Por: Bache3000

La sesión empezó con un problema procedimental que marcaría el tono de todo lo que vino después. El doctor Miguel Domínguez, representante técnico del Ejecutivo Municipal, anunció que se había trabajado en una reformulación de la ordenanza con algunos bloques. El inconveniente era evidente: no todos los bloques tenían el nuevo texto en su poder.

Julieta Wallace pidió la palabra de inmediato. Si se presentaba un reformulado en el momento de la sesión, correspondía postergar el tratamiento al martes siguiente para que todos pudieran analizarlo. "Siempre que se presenta un reformulado en la mesa hay una instancia de análisis", señaló.

El concejal Gerardo Del Río explicó que no había habido ninguna reunión formal: al cierre de la comisión del día anterior, algunos bloques se acercaron individualmente al oficialismo y plantearon sus inquietudes, que luego fueron volcadas al texto reformulado. Precisó que el artículo 7 incorporado establece que la Asociación de Recicladores Bariloche tiene injerencia específica en la separación en origen y recolección diferenciada, y que la empresa adjudicataria no podrá interferir con su función. El artículo 8, por su parte, establece que el adjudicatario deberá realizar los estudios ambientales necesarios para determinar la ubicación de cada módulo, excluyendo el área comprometida por el antiguo vertedero.

El concejal Costa Brutten señaló que no había recibido ninguna invitación para hacer aportes. Del Río aclaró que no hubo reunión sino acercamientos individuales, y que las modificaciones respetan exactamente lo manifestado por esos bloques, sin cambiar una coma.

Leandro Costa Brutten no lo dejó pasar. Lo ocurrido, dijo, constituye un grave incumplimiento de lo acordado cuando el tema fue retirado del orden del día: el compromiso incluía invitar a juntas vecinales, actores técnicos y especialistas, dado que el pliego contradice documentación suscripta incluso por funcionarios de la propia gestión. "La falta total de licencia social que ustedes tienen para avanzar como están haciendo en este trámite, como asimismo la carencia de elementos técnicos y la intención de incumplir con los votos requeridos para llevar adelante esta ordenanza."

Así empezó todo. Una vez más.

Ocho votos o seis: el nudo jurídico

El debate sobre la mayoría necesaria para aprobar el proyecto fue uno de los ejes más disputados de la jornada. Wallace construyó el argumento: el artículo 38.7 de la Carta Orgánica establece que las concesiones y convenios requieren ocho votos. El oficialismo sostenía que alcanzaban seis. Para ilustrar la irrazonabilidad de esa postura, Wallace recurrió a un ejemplo: si esa lógica fuera correcta, el pliego de licitación para el próximo concesionario del transporte público también necesitaría solo seis votos. "Eso es lo que es irrazonable y la Carta Orgánica ya definió eso."

Laura Totonelli sumó un antecedente que incomodó al oficialismo: la semana anterior, la Asesoría Letrada del Concejo había determinado que una ordenanza de adhesión a la ley provincial de Alzheimer requería ocho votos. "Parece ser que para lo menos tenemos ocho votos y para lo más no necesitamos tener los ocho votos", planteó. Y aclaró que, al no ser abogada, confiaría en que la cuestión se resolviera de la mejor manera posible.

Domínguez intentó simplificar el debate con un criterio propio: todo aquello que tenga como destinatario final al vecino requiere mayoría especial; todo aquello cuyo destinatario final sea el Ejecutivo Municipal no la requiere. Remitió al dictamen del asesor letrado del Concejo como respaldo.

Wallace le respondió sin rodeos: Domínguez no tiene competencia en esa mesa para dictaminar qué mayoría requiere el proyecto, el criterio del "destinatario final" no tiene sustento en la Carta Orgánica, y el vecino ya paga por la disposición final a través de la tasa de servicio municipal establecida en el artículo 99 de la ordenanza fiscal. "Que la disposición final no tiene una incidencia directa al vecino, cuando el vecino paga por eso, la verdad que ese argumento me parece claramente irrazonable."

