Por: Bache3000

En su alegato de cierre en el juicio oral por la causa Techo Digno, el fiscal en jefe Martín Lozada reconstruyó ante el tribunal un entramado de sobrecertificaciones, desvío de fondos y omisiones deliberadas que, según la acusación, fue sostenido mes a mes durante años desde la intendencia de Bariloche.

Lozada abrió su exposición con una imagen: la de un reloj analógico con dos engranajes que no pueden funcionar el uno sin el otro. El primero operaba desde los ministerios nacionales a cargo de Julio De Vido, José López y Germán Nivelo, quienes liberaban fondos hacia municipios del mismo signo político sin cumplir los requisitos legales mínimos. El segundo engranaje giraba en la escena local, operado por la exintendenta María Eugenia Martini y el exinspector de obra Alfredo Milano. "Un dispositivo que funcionó de modo integrado, concatenado, retroalimentado y reiterado en el tiempo", dijo Lozada, recuperando la palabra "matriz" que el fiscal Grillo había usado en la primera jornada del juicio.

Los fondos llegaban al municipio sin pasar por el FONAVI ni por el Instituto Provincial de Viviendas, que hubieran tenido capacidad técnica para supervisar la construcción de las 825 viviendas comprometidas. Llegaban pese a que los certificados de avance de obra no tenían las firmas del inspector ni del representante técnico de la empresa. Llegaban, incluso, pese a que la firma de la intendenta en esos certificados "parecía diferir manifiestamente" de la que había estampado en los contratos originales. Y los pocos empleados que los ingresaban por mesa de entradas, relató Lozada, lo hacían todos el mismo día.

Las nueve obras, las nueve sobrecertificaciones

El punto que el fiscal subrayó con mayor énfasis fue la uniformidad del fraude. Las dos licitaciones del programa Techo Digno contemplaban nueve obras en total. La acusación preguntó retóricamente si se había sobrecertificado en una, en dos, en tres o en cuatro de ellas. La respuesta fue que la sobrecertificación ocurrió en las nueve, sin excepción, y que los porcentajes eran más que suficientes para descartar cualquier error de cálculo: una de las obras fue sobrecertificada en un 40,05 por ciento, otra en un 30,30, y las del segundo acuerdo rondaron entre el 6,55 y el 8,95 por ciento.

"Ninguna circunstancia puede explicar el monto de los sobrecertificados", afirmó Lozada, y recordó que las defensas no produjeron durante el debate prueba técnica alguna que contradijera los números del ingeniero Badé.

El arquitecto Sartor, convocado por la propia defensa, había explicado que en obras de viviendas existen criterios de medición exactos y que las diferencias admisibles "son muy mínimas si las cosas se hacen seriamente". Y también que, cuando el IPPV retomó los contratos con las empresas Alusa y Oriente, estas aceptaron sin objeciones las mediciones previas del organismo provincial, lo que para Lozada equivalía a reconocer que las certificaciones de Milano habían sido infladas.

"Ni un ladrillo, ni una pala sobre el terreno"

El momento más duro del alegato llegó cuando Lozada se detuvo en el segundo de los acuerdos con Nación. Entre junio y noviembre de ese año, la Municipalidad de Bariloche recibió del Tesoro Nacional 205 millones de pesos, equivalentes al 82,7 por ciento del total convenido en ese acuerdo. Sin embargo, cuando los arquitectos del IPPV llegaron a Bariloche en abril de 2016 a verificar el estado de las obras, y cuando el experto Alvaredo registró imágenes en 2017, dos años después del fin del mandato de Martini, la conclusión era siempre la misma: nada.

"Ni un ladrillo, ni una pala existía sobre el terreno", citó Lozada, apoyándose en lo declarado por el ingeniero Suire Oli. Y entonces levantó la voz ante el tribunal: "¡Escándalo, escándalo! ¿Ese escándalo podía pasar desapercibido a quien tenía su oficina a cuarenta cuadras de las obras?"

El fiscal acumuló la pregunta sobre sí misma: ¿Era razonable que la intendenta no supiera que ingresaban a chorros sumas monumentales por una obra que debía estar al 82 por ciento de avance y no tenía cimientos? ¿Era verosímil que el secretario de Hacienda, Ariel Gallinger, quien según su propio testimonio carecía de experiencia en gestión pública y dependía en extremo de la aprobación de la intendenta, pudiera disponer de esos fondos por sí solo? La respuesta de Lozada fue inequívoca: "Claro que no. Así lo indica la lógica, la experiencia y el sentido común."

Lozada dedicó un tramo de su alegato a la teoría de la prueba. Reconoció que en delitos cometidos desde posiciones de poder raramente existe evidencia directa, y que la acusación se construye sobre indicios que deben ser "hilvanados unos con otros, concatenados de forma armónica y racional". Para sustentar ese enfoque citó al penalista alemán Claus Roxin, quien sostuvo que la convicción de un tribunal puede estar fundada en prueba indiciaria basada en circunstancias graves, y que la coincidencia de numerosas presunciones puede proporcionar certeza suficiente para concluir en la culpabilidad.

Pero Lozada fue más lejos. Planteó que así como existen perspectivas de género, de pueblos originarios o de violencia institucional para leer ciertos delitos, los jueces deben adoptar también una perspectiva específica para los delitos de corrupción estatal: una que tenga en cuenta que quienes los cometen "cuentan con una ventaja histórica y tradicional" frente al sistema. Esa ventaja, dijo sin rodeos, "se llama ni más ni menos que impunidad". Son delitos urdidos en secreto, ejecutados por funcionarios que conocen la ley y saben exactamente cómo desandar el camino para no dejar huellas.

La parte final del alegato se concentró en demostrar que Martini tenía conocimiento fehaciente del estado financiero de la municipalidad y del volumen de los fondos que ingresaban. El exsecretario de Gobierno Natapoff declaró que la intendenta concentraba con recelo la totalidad de las decisiones ejecutivas y que mantenía una "relación radial" con sus funcionarios, de a dos y cara a cara. El propio Gomis confirmó el día anterior que ella estaba al tanto del estado contable de la comuna.

Para que no quedaran dudas sobre la magnitud de lo que estaba en juego, Lozada leyó las sumas actualizadas a febrero de 2024, una tras otra, en lo que él mismo llamó un verdadero trabalenguas: 643 millones, 1.474 millones, 1.085 millones, 1.147 millones, 2.912 millones de pesos. Y formuló la pregunta que resumía todo el alegato: ¿Era razonable, era verosímil, se ajustaba al sentido común que la titular del Poder Ejecutivo local pudiera desconocer semejantes sumas en un municipio atravesado por la crisis?

El Tribunal de Cuentas, señaló Lozada para cerrar este tramo, llegó a la misma conclusión que la fiscalía: se encontraba frente a un hecho ilícito de relevancia penal, y por eso dispuso dar intervención a la Sindicatura General de la Nación. Era, en definitiva, un escándalo que nadie con responsabilidad de gobierno podía no haber visto.