratificó además que el proyecto puede aprobarse con seis votos —mayoría simple—, rechazando de plano la interpretación opositora sobre la necesidad de mayorías agravadas, y pidió a los vecinos que acompañen la iniciativa aclarando que su aprobación no cancela la voluntad de trasladar el vertedero cuando aparezca el terreno adecuado.

El presidente del Concejo, Gerardo del Río, también salió a precisar los alcances del proyecto y a rebatir los argumentos opositores. Según del Río, la licitación no abarca la gestión integral de los residuos sólidos urbanos —lo que implicaría recolección y todas las actividades asociadas— sino que se limita a la construcción de nuevas celdas y a la operación, mantenimiento, tratamiento y disposición final de los residuos dentro del vertedero. "En este caso no se trata de la gestión integral de residuos, sino de la construcción de nuevas celdas y la operatoria de ciertas actividades dentro del vertedero", sostuvo.

Sobre la mayoría requerida, del Río fue directo: "La Carta Orgánica prevé en el artículo 38, inciso 23, que el Concejo preste acuerdo a los pliegos de licitaciones públicas y no le pone una mayoría agravada", señaló, y agregó que eso deriva en que se interpreta como mayoría simple. Respecto del argumento de la doble lectura, el presidente del cuerpo aportó otro matiz: ese procedimiento aplica cuando se concesionan servicios públicos por más de quince años, y este contrato no llega a ese plazo, con lo cual tampoco correspondería en ese supuesto, aun aceptando la lectura opositora sobre la naturaleza del contrato.

El contexto del debate tiene un antecedente que el propio Cortés reconoció en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del 2 de marzo: el intendente admitió haber señalado en algún momento que el problema del vertedero era de fácil resolución, y se retractó. La autocrítica fue breve pero significativa, porque muestra que el ejecutivo llega a esta licitación con la conciencia de que el tema lo desbordó durante su primera mitad de mandato.

El eje del cuestionamiento opositor no es el vertedero en sí, sino la naturaleza jurídica de lo que se pretende licitar. Según Wallace y Costa Brutten, el pliego no se limita a la construcción de infraestructura, sino que incluye la operación, el mantenimiento, el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos urbanos, lo que configuraría una concesión de servicio público esencial.

Esa diferencia no es menor: si lo que se licita es la operación de un servicio público esencial, la Carta Orgánica Municipal exige audiencia pública previa, mayoría calificada de dos tercios del total de los miembros del Concejo y doble lectura legislativa. Nada de eso, sostiene la oposición, está garantizado en el expediente tal como fue presentado.

Costa Brutten sintetizó así la cuestión: si lo que se licita es la obra, alcanza con seis votos del cuerpo deliberante; si lo que se licita es el servicio o su operatoria —lo que equivale a una forma de privatización de una función municipal—, se requiere audiencia pública y los dos tercios sobre el total del cuerpo, es decir, ocho votos sobre once.

A eso le suma otras falencias detectadas en el expediente: falta de definición técnica precisa, ausencia de planos, presupuesto sin desagregar, indefinición sobre la cantidad de celdas proyectadas y contradicciones en el propio dictamen de la Asesoría Letrada. La oposición advierte que avanzar sin resolver esas inconsistencias expone al Concejo a un riesgo de nulidad jurídica.

La oposición solicita suspender el tratamiento, ampliar el dictamen legal, convocar a audiencia pública y garantizar que se cumpla el procedimiento que corresponda según la naturaleza que finalmente se le asigne al contrato.