Por: Bache3000

La Asamblea de Jubilados y Jubiladas en Lucha Bariloche llevó al Tribunal de Contralor su repudio por los hechos del 2 de marzo, cuando la apertura de sesiones del Concejo Deliberante derivó en un episodio de violencia institucional que dejó al menos una integrante de la organización hospitalizada. En el escrito dirigido a los miembros del Tribunal, Estanislao Cazaux, Esteban Romero y Damián Alberto Vila, la asamblea exigió que el organismo cumpla su función de investigar las conductas y tomar las medidas correspondientes.

El acto tuvo lugar en el Gimnasio Municipal 5 y convocó a organizaciones en defensa del Cerro Catedral y a vecinos movilizados por el problema del vertedero municipal, quienes se manifestaron de forma pacífica con carteles. Según relata la nota, mientras Cortés daba su discurso, funcionarios municipales comenzaron a rodear a los y las manifestantes, provocándolos, empujándolos, insultándolos y amenazándolos, en una secuencia que quedó registrada en videos que tomaron estado público.

En ese contexto, una integrante de la Asamblea resultó golpeada y se desvaneció en el lugar. Después de ser asistida por Protección Civil, fue trasladada a la guardia del hospital en un vehículo particular. La nota subraya que el recinto estaba custodiado por decenas de policías que, sin embargo, no intervinieron para identificar ni detener a los agresores.

La asamblea también señaló que el personal policial había estado, a la entrada del gimnasio, solicitando documentos y revisando las mochilas de quienes llegaban por su cuenta, pero no a quienes descendían de los ómnibus contratados por el Ejecutivo municipal. 

La organización fue categórica en su escrito al responsabilizar directamente al intendente por lo sucedido. "Hacemos responsable al intendente y denunciamos esta forma patoteril de tratar a quienes hacen uso de su derecho a manifestarse en un acto público", sostiene el texto, que además exigió al Tribunal que inste al Poder Ejecutivo municipal a destituir a los agresores, advirtiendo que de no hacerlo el organismo se volvería "cómplice de tales conductas reñidas con la democracia y la institucionalidad del Estado de derecho."

El Tribunal de Contralor tiene ahora sobre la mesa una denuncia con nombre, apellido, número de resolución y registros fílmicos que, según la Asamblea, documentan los hechos con claridad. La organización aguarda una respuesta formal y anticipó que continuará presionando para que las agresiones no queden impunes, en un contexto en el que la relación entre el gobierno de Cortés y los sectores que protestan contra sus políticas sigue deteriorándose.