Costa Brutten fue más contundente: señaló que su bloque había presentado por escrito el pedido de que la votación para dejar sin efecto la ordenanza de cierre se haga con los votos que corresponden, y que la Comisión Legislativa convoque a una reunión ampliada para resolver la cuestión de la mayoría.

El pliego del conflicto

Facundo Villalba organizó su análisis del pliego en tres ejes y no dejó pasar nada. Sobre el encuadre jurídico, señaló que la propia cláusula 21 inciso 2 del documento habla de "concesión de un servicio público", en contradicción directa con la caracterización del Ejecutivo de que se trata de una concesión de obra pública. Citó además los artículos 29 incisos 10 y 11 de la Carta Orgánica para reforzar su posición.

Sobre el esquema económico, los números fueron elocuentes: la obra representa apenas el 7% del contrato total —3.525 millones de pesos sobre un total de casi 40.000 millones—, mientras el 93% restante corresponde a servicios de operación, mantenimiento, tratamiento y disposición final. Señaló también la contradicción de pedirle a los oferentes que propongan la tecnología cuando el monto ya está cerrado, y advirtió que las obras de remediación y clausura no están incluidas en el presupuesto.

Wallace profundizó en la naturaleza jurídica del contrato con un argumento estructural: si es solo una obra pública, ¿por qué dura diez años? Los 3.500 millones corresponden a construcción; los 39.000 millones restantes son operación, mantenimiento y disposición final. Señaló que el pliego usa de manera alternada los términos "concesionario", "contratista" y referencias a privatización sin uniformidad, lo que genera inseguridad jurídica, y que los concejales que voten con mayoría simple serán responsables por los daños y perjuicios que pueda sufrir el municipio.

También cuestionó que el pliego mencione "saneamiento" del viejo manto sin incluir las palabras remediación, clausura ni post clausura, y que la partida presupuestaria asignada está destinada al cumplimiento de la ordenanza 3349, que no contempla una nueva obra de relleno sanitario.

Domínguez respondió que los estudios contemplados en el pliego son el punto de partida para determinar el pasivo ambiental y la ubicación de las celdas, que el objetivo político del intendente es el cierre del vertedero, y que el plazo de diez años es transitorio frente a los treinta años habituales en el resto del país. Definió su postura con una frase que la oposición no dejó pasar: "El plan es el pliego."

Totonelli fue la primera en rebatirlo. "El pliego es una herramienta necesaria, sí, seguramente, pero no es la única y no puede funcionar en el vacío. Si el pliego es la única herramienta que se va a articular para resolver la problemática del vertedero, ahí estamos en problemas. Porque entonces ahí sí el pliego es el plan." Señaló que eso implica dejar de lado la separación en origen, la recolección diferenciada y el tratamiento de grandes generadores.

Sobre la inseguridad jurídica del contrato, Totonelli agregó un argumento de lógica económica: las empresas oferentes resuelven la incertidumbre trasladándola al precio. "Esos 45 mil millones claramente están cubriendo, a mi humilde entender, esa supuesta inseguridad jurídica."

Roxana Ferreyra cuestionó que sea la empresa adjudicataria quien realice los estudios de impacto ambiental, cuando ese estudio debería ser previo a la licitación. Señaló que el municipio recibe 200 toneladas diarias sin que eso vaya a cambiar sin políticas concretas de separación en origen, y que el proyecto no incluye ninguna propuesta para lo que ocurre antes del vertedero. "Del vertedero para afuera no hay ninguna propuesta."

Wallace también cuestionó lo incorporado en los dos artículos nuevos del reformulado. Sobre el artículo 7, señaló que lo incluido no es lo que solicitó la ARB: su presidenta había presentado una nota ese mismo día pidiendo que el pliego imponga al adjudicatario la continuidad efectiva e ininterrumpida del sistema de separación de residuos como obligación esencial y condición de validez contractual. Lo incorporado no alcanza ese estándar. Sobre el artículo 8, señaló que si la precisión de la ubicación de los módulos debe determinarse después de la adjudicación, eso confirma que esa precisión no existe hoy. "La identificación de las celdas debe ser previa a la adjudicación."

