Por: Bache3000

Medio siglo es mucho tiempo. Es el tiempo suficiente para que una sociedad olvide lo que juró no olvidar, para que una fecha se vuelva ritual y el ritual se vuelva costumbre y la costumbre se vuelva ruido de fondo. El 24 de marzo de 1976 es hoy una fecha que algunos conmemoran, otros disputan y muchos, simplemente, dejan pasar.

Es dificil decir esto de la dictadura cívico.militar que mató, torturó, y despareció argentinos desde el Estado, cuando era el Estado quien debía aplicar la ley en su plenitud, no quebrarla.Para aquellos que estuvimos cerca temporalmente de 1976 esto es muy claro, aunque pareciera tener otras connotaciones para quienes miran esa etapa 50 años después.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún discurso podría igualar. Según una encuesta de la consultora Zuban Córdoba realizada en el marco del cincuentenario del golpe, el 68,6% de los argentinos acuerda con que la dictadura cívico-militar fue un período de violaciones a los derechos humanos, crisis económica y falta de libertades. Es una mayoría. Pero es una mayoría que viene achicándose: a comienzos de los años 2000, mediciones similares de otras consultoras ubicaban ese consenso por encima del 70%. No es un derrumbe, pero es un retroceso. Y los retrocesos, cuando ocurren en silencio y durante años, suelen ser más peligrosos que las crisis abruptas, porque nadie declara la emergencia.

Esa mayoría, además, convive con un 25,2% que todavía caracteriza ese período como un proceso de reorganización nacional que enfrentó una guerra contra el terrorismo, y con un 12,8% que directamente no sabe qué fue lo que ocurrió entre 1976 y 1983. Casi cuatro de cada diez argentinos, en distintas proporciones, o relativizan el horror o lo desconocen. A cincuenta años.

El problema no empieza ni termina en la memoria de la dictadura. Empieza antes, en algo más profundo: la relación que los argentinos tienen con la democracia misma. El 66,3% dice que la prefiere a cualquier otra forma de gobierno. Suena bien hasta que se mira el resto: un 12,1% considera que en algunas circunstancias un gobierno autoritario sería preferible, y un 13,4% declara que le da igual un gobierno que otro. Uno de cada cuatro argentinos, entonces, no tiene un compromiso firme con la democracia como sistema. Y ese uno de cada cuatro no es una abstracción: vota, consume información, forma opinión, cría hijos.

DEMOCRACIA

Durante décadas, la memoria funcionó como una cadena de transmisión (desde Raúl Alfonsín en adelante) porque era un patrimonio colectivo. Las Madres le enseñaron a sus hijos, los hijos salieron a la calle, los organismos construyeron instituciones, los juicios pusieron nombres y apellidos a los crímenes. Fue un trabajo enorme, sostenido, necesario. Pero en algún punto de esa cadena, algo se cortó. Los que hoy tienen veinte años no aprendieron de sus padres lo que sus padres aprendieron de las Madres. Y la encuesta lo confirma de un modo que debería inquietar a cualquiera que trabaje en educación: el 78,6% de los argentinos considera que la escuela prepara a los jóvenes para la vida democrática de manera insuficiente o directamente no los prepara. El eslabón que debía compensar la ruptura en la cadena familiar tampoco está funcionando.

Llegados a estos cincuenta años, quizás sea el momento de parar la pelota. No para celebrar ni para lamentarse, sino para hacerse las preguntas difíciles que los aniversarios redondos habilitan y que el trajín cotidiano de la conmemoración suele postergar. ¿Qué se hizo bien y qué se hizo mal en estos cuatro décadas de democracia? ¿Por qué el consenso sobre lo que fue la dictadura, en lugar de crecer con el tiempo, retrocede? ¿A quién le está hablando el movimiento de derechos humanos y a quién dejó de hablarle? Son preguntas incómodas, pero son las únicas que pueden producir respuestas útiles.

Incluso, la pregunta es más profunda y más incómoda: para qué sirve la democracia cuando la democracia no parece estar dando respuestas. No decirlo —no decir que hay una relación entre el hartazgo democrático y el retroceso de la memoria— sería una cobardía periodística. Decirlo sin contexto sería una irresponsabilidad. Pero hay que decirlo.

Hay una paradoja en los datos que merece atención. Los jóvenes de 18 a 30 años son, de todos los grupos etarios, los que mejor evalúan el funcionamiento de la democracia actual: el 53,8% la considera adecuada, contra el 35,5% que la ve inadecuada. Es el grupo más favorable de todos, más que los adultos mayores, más que los de mediana edad. Algo en esa generación —quizás la distancia del pasado, quizás el hartazgo con ciertos rituales políticos, quizás otra cosa— produce una mirada diferente. No necesariamente más complaciente: diferente. Y esa diferencia, si se la escucha en lugar de ignorarla, podría ser una pista sobre cómo construir el puente que hoy no existe.

Porque el desafío ya no es convencer a los convencidos. El desafío es otro, más difícil y más urgente: cómo se trasciende el espacio meramente conmemorativo, cómo se construye algo que no sea una fecha en el calendario sino un sentimiento colectivo (algo que sea de todos), cómo los valores democráticos dejan de ser la bandera sectorial de quienes ya los comparten y se convierten en el horizonte común de una sociedad que hoy los discute, los relativiza o los ignora. La pregunta no es si hubo treinta mil: esa discusión, legítima en sus términos históricos, ha sido capturada por la grieta y convertida en trinchera. La pregunta es cuántos argentinos están dispuestos a defender, hoy, en este momento, el sistema por el que aquellos treinta mil perdieron la vida.

El 57,4% considera muy importante mantener viva la memoria sobre la última dictadura. Entre quienes votaron a Sergio Massa en el balotaje de 2023, ese número trepa al 90,6%. Entre quienes votaron a Javier Milei, cae al 61,2%, con un 33,1% que lo considera no importante. Son dos países dentro del mismo país, con dos relaciones distintas con el pasado y, por lo tanto, con dos visiones distintas del futuro. Convivir con esa fractura sin intentar reducirla no es neutralidad: es resignación.

La memoria no puede seguir siendo un patrimonio de parte. No porque la parte no tenga razón, sino porque una verdad que solo convence a los ya convencidos no construye cultura democrática: construye identidad de grupo. Y las identidades de grupo, por más justas que sean, no son suficientes para sostener una democracia. Las democracias se sostienen cuando una mayoría amplia y transversal comparte la convicción de que hay formas de dirimir los conflictos que no incluyen la desaparición del que piensa distinto.

Por eso estos cincuenta años son una oportunidad, no solo una conmemoración. Una oportunidad para que quienes creemos que la democracia es el único sistema que vale la pena defender nos hagamos las preguntas que incomodan, revisemos lo que no funcionó y busquemos el lenguaje y los liderazgos capaces de convertir esa convicción en algo que una sociedad entera pueda habitar, y no solo una parte de ella. La memoria no debería ser lo que dice un sector: debería ser lo que una sociedad mira, reconoce y decide no repetir. Ese es el trabajo que sigue pendiente. Y en este medio siglo es importante volver a revisar los caminos más adecuados. La sociedad ha cambiado, y eso obliga a construir puentes que reconozcan esta nueva realidad.