Por: Bache3000

La iniciativa, que lleva más de un año de trabajo parlamentario y fue reformulada en varias oportunidades tras sucesivos debates en comisión, planteaba la realización de estudios médicos, bioquímicos completos, examen psiquiátrico, rinoscopía y análisis de orina a secretarios, concejales, asesores, jueces de faltas, personal jerárquico con contrato político y al propio intendente. El objetivo declarado era garantizar un piso mínimo de idoneidad, ética e integridad en el ejercicio de los cargos públicos municipales.

Al defender su proyecto, Villalba apeló al contexto local para fundamentar la necesidad de la medida y señaló que lo que se plantea es algo de sentido común que se exige en infinidad de trabajos del sector público y privado, desde empleados de petroleras hasta guías de viajes de egresados y playeros de estación de servicio. El concejal también citó como antecedentes leyes similares aprobadas en Neuquén, San Luis y Córdoba por gobiernos de distintos signos políticos, y vinculó el rechazo al proyecto con lo que describió como una defensa de privilegios por parte de quienes ejercen el poder.

Quienes votaron en contra expusieron posiciones diversas. La concejal Laura Totonelli ya había anticipado su posición en comisiones, coincidiendo en muchos puntos con la edil Julieta Wallace. Totonelli, había señalado que debía trabajarse previamente a que una persona se convierta en funcionario, y no que se sancione una vez producida su designación.

La concejal Julieta Wallace fue más técnica en su oposición y centró sus reparos en el artículo 7 del proyecto, que habilitaba la realización de tests de manera sorpresiva en los lugares de trabajo, con el intendente como autoridad de aplicación. Wallace advirtió que esa disposición invierte la carga de la prueba y vulnera el derecho de defensa consagrado en la Constitución Nacional, y cuestionó además que entre las sustancias detectadas por los narcotest figure el cannabis, cuyo uso medicinal fue reconocido por una ordenanza de la que ella misma fue autora. También objetó que la negativa a realizarse el examen fuera considerada automáticamente equivalente a un resultado positivo, calificando esa equiparación como desproporcionada.

Roxana Ferreyra, por su parte, aclaró a los vecinos presentes en la sesión que la ordenanza de ética pública ya exige a todos los funcionarios municipales la presentación de certificado de antecedentes penales, y que esa obligación alcanza tanto a los designados por el intendente como a los electos.

Tras la votación, Villalba no guardó silencio y fue directo en su lectura del resultado: cuando los políticos rechazan proyectos pensados para controlarlos, afirmó, no hacen otra cosa que defender sus propios privilegios, lo que profundiza la desconfianza ciudadana en quienes gobiernan.