Por: Bache3000

La Secretaría de Minería de Río Negro salió este sábado a desmentir de manera categórica que el gobierno provincial haya otorgado nuevos permisos mineros a Claudio Ciccarelli, el empresario viedmense vinculado al desarrollo de arenas silíceas para Vaca Muerta que es primo de Federico "Fred" Machado, detenido e investigado en Estados Unidos por presunto narcotráfico. El organismo señaló que en el expediente N° 48022-M-2023, correspondiente al cateo denominado "El Gran Don José", no existe ninguna autorización, ni de exploración ni de explotación, y que el trámite se encuentra en instancias procedimentales iniciales.

La controversia se desató días atrás cuando el bloque opositor Vamos con Todos cuestionó públicamente la aparición de una publicación en el Boletín Oficial N° 6475 del 19 de marzo de 2026, en la que la Secretaría de Minería notificaba a los propietarios de las tierras comprendidas en el área de exploración —Domingo Calvo y Gerardo Collinao— sobre el trámite iniciado por Ciccarelli en el distrito minero de Los Menucos, departamento 25 de Mayo. Los legisladores opositores interpretaron esa publicación como el otorgamiento de un nuevo permiso y reclamaron explicaciones al ejecutivo provincial, recordando además que el año pasado habían presentado cuatro pedidos de informes sobre la actividad minera y las estructuras societarias vinculadas al empresario, sin obtener respuesta.

El gobierno explicó que la publicación en el Boletín Oficial constituye una exigencia legal de publicidad del procedimiento administrativo y no implica concesión ni autorización para desarrollar ninguna actividad minera, tal como lo establece el artículo 70 del Anexo I de la Ley Q N° 5702. Según detalló la Secretaría de Minería, el expediente solo ha cumplido etapas iniciales previstas en esa norma —entre ellas la ubicación catastral provisoria, el pago de canon, la registración administrativa y la publicación de edictos— sin haber alcanzado la instancia de concesión del permiso, que además requiere notificaciones pendientes a superficiarios y la evaluación técnica del Programa Mínimo de Exploración.

El caso arrastra antecedentes que le dan un peso político considerable. En octubre de 2025, el legislador Luciano Delgado Sempé, de Vamos con Todos, presentó una denuncia ante la Fiscalía General para que la Procuración investigue una posible incompatibilidad y denunció que Ciccarelli fue empleado público en el área de Deportes desde 2003 y luego asesor en la Legislatura, período durante el cual habría obtenido permisos de explotación minera, lo que podría configurar una violación a la ley de ética pública. El fiscal Hernán Trejo recibió la investigación preliminar.

El propio Ciccarelli salió también a defenderse en los últimos días y rechazó cualquier irregularidad. "El sistema es objetivo: quien cumple con los requisitos accede al derecho minero", afirmó el empresario, y destacó que las concesiones están sujetas a controles ambientales, técnicos y legales. Ciccarelli también apuntó contra los cuestionamientos sin sustento técnico: "Deslegitimar proyectos sin fundamentos perjudica la inversión y el desarrollo regional", señaló, en una nota enviada a varios medios en la que defendió el rol estratégico de las arenas silíceas para la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta.

Desde el gobierno provincial se añadió que tampoco existe ninguna solicitud ni derecho minero a nombre de Federico Machado en los registros oficiales de la Secretaría de Minería, desmintiendo así otra de las afirmaciones que circularon públicamente. La aclaración oficial calificó las denuncias de la oposición como carentes de sustento técnico y jurídico y las atribuyó a "una metodología constante de los legisladores kirchneristas del Frente de Todos". El organismo provincial advirtió que la información visible en el sistema de Catastro Minero responde al principio de transparencia y no puede interpretarse como autorización para actividad minera alguna.

El episodio se inscribe en una disputa más amplia sobre el manejo de los recursos mineros en la provincia, que en las últimas semanas acumuló también una denuncia por permisos en zonas glaciares —vinculada a la empresa Tamar Mining SA—, igualmente desmentida por el gobierno. La oposición, mientras tanto, mantiene abiertos sus pedidos de informes sobre las estructuras societarias de Ciccarelli —entre ellas Eco Friendly S.A., Gold Sand, Max Technology SRL y L&C Mining S.A.C.— sin haber obtenido respuesta hasta el momento.