Por: Bache3000

El Concejo Deliberante de Bariloche debatió en comisión el proyecto de ordenanza 165/24, impulsado por el concejal Facundo Villalba, que establece como obligatorio el certificado psicofísico —incluyendo narcotest— para toda la planta política del municipio, abarcando tanto cargos electivos como funcionarios designados. El texto fue presentado en su versión reformulada con fecha 19 de marzo de 2026 y, al finalizar el debate, fue dictaminado para ser tratado en sesión, con un único voto positivo explícito, dos negativos y varios en reserva.

Villalba abrió la defensa de su proyecto con la siguiente afirmación: "Esto no viene a meterse con la vida privada de nadie, sino que solamente regula las condiciones para ejercer la función pública", sostuvo.

El concejal desarrolló una defensa extensa y detallada del proyecto. Su argumento central fue que los cargos políticos son la máxima jerarquía del municipio: manejan recursos, presupuestos y personal, y por eso no puede aplicarse a ellos un estándar menor que el que se exige en infinidad de trabajos del sector privado. "No puede ser que la municipalidad sea un lugar para que se recuperen las personas o para hacer rehabilitación. La municipalidad es un lugar para manejar fondos públicos, para cambiarle la vida a la gente, para transformar la realidad de Bariloche", afirmó.

Villalba explicó que en la versión reformulada tomó en cuenta recomendaciones de distintos bloques. La principal modificación fue que el costo de los estudios se descuenta directamente del recibo de haberes de cada funcionario político, eliminando el gasto para el municipio. Señaló que los narcotest tienen un valor accesible, que se realizan en cualquier laboratorio privado y que el resultado está disponible en aproximadamente 24 horas. También incorporó un sistema de contraprueba: si el test da positivo, el funcionario tiene la posibilidad de realizarse un segundo examen antes de que se activen las sanciones, para que el procedimiento no pueda ser usado como persecución dirigida.

Respecto a los controles sorpresivos y la periodicidad, el concejal argumentó que la aleatoriedad es condición necesaria para que el sistema funcione. "Si se le permite a la persona prepararse para el examen, hay mucha chance de que se termine falseando el resultado de mala fe, porque una persona puede limpiarse con unos meses dependiendo la sustancia", explicó. En el mismo sentido, defendió que la negativa a realizarse el examen debe considerarse resultado positivo.

Sobre el cannabis medicinal, Villalba aclaró que el artículo 3, inciso A, exime expresamente a quienes cuenten con prescripción médica acreditada ante la autoridad de aplicación, dado que la norma define como sustancias prohibidas únicamente a aquellas que no hayan sido recetadas por un profesional de la salud. 

Para rebatir la idea de que el proyecto invade la privacidad, Villalba trazó paralelos con exigencias vigentes en el sector privado: bancos, estaciones de servicio YPF, empresas petroleras y coordinadores de viajes de egresados realizan narcotest de forma aleatoria a sus empleados. "No puede ser que algo que le exigimos a los coordinadores de viajes de egresados no se lo exijamos a los políticos y parezca que está mal que se lo exijamos a los políticos", sostuvo.

La cita final con la que cerró el concejal resumió el eje político de su planteo: "Si nos oponemos a un control, estamos generando un privilegio que el resto de los empleados y trabajadores de la sociedad no tiene."

El concejal Leandro Costa Brutten respaldó el espíritu del proyecto y vinculó el debate con el avance del narcotráfico en la ciudad. Planteó que quien decide ejercer la función pública acepta una carga de transparencia que no rige en la vida privada, y formuló una pregunta retórica: si nadie admitiría que un médico opere a sus hijos bajo el efecto de sustancias, lo mismo debería aplicarse a quienes toman decisiones con fondos públicos. "Si uno se opone a un control, está generando un privilegio", resumió.

Las voces de la oposición al proyecto

La concejal Julieta Wallace fue quien más argumentos desplegó en contra y lo hizo en varias intervenciones a lo largo del debate. Su primera objeción fue sobre el concepto de idoneidad: señaló que el proyecto lo reduce a si un test da positivo o negativo, cuando en realidad la idoneidad para ejercer un cargo público implica capacidades, conocimientos y habilidades que un narcotest no mide. "Podés darte todos los tests negativos y no ser idóneo. Y por ahí te da positivo porque estás atravesando alguna situación que tiene que ver con una enfermedad, y la falta de idoneidad te hunde al touch", planteó.

Wallace también cuestionó que la negativa a realizarse el examen sea automáticamente equiparada a un resultado positivo. Argumentó que esa lógica afecta el derecho de inocencia, que calificó como un derecho sagrado, y que prácticamente ninguna norma vigente contempla esa consecuencia desde la primera instancia. Reconoció que el paralelo con la alcoholemia existe, pero lo rechazó por considerarlo una comparación entre situaciones distintas: en el caso del volante, hay un deber de cuidado inmediato sobre terceros porque el automóvil es una herramienta que puede matar; en el caso de un funcionario que firma un expediente, el efecto dañino es mucho más indirecto. "Estamos comparando situaciones que no son idénticas", dijo.

