Por: Bache3000

El debate sobre las aplicaciones de transporte volvió a la agenda barilochense por la vía judicial. El concejal Leandro Costa Brutten presentó este viernes una demanda contenciosa administrativa de inconstitucionalidad ante la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo de la Tercera Circunscripción Judicial de Río Negro, con el patrocinio del doctor Jorge Alejandro Pschunder. El expediente ingresó a las 13:48 y la acción apunta directamente al intendente Walter Cortés.

La demanda busca que la Justicia declare inconstitucionales y nulas dos resoluciones del Poder Ejecutivo municipal: la Resolución N° 00002583-I-2025 y la Resolución N° 00002610-I-2025. Ambas fueron dictadas en noviembre de 2025 y, según el escrito, habilitaron el funcionamiento de plataformas digitales de transporte de pasajeros como Uber y Cabify en el ejido municipal, derogando suspensiones que venían vigentes desde la gestión anterior.

Costa Brutten actúa en doble carácter: como concejal electo y como vecino de la ciudad. En el escrito sostiene que Cortés se arrogó facultades legislativas que corresponden exclusivamente al Concejo Deliberante, en violación a la división de poderes consagrada en la Carta Orgánica Municipal, la Constitución Provincial y la Constitución Nacional. "Queda claro que es el Concejo Deliberante quien regula el tránsito en Bariloche y sus habilitaciones", señala la demanda.

El antecedente más directo que cita el escrito es el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que anuló el plebiscito convocado por el Ejecutivo barilochense para el 9 de noviembre de 2025, precisamente porque en ese referéndum se incluía la aprobación de las plataformas digitales de transporte. Al no poder hacerlo por vía del voto popular, el intendente habría optado por dictar las resoluciones cuestionadas. El STJRN ya le había advertido que no tenía facultades para eso.

Las fallas técnicas y legales que denuncia el concejal

El escrito es minucioso en los fundamentos. Costa Brutten señala que las resoluciones no exigen licencia de conducir profesional de Clase D categoría D1, que es la habilitación que exige el artículo 16 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 para transportar pasajeros. En cambio, mencionan un "carnet de conducir vigente" que, según el concejal, no existe como figura legal. Eso hace responsables a los conductores, al municipio y expone a pasajeros y turistas a un marco de ilegalidad del que no tienen conocimiento.

Tampoco las resoluciones exigen un seguro de responsabilidad civil de carácter comercial, que es obligatorio para vehículos utilizados con fines de lucro. La póliza automotor común, dice la demanda, no cubre daños a terceros en un contexto de transporte remunerado. A eso se suma que no se pide certificado de antecedentes penales, un requisito que sí establece la Ley Nacional de Tránsito en su artículo 20 y que la Ordenanza local de Taxis y Remises 1982-CM-09 también contempla en su artículo 6.

El escrito también cuestiona que las resoluciones se fundan en el Decreto Nacional 883/2024 y en el Decreto 70/23, pero ninguno de esos instrumentos hace referencia a la jurisdicción municipal. "Los municipios son autónomos y dictan sus propias ordenanzas", señala la demanda, que concluye que las resoluciones carecen de sustento legal y configuran un abuso de poder contrario a la Carta Orgánica.

Además del planteo de inconstitucionalidad, Costa Brutten solicita una medida cautelar de prohibición inmediata del uso de las plataformas digitales de transporte. Argumenta que el peligro en la demora es real e inminente: conductores sin la habilitación correcta, sin seguro comercial y sin certificado de antecedentes circulan hoy por la ciudad transportando vecinos y turistas.

El tema de las aplicaciones de transporte había permanecido llamativamente quieto durante los primeros meses de 2026. La presentación judicial de este viernes lo pone nuevamente al centro de la escena y abre un nuevo capítulo en uno de los debates más encendidos de la sociedad barilochense.