Por: Bache3000

Alberto Weretilneck presentó esta semana un proyecto de ley que reforma de manera integral la Ley G Nº 4.438 y transforma el sistema de farmacias en Río Negro con el argumento de modernizar una normativa que, según la administración provincial, quedó desactualizada frente a los cambios tecnológicos, demográficos y económicos de las últimas décadas.

La iniciativa elimina las restricciones de distancia mínima entre farmacias que la legislación vigente fija en doscientos o cuatrocientos metros según la densidad poblacional de cada localidad, y habilita la instalación, el traslado y la distribución libre de establecimientos en cualquier punto del territorio sin condicionamientos de ubicación. Weretilneck resumió el espíritu de la medida al señalar que "desde ahora, se podrá instalar una farmacia en cualquier punto de la ciudad, sin restricciones de distancia ni limitaciones pensadas para proteger estructuras existentes".

Uno de los cambios más significativos del proyecto es la apertura de la titularidad de las farmacias a cualquier persona física o jurídica habilitada, una modificación que rompe con el esquema anterior que reservaba la propiedad exclusivamente a farmacéuticos, mutuales, obras sociales o entidades específicamente autorizadas. El único requisito que se mantiene es la presencia de un Director Técnico farmacéutico responsable de la dispensa de medicamentos, figura que el proyecto preserva como garantía sanitaria.

En el mismo sentido, el texto deroga la prohibición de que un mismo profesional esté al frente de más de un establecimiento, aunque incorpora esa excepción de manera acotada para localidades donde exista un único farmacéutico disponible, con el objetivo declarado de ampliar la cobertura en zonas de baja densidad de servicios. La reforma también elimina el régimen de permisos para el traslado de farmacias, simplificando los trámites administrativos y flexibilizando el esquema de habilitaciones.

En materia tecnológica, el proyecto establece la receta electrónica como obligatoria en toda la provincia y habilita la telefarmacia junto con la entrega de medicamentos directamente al domicilio del paciente, con sistemas de control y trazabilidad que el gobierno presenta como garantía de seguridad. Además, incorpora la posibilidad de prescripciones digitales diferidas de hasta seis meses para tratamientos prolongados, una herramienta orientada a pacientes con enfermedades crónicas. "Esto simplifica procesos, mejora el acceso y aporta mayor seguridad", sostuvo Weretilneck al presentar los alcances del proyecto.

El texto amplía también el esquema de envío de medicamentos, que hasta ahora sólo estaba permitido entre establecimientos habilitados, y lo extiende a centros de salud y domicilios particulares. Paralelamente, habilita a PROFARSE a proveer medicamentos de manera directa o mediante convenios con droguerías, tanto para la población hospitalaria como para el público general, fortaleciendo el abastecimiento en zonas donde la cadena de distribución es menos densa.

Para las localidades con menor cobertura farmacéutica, el proyecto prevé incentivos específicos para promover la radicación de nuevos establecimientos, aunque la iniciativa no detalla aún los mecanismos concretos de ese esquema de estímulos. El gobernador describió la propuesta como una medida de equidad territorial al afirmar que "ampliar la libertad de elección también significa facilitar el acceso a un servicio esencial, promoviendo más competencia, más innovación y mejores respuestas".

Frente a las posibles críticas de quienes lean el proyecto como una desregulación sin resguardos, Weretilneck buscó establecer una distinción al sostener que "modernizar no significa desregular sin control, sino actualizar las reglas para que más rionegrinos accedan al medicamento en mejores condiciones, con un Estado que garantiza calidad y seguridad sanitaria". La reforma exige además que todos los establecimientos ya habilitados se adecuen al nuevo marco normativo, descartando la posibilidad de que las farmacias existentes continúen operando bajo las condiciones anteriores.

El proyecto llegó con una definición política clara del mandatario rionegrin, que describió la legislación vigente como un sistema que protegía estructuras existentes más que el interés de los usuarios y señaló que se trata de "un cambio profundo, que deja atrás una normativa que ya no respondía a las necesidades actuales, dando libertad para invertir, emprender y ampliar la oferta". La iniciativa deberá ahora recorrer el trámite legislativo en la Legislatura provincial, donde se definirá si los cambios se aprueban en los términos propuestos por el Ejecutivo o si el debate parlamentario introduce modificaciones al texto original.