Por: Bache3000

Los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional Bariloche salieron este martes a la arena pública con una carta abierta que traza un mapa preciso del deterioro que atraviesan los medios públicos en la Argentina desde la asunción del presidente Javier Milei. La fecha elegida no fue casual: el 25 de marzo, Día del Trabajador de Prensa, a cincuenta años del golpe cívico-militar, eclesial y empresario que entre sus primeras medidas silenció redacciones y desapareció periodistas. "No hay democracia posible sin derecho a la comunicación", sostiene el texto, que invoca la memoria de Rodolfo Walsh como símbolo de un periodismo que pagó con la vida su compromiso con la verdad.

El documento describe un proceso sistemático de vaciamiento que comenzó con el Decreto 117/24, mediante el cual el Poder Ejecutivo intervino Radio y Televisión Argentina (RTA) y dejó sin funcionamiento al directorio con control bicameral. La eliminación de direcciones dentro del organigrama profundizó la centralización y dejó a las 49 emisoras de Radio Nacional sin conducción local efectiva. A eso se sumó una política de reducción de personal a través de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas que, entre julio de 2024 y febrero de 2026, apuntó a recortar entre 500 y 600 puestos de trabajo en todo el sistema.

En Radio Nacional, la no renovación de contratos afectó a periodistas, locutores, técnicos y productores de distintas áreas. La unificación de señales y la retransmisión de contenidos desde LRA1 Buenos Aires redujeron drásticamente la producción local: en muchos casos, una de las frecuencias AM o FM quedó con transmisión centralizada las 24 horas. En la Patagonia, ese corrimiento tuvo consecuencias concretas sobre servicios esenciales. Los históricos "mensajes a pobladores rurales", que Radio Nacional emitía para comunidades sin acceso a otros medios, dejaron de transmitirse durante fines de semana y feriados.

El texto también apunta a la suspensión de las redes sociales y páginas web de las emisoras desde mayo de 2024, en un proceso denominado oficialmente como de "reestructuración", y a la cancelación de convenios de producción con instituciones como el INTA. En la TV Pública, la carta señala la eliminación de noticieros de fin de semana, la cancelación de transmisiones en vivo fuera del horario central y el reemplazo de producción propia por repeticiones y material enlatado. Incluso menciona un proceso en curso para quitar la denominación "Pública" del nombre del canal.

El panorama se extiende al resto del ecosistema de medios estatales. La agencia Télam fue prácticamente desactivada en marzo de 2024, cuando se suspendió su servicio informativo, se vallaron sus edificios y se avanzó en su reconversión en Agencia de Publicidad del Estado. Las señales Encuentro, Pakapaka y DeporTV atraviesan un proceso similar de intervención y paralización de producciones. El ENACOM fue intervenido de manera unipersonal, sus delegaciones provinciales fueron cerradas y, en enero de 2026, se eliminó el FOMECA, el fondo que sostenía a los medios comunitarios y de pueblos originarios.

La carta también registra hechos que los trabajadores califican de censura explícita: el levantamiento total de la programación de LT12 Paso de los Libres, el corrimiento del aire de una trabajadora de LRA3 Santa Rosa y restricciones para entrevistar a voces críticas del gobierno. "Sin equiparar contextos históricos, advertimos una preocupación profunda", escriben los firmantes, "el debilitamiento de los medios públicos implica también el debilitamiento de la democracia". La carta cierra con la consigna que atraviesa la fecha: Memoria, Verdad y Justicia.