Sobre el cannabis medicinal, Wallace puso el foco en el inciso B del artículo 10, que menciona metabolitos de cannabinoides, y advirtió que el municipio tiene una ordenanza propia que reconoce el cannabis medicinal. Anticipó una situación concreta: una persona con REPROCANN que consuma aceite cannábico por razones de salud tendría rastros en su examen, y aunque el proyecto exige que presente su certificado, eso implica que el inocente debe demostrar su inocencia, lo que consideró una inversión inaceptable de la carga de la prueba. "Encima que la persona está atravesando una enfermedad, tener que venir y demostrar que está consumiendo cannabis por una cuestión de salud me parece algo tremendo", afirmó.

Otra de sus objeciones fue el artículo 7, que habilita controles sorpresivos en los lugares de trabajo de los funcionarios. Wallace lo calificó directamente como una disposición de "casa de brujas" y fue tajante: "Que entren de manera sorpresiva al despacho de un funcionario público a hacerle un test, eso no lo voy a acompañar ni hoy ni mañana." Argumentó que eso vulnera la privacidad en el lugar de trabajo y además genera una contradicción interna con otro artículo que habla de incomparecencia justificada: si los controles son sorpresivos pero también existe la figura de la incomparecencia, no queda claro si el funcionario debe esperar que lleguen a buscarlo o si debe presentarse en algún lugar. "¿Entonces vienen a buscarme o me citan, o son las dos cosas? La verdad que tampoco queda claro", señaló.

Wallace también cuestionó que la autoridad de aplicación sea el Departamento Ejecutivo, que es al mismo tiempo sujeto controlado por la norma. Planteó el riesgo de que los datos médicos que maneja la comisión evaluadora —integrada por funcionarios con juego político— puedan filtrarse o usarse con fines de presión, a diferencia de una historia clínica con respaldo de secreto profesional. "Yo estaría sujeta a un juego político, y la autoridad de aplicación sería el Departamento Ejecutivo de este intendente. Cuando venga un intendente o intendenta que tenga responsabilidad institucional y no juego político, a lo mejor ahí me empiezo a creer la seriedad en la aplicación de este proyecto", concluyó.

La concejal Laura Totonelli sumó argumentos propios y también en coincidencia con Wallace. Comenzó por aclarar que ella no votaría el proyecto ni siquiera si estuviera dirigido a los empleados municipales en lugar de a la planta política, desmarcándose de la insinuación de Villalba de que en ese caso habría más votos. "Pareciera que si no votamos este proyecto estamos de alguna manera pretendiendo encubrir a alguien. En mi caso no es así, no lo votaría por otras razones", dijo.

Totonelli sostuvo que el concepto de idoneidad es mucho más amplio que lo que el proyecto contempla: incluye capacidad, conocimientos y habilidades, y no puede reducirse a un test de sustancias. También coincidió con Wallace en que la inversión de la carga de la prueba es uno de los aspectos más problemáticos: si alguien usa cannabis medicinal por razones de salud y eso aparece en el examen, esa persona está obligada a demostrar que su consumo es legal, en lugar de que el Estado deba demostrar que es ilegal.

Pero su objeción más específica apuntó a lo que llamó el problema de la oportunidad: el test se aplica después de que la persona ya asumió el cargo, y eso genera una situación sin salida. "Estamos hablando de personas que han pasado por el proceso de ser elegidas y llegan a un cargo público por proceso electivo, y hacemos el estudio después. Si se demuestra que la persona tiene algún inconveniente, estamos complicados, porque significa que la elección popular nos está imponiendo un candidato que no está en condiciones psicofísicas para llevar adelante su trabajo", planteó, y lo definió como una situación ex post, es decir, posterior al hecho electoral. Por eso, consideró que el momento correcto para exigir el certificado es antes de la candidatura, no después de asumir. En ese marco, informó que presentó el proyecto 541, que modifica la ordenanza 1953 para incorporar el certificado psicofísico como requisito previo a la presentación en listas.

Por último, Totonelli adelantó que si Villalba insiste en llevar el proyecto a sesión de manera inmediata, ella se levantará de la mesa al momento de la votación por razones éticas: considera que para votar afirmativamente debería presentar su propio certificado, y no está en condiciones de hacerlo en ese plazo. "Me da la sensación de que el proyecto está planteado justamente para provocar su rechazo, para que lleguemos a la mesa, el proyecto se vote en contra y de ahí surjan todo tipo de lecturas sobre por qué cada uno votó como votó", señaló.

La concejal Roxana Ferreira fue directa en su rechazo: "A mí me parece que es persecutorio el proyecto, no es preventivo. La adicción es una enfermedad y hay que acompañar a esa persona, no perseguirla." Señaló además que el proyecto no contempla el alcohol, el tabaco ni el juego como adicciones, y propuso reorientar el trabajo legislativo hacia campañas de prevención con los jóvenes con consumo problemático, señalando que el CPA trabaja con recursos escasos en los barrios.

Los concejales Lucas Pérez y María Coronado también se expresaron: Pérez manifestó que el proyecto le resulta invasivo en términos de privacidad y votó en reserva; Coronado votó negativamente. Villalba fue el único voto positivo explícito.

Al cierre, el presidente de la comisión dictaminó el pase del texto reformulado a sesión.