Por: Bache3000

En el mercado inmobiliario de San Carlos de Bariloche, donde se mueven inversiones millonarias y proyectos estratégicos para el crecimiento urbano, un nombre comenzó a generar creciente preocupación en el sector. ¿Quién es Fernando Boudourian y cómo logró instalarse como "desarrollador inmobiliario" y representante de terceros en conflictos de alto impacto económico? ¿Cuál es la trayectoria conocida en el rubro local?

Su aparición reiterada en disputas judiciales, su intervención en proyectos ajenos y los cuestionamientos sobre su perfil fiscal encendieron alertas entre empresarios y desarrolladores, que advierten sobre un esquema de conflictividad que trasciende casos aislados. Lejos de tratarse de un actor tradicional del mercado, su nombre se vincula a operaciones controvertidas, reclamos de magnitud y una dinámica de litigios que, según distintas fuentes del sector, termina afectando activos estratégicos y proyectos en marcha.

El foco actual se ubica sobre un predio de aproximadamente 145 hectáreas sobre la Ruta 40, una de las zonas de mayor proyección para el desarrollo urbanístico de la ciudad. Según consta en actuaciones judiciales, esas tierras están alcanzadas por una medida cautelar vigente, impulsada por la empresa Di Tullio Emprendimientos, que impide avanzar con cualquier tipo de desarrollo o comercialización mientras se resuelven las cuestiones de fondo. No obstante, empresarios del sector sostienen que, pese a esa limitación judicial, continúan realizándose gestiones tendientes a la comercialización de la tierra y a la aprobación de un eventual desarrollo inmobiliario.

LAS MORENAS

El caso se vincula directamente con el proyecto urbanístico Las Morenas, impulsado por Gabriel Di Tullio, quien adquirió el inmueble en 2020. Según la posición del desarrollador, la operación no pudo perfeccionarse debido a la negativa de la parte vendedora —identificada como la familia de origen oriental "Li"— a otorgar la escritura correspondiente, pese a la existencia de un contrato firmado. Ese conflicto derivó en un juicio de escrituración que lleva más de cuatro años de tramitación en la justicia civil de la ciudad. En ese contexto, Boudourian se presenta vinculado a la representación de la familia vendedora, incorporando un nuevo nivel de complejidad a una disputa ya consolidada.

Uno de los puntos que más interrogantes genera es el contraste entre el perfil fiscal declarado por Boudourian y el tipo de operaciones en las que interviene. De acuerdo con registros tributarios, se encontraría inscripto en el régimen de monotributo, una categoría diseñada para actividades de baja escala. Sin que surja de su actividad declarada vinculación directa con desarrollos inmobiliarios o estructuras de inversión de gran magnitud, se presenta en distintos procesos judiciales como actor en reclamos millonarios vinculados a proyectos de alto valor económico.

Esa contradicción tiene respaldo documental en una denuncia penal presentada ante el Juzgado Federal de Bariloche. Según surge de la presentación —firmada por Sergio Rodolfo Burgos, fiduciario del Fideicomiso La Herradura, con patrocinio del abogado Martín "Mike" Domínguez— Boudourian habría intentado adquirir 50 lotes en un loteo de Dina Huapi a través de dos personas que, según relata el propio denunciado en sede civil, habrían actuado como sus "hombres de paja" o "prestanombres": Rafael Juan Pablo Malleret y Marcela Andrea Caferina Albornoz, ambos con domicilio en Bariloche.

El texto de la denuncia señala que los adherentes nunca aportaron la certificación de origen lícito de los fondos exigida por la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos, pese a los requerimientos reiterados del fiduciario. La causa, identificada como FGR 5980/2024 y caratulada "Boudourian, Fernando y otros s/ Evasión y Asociación Ilícita", tramita en los términos del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación.

La denuncia detalla una serie de irregularidades que el fiduciario califica como "indicios de maniobras de lavado". Entre ellas, que Boudourian —quien dice haber aportado el equivalente a 600.000 dólares para adquirir los lotes— es un monotributista que ni siquiera tributa bienes personales, lo que haría inverosímil su capacidad para realizar esa inversión. Una pericia contable realizada en abril de 2024 en el marco del juicio civil concluyó que no se pudo corroborar que el actor ni los terceros involucrados hayan contado con esa suma al momento de las operaciones, y que la compra de los lotes no figura en la documentación fiscal de ninguno de ellos. Según datos de la causa, Boudourian reconoció en sede judicial haber recurrido a intermediarios porque no llegó en horario comercial a firmar las adhesiones en julio de 2017, una explicación que el denunciante califica de inverosímil.

El avance del expediente de escrituración y de las actuaciones judiciales federales será determinante para definir el futuro del predio sobre la Ruta 40 y el destino del proyecto Las Morenas. Mientras tanto, el caso vuelve a poner en discusión un problema estructural del mercado local: la seguridad jurídica en el desarrollo inmobiliario.