Por: Bache3000

La angustia era visible en las palabras de Eduardo Massad, uno de los titulares de las instituciones Painamal y Aluminé, dos centros de día para personas con discapacidad que atienden a decenas de usuarios en Bariloche y que este lunes salieron a la calle con un reclamo que ya no admite más espera.

La deuda que el Ministerio de Salud de la Nación y el PAMI mantienen con estas organizaciones lleva meses acumulándose, y la respuesta de las autoridades nacionales ha sido, según describió Massad, un silencio que desconcierta y paraliza cualquier planificación posible.

"La verdad que estamos muy tristes, con mucha angustia", dijo el referente a Bache3000 que estuvo presente en la protesta, y detalló que la deuda pendiente con el Ministerio de Salud se remonta al mes de septiembre, extendiéndose hasta octubre sin que hayan ingresado fondos en diciembre, enero, febrero, marzo ni en los días transcurridos de abril.

La única excepción fue un pago parcial gestionado a través de IPROS, que logró cancelar lo adeudado hasta enero gracias a la intervención del gobernador de Río Negro y de los ministros provinciales de Salud y de Desarrollo. Sin embargo, ese alivio resultó insuficiente: al ingresar el dinero al banco, las cuotas pendientes de cargas sociales fueron retenidas automáticamente, y un segundo pago de IPROS quedó condicionado al pago previo de ingresos brutos, lo que redujo a la mitad el dinero efectivamente disponible.

 

 

 

 

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"Nos pagaron 10, tuvimos que pagar 5", describió Massad, sintetizando una dinámica que convierte cada ingreso en un parche que no alcanza a cubrir ni la mitad de las obligaciones. Las instituciones sostienen un plantel de médicos, nutricionistas, kinesiólogos, fonoaudiólogos y terapistas ocupacionales cuyos honorarios se suman a los sueldos del personal en relación de dependencia, y ambos grupos llevan el mismo derecho a cobrar.

"Este mes no terminamos de pagar los sueldos, pero también hay que pagar honorarios de los profesionales", advirtió, y señaló que el panorama de los meses siguientes es aún más sombrío porque IPROS, una vez regularizado, volverá a pagar un solo mes por vez en lugar de los tres que acumuló en deuda.

Las tres instituciones —Painamal, Aluminé y el Centro Azul de El Bolsón— están atravesando la misma crisis de manera simultánea, y entre ellas existe una dinámica de compensación interna que Massad describió sin eufemismos. "Si a uno le sobran un millón de pesos y al otro le está faltando, hacemos lo que podemos para poder sostener esto, pero ya no se trata de los chinitos con los platitos", dijo. En conjunto, los tres centros atienden a 97 personas en Aluminé, 30 en Painamal y entre 33 y 34 en el Centro Azul, lo que da un total de más de 160 usuarios que concurren diariamente a recibir atención y contención.

Pero hay una dimensión del problema que excede la prestación de servicio diurno y que Massad puso sobre la mesa con particular crudeza: el hogar de Aluminé alberga a 57 personas que viven allí en forma permanente, de las cuales cerca de 40 no tienen familia, y de ese grupo más de 20 están bajo tutela judicial, es decir que la propia Justicia ha dispuesto que la institución debe hacerse cargo de ellos. "¿Qué hacemos con esas personas, a dónde van a ir, a dónde nos va a decir el juez que los llevemos cuando no tenemos plata para poder pagar la comida de los concurrentes?", se preguntó.

Los proveedores ya comenzaron a reaccionar ante los rumores de dificultades económicas, negándose a entregar mercadería porque temen no poder cobrarla. Las gestiones ante el PAMI, por su parte, chocaron contra una burocracia centralizada en Buenos Aires que no ofrece respuestas ni plazos. "Usted va, lo paran en la puerta de calle, le preguntan a quién va a ver y no hay nadie que baje para atenderlo", relató Massad sobre su experiencia personal en la ciudad de Buenos Aires, y agregó que la falta de información concreta sobre si habrá o no un pago, y en qué plazo, genera una incertidumbre que hace imposible trazar cualquier plan de acción. "Hay un silencio terrible de parte de las autoridades nacionales que sinceramente nos desconcierta", sostuvo.

La advertencia final de Massad fue tan concreta como angustiante, y resumió en pocas palabras el punto de no retorno al que se está acercando la situación. "Si no pago el sueldo, los trabajadores lamentablemente y con toda razón y justicia no van a poder ir a trabajar", finalizó.