Por: Bache3000

El abogado Alejandro Pschunder fue contundente al explicar los fundamentos de la acción judicial que impulsó contra las resoluciones del intendente Walter Cortés vinculadas al transporte de pasajeros en Bariloche. Para Pschunder, el problema no es político sino estrictamente jurídico: el Ejecutivo municipal avanzó sobre atribuciones que no le corresponden.

"Estamos en un régimen de democracia indirecta donde el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes", sostuvo el letrado, recordando que la carta orgánica de San Carlos de Bariloche, en línea con la Constitución Provincial y Nacional, establece una división de poderes con facultades precisas para cada uno.

La Ley Nacional de Tránsito fija requisitos específicos para el otorgamiento de licencias de conducir, con exigencias particulares para quienes transportan personas. El Concejo Deliberante adhirió a esa normativa mediante ordenanza, y es justamente ese cuerpo legislativo el que tiene la facultad de regular las condiciones para el transporte de pasajeros en el municipio. Según Pschunder, las resoluciones de Cortés contradicen ese marco legal de manera directa.

Las consecuencias potenciales, advirtió el abogado, van más allá de una irregularidad administrativa. Quien transporte personas sin cumplir los requisitos exigidos por la ley podría no contar con el tipo de seguro adecuado, carecer de licencia profesional de conducir y no haber acreditado certificado de antecedentes penales. "Cualquiera puede estar transportando personas cuando sabemos que el certificado de antecedentes es fundamental", señaló Pschunder, y subrayó que ante cualquier accidente la responsabilidad recaería también sobre el erario público.

La acción presentada ante el Juzgado Contencioso Administrativo incluye un pedido de medida cautelar para suspender de manera inmediata los efectos de las resoluciones cuestionadas. Pschunder dejó en claro que si el intendente pretende modificar las facultades de los distintos poderes, el camino legal es una reforma de la carta orgánica a través de una asamblea constituyente, no una resolución unilateral del Ejecutivo.

"Esto no es estar ni a favor ni en contra del intendente", cerró el letrado. "Esto es hacer que se cumpla con la ley, ni más ni menos."