Por: Bache3000

Los trabajadores y las trabajadoras del Servicio de Salud Mental Comunitaria y Consumos Problemáticos del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche declararon la emergencia en salud mental. Lo hicieron mediante un documento emitido en asamblea y difundido el 8 de abril, en el que describen un cuadro de deterioro sostenido que afecta tanto las condiciones laborales como la atención a la comunidad.

El texto señala que desde 2024 el servicio viene reclamando la restitución de cargos de psicólogas, psicólogos, psiquiatras y operadores en salud mental comunitaria, vacantes que se fueron generando por renuncias, jubilaciones y falta de recursos. A esa situación se suman problemas edilicios en consultorios y dispositivos de alojamiento o de día: falta de calefacción, insumos y mantenimiento, con una reducción de prestaciones que el personal atribuye directamente a la escasez de personal.

La demanda, en tanto, no para de crecer. Los trabajadores explican que la pandemia y el deterioro socioeconómico incrementaron los padecimientos subjetivos, los consumos problemáticos y las distintas formas de violencia. El hospital y los centros de salud son, advierten, el único efector de salud mental pública disponible para la población, lo que concentra cada vez más internaciones, derivaciones y atenciones en un servicio que ya no tiene el equipo para sostenerlas.

Hace dos semanas, según indica el documento, se sumó el recorte de horas extras a los operadores en salud mental comunitaria, lo que agrava aún más la situación. Los trabajadores lo describen como un recorte sobre trabajo ya realizado y aprobado, que no responde a ningún exceso sino a la falta de recurso humano.

Pese a haber solicitado reuniones con el exdirector del hospital, con autoridades zonales y con la Coordinación Provincial de Salud Mental Comunitaria, el personal asegura no haber obtenido respuesta alguna. Ante ese silencio institucional, resolvieron hacer pública la situación y solicitar a la comunidad que difunda el comunicado, a la espera de que las autoridades encuentren soluciones concretas.

El documento está firmado por el Servicio de Salud Mental Comunitaria y Consumos Problemáticos del Hospital Zonal Ramón Carrillo.