Por: Bache3000

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) expresó su preocupación por la situación del vertedero municipal de Bariloche y reclamó que el municipio cumpla con la normativa vigente que ordena su cierre y relocalización. El pronunciamiento fue emitido el 26 de marzo, durante una Asamblea de la entidad celebrada en la provincia de Catamarca, y está firmado por los titulares de defensorías de CABA, Lanús, San Juan, Formosa y Chubut.

En ese marco, estuvo presente la defensora de Bariloche, Mariana Minuth, quien promovió el pedido de posicionamiento.

El documento señala que el funcionamiento del basural a cielo abierto en proximidad a zonas habitadas genera impactos directos sobre la salud de la población y el ambiente, en violación al artículo 41 de la Constitución Nacional y a la Ley General del Ambiente N° 25.675. En ese marco, la ADPRA recordó que la Ordenanza Municipal (3349-CM-2022) del Concejo Municipal ya dispuso el cierre y remediación del predio actual y el traslado del Centro de Residuos Urbanos Municipal (CRUM) a una localización adecuada, pero que esa manda normativa no se ha cumplido hasta la fecha.

"DEUDA HISTÓRICA"

La asociación advirtió además que la situación se complejiza ante el posible tratamiento de iniciativas que podrían implicar la continuidad o extensión del funcionamiento del predio actual, lo que a su criterio postergaría soluciones de fondo y consolidaría un esquema de gestión ambientalmente inadecuado. Sin mencionarlo explícitamente, la referencia apunta al debate que se mantiene abierto en el Concejo Municipal en torno a la ordenanza 514/25, que habilitaría obras en el vertedero existente.

El pronunciamiento también destacó el trabajo sostenido de la Defensoría del Pueblo de Bariloche en esta problemática, valorando sus actuaciones institucionales, pedidos de informes, producción de información técnica y acompañamiento a la comunidad.

La ADPRA concluyó que el abordaje de la crisis de los residuos sólidos urbanos en Bariloche "constituye una necesidad impostergable y una demanda histórica de la sociedad barilochense", y que existen marcos normativos y herramientas jurídicas suficientes para avanzar, por lo que las soluciones no pueden seguir dilatándose.