Por: Bache3000

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la madrugada del jueves la reforma a la ley de Glaciares con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, en una sesión en la que estuvieron presentes los 256 miembros del cuerpo y que se extendió hasta las 2.30. El oficialismo logró reunir quórum con el apoyo del PRO, la UCR y distintas fuerzas provinciales, lo que le permitió sancionar la norma pese a la resistencia de la oposición, que intentó sin éxito forzar interpelaciones y llevó al recinto el escándalo protagonizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Los cinco diputados nacionales por Río Negro quedaron divididos en posiciones que reflejaron con precisión la fractura política que atravesó el debate en el plano nacional. Sergio Eduardo Capozzi, de Provincias Unidas, acompañó la reforma junto a los legisladores de La Libertad Avanza Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello, consolidando así los tres votos rionegrinos que el oficialismo libertario sumó desde la provincia. Del lado contrario, los diputados de Unión por la Patria, Adriana Serquis y Marcelo Mango votaron en contra del proyecto y se integraron a la mayoría opositora que no pudo frenar la sanción.

La norma aprobada introduce modificaciones sustanciales al régimen de protección de los glaciares y del ambiente periglacial vigente desde 2010. El texto reformado otorga mayor potestad a las provincias para definir, a través de estudios técnicos propios, qué áreas quedan bajo resguardo y cuáles pueden habilitarse para el desarrollo de actividades como la minería, precisando la definición de los espacios protegidos y habilitando la explotación de recursos minerales en zonas que, según las evaluaciones provinciales, no cumplan funciones hídricas relevantes.

Los bloques que impulsaron la reforma argumentaron que la ley original generaba restricciones excesivas sobre las economías regionales y que la nueva redacción permite un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo productivo de las provincias con potencial minero. Desde el oficialismo se sostuvo que la reforma no elimina la protección de los glaciares sino que la reordena bajo criterios más precisos y técnicamente sustentados, desplazando la decisión hacia las jurisdicciones que conocen el territorio.

La oposición que rechazó el proyecto, en cambio, advirtió que los cambios representan un retroceso en materia ambiental y que la descentralización de las decisiones de protección puede derivar en conflictos de interés en provincias con economías dependientes de la actividad minera. Varios legisladores anticiparon además que la norma enfrenta una judicialización inminente, dado que organizaciones ambientales y gobiernos provinciales de otras jurisdicciones ya habían manifestado su intención de impugnarla ante la Justicia.

El resultado en Río Negro expresa la tensión que atraviesa a la provincia entre los sectores que ven en la minería una vía de desarrollo económico y quienes priorizan la preservación hídrica en una región cuyo sistema de ríos y lagos depende en buena medida del derretimiento glacial. La posición de Capozzi junto al bloque de La Libertad Avanza marca también el alineamiento de Provincias Unidas con el Gobierno nacional en una votación de alto impacto simbólico para la agenda ambiental.

La sesión se desarrolló en un clima de alta tensión política, con la oposición intentando instalar en el recinto la discusión por el comportamiento del jefe de Gabinete y prolongando el debate con distintas maniobras parlamentarias antes de que la presidencia avanzara hacia la votación. La presencia de los 256 diputados habilitó el quórum sin inconvenientes y el oficialismo pudo encaminar la sanción sin necesidad de negociaciones de último momento, algo que hasta horas antes de la sesión no estaba garantizado.