Por: Bache3000

Hay una tentación enorme, casi refleja, que aparece cada vez que un hecho así ocurre: convertirlo en munición. El chico que dijo que iba a traer un arma y matar a sus compañeros del colegio Estación Limay en Cipolletti resulta ser hijo de una diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, y entonces la máquina se pone en marcha. Las redes. Los portales. Los titulares que no son sobre el chico sino sobre su madre. La pregunta que nadie hace en voz alta pero que late debajo de todo lo que se escribe: ¿no es irónico que la diputada libertaria tenga un hijo así?

Sí. Es irónico. Y también es completamente irrelevante para entender lo que pasó.

Porque lo que pasó es que un adolescente, en un aula, les dijo a sus compañeros que iba a matarlos. Y eso —antes de ser una noticia política, antes de ser un golpe al oficialismo libertario, antes de ser cualquier cosa que beneficie o perjudique a alguien en el juego de poder— es una señal de alarma sobre un chico al que le está pasando algo.

El 28 de septiembre de 2004, en Carmen de Patagones, un chico de quince años entró al aula con una pistola calibre 22 y disparó contra sus compañeros. Tres murieron. Seis resultaron heridos. El chico se llamaba Rafael Solichon y todos lo conocían como "Junior".

Lo que salió después —lo que siempre sale después, cuando el horror ya está consumado y no hay nada que hacer salvo entender— fue que Junior llevaba meses siendo víctima de acoso escolar. Que sus compañeros se burlaban de él. Que era el raro, el diferente, el que no encajaba. Que había señales. Que nadie las vio, o que las vio y no supo qué hacer con ellas.

El episodio de Carmen de Patagones no explica lo de Cipolletti. No hay automatismo entre una cosa y la otra. Pero sí obliga a hacer una pausa antes de publicar. Una pausa para pensar: ¿qué sabemos sobre este chico, además del apellido de su madre?

Lo que se sabe

Se sabe que la institución educativa, al activar los protocolos correspondientes, recibió —o al menos eso trascendió— información de que la familia del adolescente había denunciado con anterioridad situaciones de bullying: discriminación, maltrato verbal. Se sabe que hay un contexto previo. Se sabe que detrás de una amenaza de muerte proferida por un chico de segundo año casi siempre hay algo más que maldad pura. Casi siempre hay miedo. Casi siempre hay un dolor que no encontró otra forma de expresarse.

Nada de eso justifica la amenaza. Nada de eso debería relativizar el terror que sintieron los compañeros y sus familias al enterarse. Pero todo eso debería estar en el centro del debate público, en lugar de flotar en los márgenes mientras el debate real gira en torno a la diputada Villaverde y sus causas judiciales.

Que Lorena Villaverde tenga cuestionamientos, embargos, denuncias por irregularidades en campaña, vínculos que generan preguntas: eso es materia periodística legítima. Abundante, incluso. Que una legisladora con ese prontuario de polémicas no haya emitido ni un comunicado sobre la situación que involucra a su hijo es algo que puede señalarse. Pero esas dos historias son distintas. Mezclarlas —usar la situación del chico como excusa para hablar de la madre, o usar el cargo de la madre como agravante de lo que hizo el chico— es un ejercicio de oportunismo que termina haciendo daño en dos direcciones.

Por un lado, contamina el análisis político. Si la diputada merece cuestionamientos, que sea por lo que ella hizo, no por lo que su hijo dijo en un aula.

Por otro lado, y esto es lo que más importa: convierte a un adolescente en instrumento. En excusa. En personaje secundario de una disputa que no tiene nada que ver con él. Y ese adolescente, cualquiera sea su situación, es un chico que está en crisis. Que necesita intervención profesional. Que necesita que alguien le pregunte qué le pasa, no que lo use para ilustrar la hipocresía de un sector político.

El colegio activó los mecanismos previstos: presencia policial, articulación con SENAF, intervención de la Fiscalía. El chico no concurrió a clases mientras dure el proceso. Todo eso está bien. Todo eso es lo que corresponde.

Pero los protocolos son el piso, no el techo. El piso es que nadie salga lastimado. El techo tendría que ser entender por qué un chico llegó al punto de pronunciar esas palabras, y construir algo que impida que la misma situación se repita con él o con cualquier otro.

Para eso no alcanza con el parte policial. No alcanza con la nota periodística que pone en el título el nombre de la madre. No alcanza con la condena moral en los comentarios de las redes.

Hace falta algo más lento, más silencioso y más difícil: escuchar al chico.