Por: Bache3000

El juicio oral por el Plan Techo Digno llegó este viernes a su momento más esperado: los alegatos de cierre de las defensas. Durante horas, los abogados de la ex intendenta Marcela Martini y del inspector municipal Alfredo Milano expusieron con detalle por qué, a su entender, la acusación del Ministerio Público Fiscal no solo no pudo probarse, sino que en varios puntos se contradijo a sí misma.

El doctor Sebastián Arrondo, defensor de Martini, y el doctor Perdriel, abogado de Milano —acompañado por el co-defensor doctor Manuel Maza— pidieron la absolución de sus clientes y coincidieron en un diagnóstico común: la fiscalía llevó adelante una causa de casi diez años sin acreditar ninguno de los elementos básicos que los delitos imputados exigen.

El arranque del alegato de Arrondo fue una sorpresa que, según dijo, no había visto en 25 años de ejercicio profesional: en sus alegatos de clausura, el fiscal intentó cambiar la calificación legal del hecho imputado a Martini. La reacción fue inmediata. "Señor fiscal, usted se equivocó en la calificación y eso no puede remendarlo en los alegatos de clausura", le dijo, dirigiéndose al tribunal. Para Arrondo, ese giro de último momento no fue casual sino una consecuencia directa del resultado adverso que tuvo la fiscalía en un juicio previo por la misma causa en otra ciudad. "Eso, señores jueces, no se hace. Eso es faltar al deber de objetividad."

Sobre el delito de peculado —la sustracción de fondos públicos— Arrondo planteó que ese delito, en términos jurídicos, directamente no existió. "Todos, absolutamente todos los testigos dijeron que la cuenta del Banco Nación, adonde iban girados los fondos del Techo Digno, era una cuenta cuya titularidad era la municipalidad. ¿Dónde está la sustracción?" Y señaló algo que consideró revelador: durante ocho años, la fiscalía acusó a Martini por haber colocado esos fondos en plazos fijos, pero en los alegatos finales no dijo una sola palabra sobre ese punto. La explicación de por qué se usaron plazos fijos, sostuvo, es de sentido común: Argentina atravesaba una inflación de entre 25 y 30 por ciento mensual. "¿Qué quiere el señor fiscal? ¿Que deje la plata inmovilizada? Ese sí hubiera sido un incumplimiento grave de los deberes de funcionario."

Sobre la acusación de defraudación, Arrondo señaló una contradicción que dijo no haber podido resolver durante todo el juicio. La acusación textual contra Martini decía que "pagó conforme al certificado de avance de obra". "¿Qué quieren que haga? ¿Que pague más? ¿Que pague menos? Ella cumple con la función que es pagar conforme el certificado de avance." También cuestionó la pretensión de que la intendenta debía detectar diferencias mínimas en los certificados: si se dividen las diferencias alegadas entre la cantidad de certificados emitidos por obra, el porcentaje de discrepancia por certificado ronda el 0,4 por ciento. La propia arquitecta Mariel Trigo, testigo del juicio, había declarado que evaluar un certificado de avance requiere conocimientos técnicos específicos de arquitectura o ingeniería, y que la intendenta no los tenía ni estaba obligada a tenerlos.

"Un océano de un centímetro de profundidad"

El doctor Perdriel, por su parte, se concentró en los tres ejes que había planteado al inicio del juicio. El primero: que la fiscalía no podría acreditar ningún acuerdo doloso entre Milano y Martini. "Esta prueba no ha permitido siquiera colocar a Martini y a Milano en el mismo espacio geográfico. No existió una sola prueba que acredite ese plan, ese ardid, ese acuerdo de voluntades que exige el tipo penal."

El segundo: que la fórmula matemática usada por la fiscalía para calcular el supuesto perjuicio —la diferencia entre avance financiero y avance físico de las obras— era inválida. Para respaldarlo, citó al propio perito que la fiscalía presentó como testigo, el doctor Sergio Sucal, quien declaró que los certificados de obra son provisorios y que el valor definitivo solo se conoce al cierre. Leyó además una cita del jurista Rodolfo Barra, actual Procurador del Tesoro de la Nación, a la que el propio Sucal asintió: "Durante la etapa de ejecución de los trabajos no hubo para ninguna de las partes contratantes cumplimientos definitivos. Todo será provisional hasta la entrega de la obra."

El tercer punto fue la calidad técnica de los informes periciales. El IPPV hizo mediciones con planillas distintas a las del municipio, sin acceso a los pliegos licitatorios ni a los libros de obra. La propia fiscalía terminó descartando ese informe y contrató al ingeniero Eric Wade, quien confeccionó su análisis en 2024, cuando todas las viviendas ya estaban entregadas y habitadas. Al ser interrogado sobre su metodología, Wade respondió que había hecho "un recálculo, una regla de tres simple". "¿Cuánta plata de los impuestos de los rionegrinos nos costó la regla de tres simple que hizo Wade en esta causa? Es cuanto menos bochornoso", dijo Perdriel.

Hacia el final, presentó dos fotografías aceptadas por la propia fiscalía: en una, el gobernador Alberto Weretilneck firmaba la adjudicación de la ampliación del Penal N°1 de Viedma por más de 550 millones de pesos con Oriente Construcciones, una de las empresas señaladas como parte del esquema delictivo. En otra, aparecía junto al intendente de Dina Huapi y el ministro de Salud firmando una obra de 35.000 millones de pesos con representantes de ALUSA, otra de las empresas imputadas. "O los especialistas del Ministerio Público Fiscal mienten, o los funcionarios de la provincia están recontentos con contratar con gente que es delincuente, o el Ministerio Público Fiscal enervó una acción penal sin pie ni cabeza. No hay otro camino."

Arrondo cerró recordando que detrás de los expedientes hay personas. Perdriel lo hizo con una frase que condensó casi diez años de proceso: "Lo más fuerte que nos pudieron traer, la piedra angular de la acusación, fue una regla de tres simple. Esa es la única realidad."