Por: Bache3000

El debate por el futuro del basural de Bariloche vuelve este lunes 30 de marzo a la Comisión de Gobierno y Legales del Concejo Municipal, convocada por el concejal Tomás Hercigonja (PUL), a las 10 de la mañana en la Sala de Sesiones. En el centro de la discusión estará el proyecto de ordenanza (514/25), que propone llamar a licitación pública para la construcción de módulos de relleno sanitario y la prestación del servicio de operación, mantenimiento, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, en una versión reformulada presentada el 20 de marzo.

La semana pasada el intercambio en comisión fue tenso. Este lunes se retoma con las posiciones algo más definidas, aunque todavía con margen para el acuerdo.

Desde el bloque del intendente Walter Cortés, el concejal Gerardo Del Río marcó el tono el viernes: el oficialismo no está cerrando filas en torno a un texto inamovible sino que convoca a la oposición a sentarse, hacer aportes concretos y construir una solución colectiva. Del Río pidió respeto en el debate y subrayó que el problema del vertedero es algo que todos quieren resolver.

La lectura oficial es que el traslado del basural es necesario y deseable, pero que sin tierra disponible para la relocalización ese paso no es posible todavía. La tierra no existe, el humo sí. Por eso, la prioridad es mejorar la operación del predio actual mientras se avanza en la búsqueda del terreno definitivo. El proyecto propone una concesión de 10 años con posibilidad de extenderse cinco más, valuada en cerca de 50 mil millones de pesos.

El bloque Juntos a Río Negro tiene una posición que no es de rechazo sino de enriquecimiento del proyecto. Según trascendió, cuentan con una batería de artículos para presentar en las próximas comisiones, orientados principalmente a garantizar un procesamiento que reduzca los incendios y el humo que afecta a los barrios lindantes.

También apoyan el traslado del vertedero una vez que haya tierra disponible, y sostienen que ese proceso debería darse lo más rápido posible, avanzando en cuanto se cuente con el predio. En líneas generales, su disposición es la de trabajar en conjunto para que el debate llegue a buen puerto.

Una cita pendiente con Cobarrubias

El rechazo más articulado al proyecto en su forma actual proviene del concejal Leandro Costa Brutten, junto a Julieta Wallace, Facundo Villalba y Roxana Ferreyra, quienes desgranaron en comisión una serie de objeciones de fondo. Costa Brutten y Wallace sostuvieron que el contrato no puede aprobarse con mayoría simple, sino que requiere dos tercios del cuerpo —8 votos— por tratarse de una concesión de servicio público, en base al artículo 38 de la Carta Orgánica municipal.

Costa Brutten también señaló que el proyecto entra en tensión con una ordenanza del 2022 —prorrogada—, que establece el cierre definitivo, la remediación y el traslado del vertedero, con plazos que ya vencieron. Entre los problemas técnicos que marcó figuran que el proyecto no explica cómo se clausurará el basural actual, y que el municipio asumiría todos los pasivos ambientales preexistentes liberando a la empresa contratista.

Para mañana, este sector de la oposición pedirá que la comisión convoque a una serie de actores antes de avanzar con cualquier votación: representantes vecinales del barrio 29 de Septiembre, la Defensora del Pueblo, médicos del Hospital Ramón Carrillo que elaboraron informes que vinculan enfermedades con el vertedero, y el ex subsecretario de planeamiento de Gennuso,  Claudio Romero (actual miembro de la Unidad de Planeamiento Estratégico de Cortés), quien firmó estudios que concluyen que el predio está saturado y evaluó alternativas de traslado y regionalización.

A esa lista Costa Brutten sumó un nombre con carga política: Hugo Cobarrubias, intendente de Dina Huapi. El concejal lo acusó de no cumplir con la prestación de servicios en su jurisdicción y no ahorró palabras: "No tienen basurero, no tienen planta depuradora de líquidos cloacales, no tienen respuestas para el transporte público. Lo desafío a que haga juicio contra los barilochenses, a ese desagradecido y sinvergüenza, que se lo vamos a ganar como le ganamos al intendente de Bariloche antes". La oposición exigirá que Cobarrubias concurra a la comisión a dar explicaciones.

Costa Brutten advirtió además sobre el riesgo de una "catarata de juicios" si el Concejo avanza sin resolver los cuestionamientos técnicos, sociales y judiciales que ya pesan sobre el esquema actual.

La diferencia no es menor. El Concejo Municipal de Bariloche está integrado por 11 concejales. Para aprobar una ordenanza con mayoría simple —la mitad más uno de los presentes— alcanzan 6 votos. Pero para los casos que la Carta Orgánica define como de mayoría especial, como concesiones de servicios públicos, se requieren los dos tercios del total del cuerpo: 8 votos.

Ahí es donde las interpretaciones se bifurcan. Costa Brutten y Wallace sostienen que este contrato cae en esa segunda categoría: se trata de una concesión de servicio público pagada por los barilochenses a través de sus tasas, y por lo tanto requiere 8 votos para aprobarse. Desde el oficialismo, en cambio, la lectura es distinta: lo que se concesiona no es el servicio público en su totalidad, sino únicamente la etapa de tratamiento y disposición final, que ocurre puertas adentro del vertedero. La recolección y la separación quedan fuera del contrato, lo que —según esta postura— no configura una concesión de servicio público en sentido estricto y alcanzaría con mayoría simple para aprobarse.

La definición de cuál de las dos interpretaciones es la correcta no es un detalle técnico: determina si el proyecto puede avanzar con 6 votos o si necesita 8, y con eso, quién tiene poder real de veto en este debate.

En ese escenario, el voto del concejal Lucas Pérez se perfila como la incógnita central. Su posición no estaba definida al cierre de esta edición, y en función de la aritmética del cuerpo, su definición podría ser determinante para saber si el proyecto tiene o no los apoyos necesarios para avanzar.

La comisión del lunes será el próximo capítulo de un debate que lleva años sin resolverse. Con el oficialismo apostando al diálogo, parte de la oposición dispuesta a aportar y otra parte con condiciones de fondo, la pregunta es si el lunes alcanza para acercar posiciones o si el camino al acuerdo todavía es largo.