Por: Bache3000
El Indicador de Densidad Estatal (IDE) no mide el gasto ni la eficiencia del sector público, sino algo más estructural: cuántos empleados estatales existen por cada mil millones de pesos de producto bruto geográfico. Con un resultado de 9,88 trabajadores por cada mil millones, Río Negro quedó séptima en un ranking encabezado por La Rioja, Catamarca y Tucumán, las provincias donde esa relación es más pronunciada.
Los datos de base provienen del Boletín Estadístico de noviembre de 2025 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que registra a los trabajadores incorporados al sector O de la economía, es decir, administración pública, defensa y seguridad social obligatoria. El PBG utilizado corresponde a 2022 a precios constantes.
Lo que el indicador expone no es que Río Negro tenga demasiados empleados en términos absolutos, sino que su economía no genera suficiente producto para diluir ese peso. La diferencia con provincias como Buenos Aires o CABA es elocuente: ambas tienen cifras absolutas mucho más altas de empleo estatal, pero sus economías son lo bastante grandes como para absorberlo sin que el Estado ocupe un lugar estructuralmente dominante. En Río Negro, esa capacidad de absorción es más limitada.

"El problema no es el número absoluto de empleados, sino la relación entre estructura estatal y capacidad productiva", sostuvo Gonzalo Santos durante la emisión del programa, en la que también se vinculó el dato con los debates actuales sobre desarrollo energético y sostenibilidad fiscal. La provincia viene impulsando anuncios ligados a Vaca Muerta y GNL mientras convive con tensiones salariales recurrentes en docencia, policía y salud, un escenario que el propio indicador ayuda a contextualizar.
El planteo de Laboratorio 2920 no apunta a la reducción del Estado como solución en sí misma. "El desafío no es reducir el Estado de manera abstracta, sino expandir la economía lo suficiente como para que el Estado deje de ser estructuralmente pesado", definió Santos. El IDE se inscribe en una serie de estudios que incluye el Índice Federal de Fortaleza Productiva y el Índice Integral de Sustentabilidad Salarial, ambos orientados a medir los límites de la economía provincial y la fragilidad del poder adquisitivo estatal.