Por: Bache3000

El concejal Leandro Costa Brutten presentó este martes una denuncia formal ante el Tribunal de Contralor contra el intendente, el secretario de Hacienda y la asesora Legal y Técnica, por la contratación directa de bienes por $2.259.282.652 a través de un contrato de leasing financiero con el Banco Patagonia, destinado a la adquisición de camiones aguateros, camionetas 4x4, una excavadora, una motoniveladora y equipamiento para combate de incendios forestales.

 

La operación fue instrumentada mediante la Resolución N° 895-I-2026, firmada el 19 de marzo pasado, que autorizó a la Secretaría de Hacienda a suscribir el contrato con el Banco Patagonia por hasta $2.300 millones, con cesión de coparticipación impositiva como garantía. En el detalle de la compra figuran cuatro camiones aguateros con tanque de 10.000 litros, siete camionetas doble cabina 4x4, una Volkswagen Saveiro, una excavadora tipo Komatsu PC 200, una motoniveladora tipo John Deere 770 y motobombas con mangueras y accesorios para combate de incendios.

Consultados por Bache3000, desde el Ejecutivo rechazaron los cuestionamientos y sostuvieron que la operación es completamente legítima. Señalaron que el Decreto N° 1104-2025 del gobernador Weretilneck declaró la emergencia ígnea por el plazo de un año, que la Municipalidad adhirió mediante resolución, y que ese marco normativo habilita al intendente a actuar con celeridad sin necesidad de convocar a licitación ni requerir autorización deliberativa para cada adquisición vinculada a la emergencia. Agregaron que la Secretaría Legal y Técnica revisó el procedimiento y lo avaló expresamente mediante dictamen formal, descartando irregularidades.

Para el municipio, la denuncia de Costa Brutten carece de entidad jurídica porque la compra de equipamiento para combate de incendios es exactamente el tipo de gasto que la emergencia ígnea está diseñada para habilitar de forma expedita.

Costa Brutten cuestionó esa fundamentación en términos categóricos. En el escrito presentado ante el Tribunal, el concejal sostuvo que la emergencia ígnea ya había sido dada por finalizada por la provincia al momento en que Cortés firmó la resolución, dado que Río Negro había declarado el cumplimiento de la planificación en la temporada con solo nueve hectáreas afectadas. Pero además, señaló que aunque la emergencia estuviera vigente, no habilitaría al intendente a eludir la licitación pública para la compra de bienes de capital de esa magnitud.

Para ampliar su fundamentación sobre la compra directa sin licitación, el Ejecutivo invocó la emergencia ígnea declarada mediante la Resolución N° 166-I-2025, que adhirió al Decreto N° 070-2025 del gobernador Alberto Weretilneck, y su renovación posterior mediante la Resolución N° 2721-I-2025, que reprodujo la adhesión al Decreto N° 1104-2025 del mismo gobernador por el plazo de un año.

La denuncia de conejal, enumera tres ejes de irregularidad. El primero refiere a la violación de la Ordenanza 257-C-89, régimen de contrataciones municipal, cuyo artículo 1° establece la obligación de convocar a licitación pública por montos de esa envergadura, sin que exista causal de excepción válida para la adquisición de vehículos de serie. El segundo señala que el leasing financiero con cesión de coparticipación constituye una operación de crédito público que, según la Carta Orgánica Municipal, requiere autorización del Concejo Deliberante por mayoría de dos tercios —procedimiento que no fue cumplido. El tercero apunta a la responsabilidad personal y patrimonial de los funcionarios intervinientes, con sustento en los artículos 10° y 92° de la ordenanza de contrataciones.

"Estamos ante un vicio de nulidad absoluta, al saltear al Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche, que resulta tener las facultades propias del Poder Legislativo", escribió Costa Brutten en el escrito, en el que calificó la resolución como "un acto administrativo de nulidad total e insanable".

Además de la denuncia ante el Tribunal de Contralor, Costa Brutten anunció que presentará una presentación ante el Banco Patagonia, la entidad financiera que otorga el leasing, para ponerlo en conocimiento de las irregularidades que a su entender invalidan la operación. El concejal solicitó al Tribunal la suspensión inmediata del contrato, la investigación perentoria del caso y la determinación de responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios involucrados.