Por: Bache3000

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro dejó asentado en un expediente judicial algo que hasta ahora circulaba más como advertencia informal que como sanción concreta: usar inteligencia artificial sin verificar lo que produce puede tener consecuencias disciplinarias reales. El caso llegó a través de una acción de amparo contra el Instituto Provincial de Salud de Río Negro por la cobertura de una internación geriátrica, pero el fallo terminó siendo recordado principalmente por lo que ocurrió en los márgenes del proceso.

Al revisar el memorial de apelación presentado por la letrada patrocinante, el STJ detectó referencias a precedentes del propio tribunal que no existían. Las citas jurisprudenciales incluidas en el escrito no guardaban relación con carátulas ni números de sentencia verificables, lo que llevó al cuerpo a presumir que habían sido generadas por alguna herramienta de inteligencia artificial generativa sin el control profesional correspondiente. El recurso fue rechazado y la observación quedó incorporada al fallo.

La sanción fue un llamado de atención formal a la abogada, pero el tribunal fue más lejos al fundamentar la medida. Recordó que las Acordadas 15/24 y 22/25 del propio STJ ya establecen con claridad que el uso de estas tecnologías no exime a los profesionales del deber indelegable de control sobre todo lo que firman. La primera acordada aprobó un Protocolo de Buenas Prácticas para el uso de IA dentro del Poder Judicial y la segunda extendió esa regulación a los auxiliares externos, incluyendo a los abogados que actúan ante los tribunales.

En su voto, el tribunal explicó que cualquier contenido producido con inteligencia artificial debe atravesar una revisión crítica, una verificación con fuentes confiables y el control profesional específico de quien suscribe el escrito. La postura del STJ no fue la de prohibir el uso de estas herramientas sino la de dejar en claro que pueden colaborar en tareas de apoyo pero no sustituyen el análisis jurídico, la interpretación normativa ni la evaluación de las circunstancias concretas de cada expediente.

El fallo también habilitó una vía disciplinaria que va más allá del expediente puntual. Según el propio tribunal, los casos de este tipo deben ser remitidos a los Colegios de Abogados para su tratamiento ante los Tribunales de Ética o Disciplina, lo que significa que una cita falsa generada por IA puede derivar en un proceso ético separado del proceso judicial en el que apareció. Esa doble vía le da al pronunciamiento una proyección que excede largamente la causa de amparo que lo originó.

El problema de las citas falsas no es nuevo ni exclusivo de la jurisdicción rionegrina. En distintos tribunales del país y del mundo se registraron casos similares desde que los modelos de lenguaje masivo se volvieron accesibles para el público general, con escritos que incluyen referencias a sentencias inexistentes, tribunales que nunca emitieron tal pronunciamiento o números de expediente que no corresponden a ningún caso real. El fenómeno tiene nombre propio en el vocabulario técnico de la inteligencia artificial y refiere a la tendencia de estos sistemas a producir información plausible pero incorrecta.

El STJ rionegrino viene trabajando el tema con cierta anticipación respecto de otros poderes judiciales provinciales. La Escuela de Capacitación Judicial tiene prevista una serie de talleres sobre IA destinados a profesionales del derecho, de los cuales el primero ya se realizó el año pasado en Bariloche. El resto está programado para este 2026, en un contexto en el que el fallo sobre el amparo de salud le pone nombre, apellido y expediente a una discusión que hasta hace poco era más teórica que práctica.