El ruego antes de la tormenta

Antes de que la votación se hiciera inevitable, Costa Brutten intentó una última jugada. En un tono notablemente diferente al que vendría después, hizo un pedido que describió como de corazón: que el oficialismo no avanzara en el dictamen y que, en cambio, se construyera una hoja de ruta con participación de vecinos, juntas vecinales, la Universidad Nacional de Río Negro y las autoridades provinciales.

Argumentó que la Nación abandonó a Bariloche en este tema y que la solución requiere intervención provincial, ya sea a través de un acuerdo de tierras públicas o de una expropiación con declaración de utilidad pública. Señaló que existe voluntad en distintos bloques para construir una salida superadora y que incluso había conversado con el concejal Juan Pablo Ferrari en ese sentido. Dirigiéndose directamente a Del Río y a Domínguez, planteó que si todos fracasaban en encontrar una solución alternativa, el mecanismo del pliego podría aplicarse después. Pidió que la mesa no se desaprovechara.

"No hay acá dos bandos, dos sectores, ni tampoco hay algunos que están a favor del humo y otros que están en contra del humo. Nadie. No es así", dijo. Y cerró con una advertencia: "Empeñarnos en avanzar en un mecanismo que no hay mayorías y que no hay licencia social, nos va a dejar mal parados a todos."

Wallace se sumó a la propuesta con una alternativa concreta: aprobar en una misma sesión la ordenanza que determine el sitio de disposición final y, en paralelo, una licitación solo de obra —no de servicio— para una celda con vida útil acotada de dos años, incorporando además un componente de valorización de residuos. Mencionó reuniones con la Fundación Impacta en las que participaron concejales de distintos bloques, y la existencia de empresas con quince años de trayectoria en valorización de residuos forestales que ya operan en Rosario y Asunción. "Si eso demora un mes más en generar consenso, vale la pena hacerlo."

El oficialismo no respondió al pedido. Señaló que le debate ya había sido suficiente. Procedió a votar.

El cierre que nadie olvidará

Cuando la votación fue inminente, Wallace volvió a tomar la palabra y el tono cambió por completo. Recordó que desde 2017 lucha para que el vertedero cierre y que ahora tendrá que explicarle a su hija en diez años que ese vertedero sigue en el mismo lugar. Luego señaló directamente a los tres concejales del bloque oficialista y los responsabilizó por lo que viene. "Hago responsable a los tres concejales del oficialismo por los daños que sufren a la salud todos y cada uno de los vecinos desde ahora y de acá a 10 años, porque eso es lo que están haciendo."

Introdujo también un elemento de peso: existe un informe de profesionales del Hospital San Carlos de Bariloche que vincula enfermedades de los vecinos con la existencia del basurero a cielo abierto. Si el municipio continúa incumpliendo el cierre, esa relación ya no necesita ser probada. "El municipio podría enfrentar una cantidad importante de juicios por daños a la salud de los vecinos."

Anticipó lo que ocurrirá en la sesión: la oposición llevará escribanos y documentación para acreditar cómo se lleva adelante la aprobación del pliego-ordenanza, y sostuvo que el proyecto no podrá aprobarse con seis votos.

El cierre incluyó una referencia directa al intendente Walter Cortés. "Yo pensaba que el intendente se venía a dirimir después de haber estado preso. No, me equivoqué. Me equivoqué pensando que podía bañarse en agua bendita." Y dirigiéndose al oficialismo: "No vuelvan a reírse en la cara de los vecinos."

Villalba acompañó el voto negativo. El dictamen fue aprobado con los votos de Hercigonja, Coronado y Del Río. El texto dictaminado fue el reformulado con fecha 20 de marzo de 2026 del Proyecto 514/25, que autoriza el llamado a licitación pública para la construcción de módulos de relleno sanitario y la prestación del servicio de operación, mantenimiento, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos de Bariloche.

La sesión que deberá votarlo en el recinto aún no tiene fecha confirmada. La oposición ya avisó que estará lista.