Por: Bache3000

La cobertura de Bache3000 sobre lo ocurrido en la Sala 1 del Auditorium el martes 7 de abril tuvo repercusión en medios de todo el país y derivó en una respuesta institucional concreta. La legisladora provincial Magdalena Odarda presentó un pedido de informes ante el Ministerio Público Fiscal de Río Negro para que el organismo informe sobre las medidas tomadas e impulse una investigación penal a partir de la declaración del propio denunciante en ese juicio oral. Hugo Alberto Barabucci, querellante en una causa por usurpación contra la mapuche Soledad Cayunao —quien fue finalmente declarada inocente—, confesó ante el tribunal que compró más de 14 mil hectáreas en Cerro Carreras, a 45 kilómetros de la frontera con Chile, con dos millones de dólares donados por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos.

El vendedor fue Marcos Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía y socio comercial de Joe Lewis. Barabucci explicó durante la audiencia que su vínculo con el gobierno emiratí se originó a través de un club de polo y que los fondos constituyeron una donación no restituible, destinada específicamente a la compra de tierras en la Patagonia argentina. Cuando el abogado defensor Martín Palumbo le preguntó por el origen del dinero, el testigo respondió con una naturalidad que heló la sala, y precisó que los fondos fueron transferidos desde una cuenta del First Gulf Bank en Abu Dhabi hacia una cuenta en el banco JP Morgan Chase en Nueva York, sin pasar por los controles aduaneros, fiscales y penales que exige la legislación argentina para el ingreso de divisas al país.

El predio en cuestión se encuentra en las nacientes del río Chubut, dentro del área de seguridad de frontera que establece los primeros 100 kilómetros desde el límite internacional como zona sujeta a restricciones específicas. La Ley 26.737 de Tierras Rurales prohíbe expresamente que extranjeros adquieran ese tipo de tierras, ya sea de forma directa o a través de personas interpuestas. El campo hoy funciona como coto de caza habilitado para la cría de ciervos colorados, según declaró en la misma audiencia el administrador del lugar. Nadie de la fiscalía actuó de oficio ante la confesión, lo que motivó que el propio defensor Palumbo pidiera que el antecedente fuera remitido al Ministerio Público Fiscal.

El pedido de Odarda —respaldado por el bloque Vamos con Todos y el PJ Nuevo Encuentro— solicita que se informe si se inició una investigación sobre el origen de los fondos, si se dio intervención a la Justicia Federal por la posible comisión del delito de contrabando de divisas y si se notificó tanto a la Unidad de Información Financiera como a la AFIP sobre el posible ingreso irregular de capital extranjero. El monto declarado por Barabucci excede ampliamente el límite legal permitido para ingresar divisas al país sin declarar. También se requiere que se investigue la posible existencia de lavado de dinero u otros delitos complejos vinculados a la operación.

Otro punto central del pedido es la contradicción en la titularidad del predio. Mientras Barabucci se presentó en el juicio como propietario del campo, los registros oficiales vinculan ese inmueble al Fideicomiso Amaike, lo que abre la posibilidad de que se haya incurrido en falso testimonio y que la operación haya utilizado personas interpuestas para encubrir la titularidad real, práctica expresamente prohibida por la legislación vigente. Odarda anunció además que impulsará una presentación ante el Fiscal de Estado para que evalúe la nulidad absoluta e insanable de la operación en caso de comprobarse las irregularidades.

La legisladora recordó que Río Negro tiene antecedentes directos de este tipo de maniobras: en años anteriores se vendieron tierras fiscales a valores irrisorios —alrededor de 152 pesos por hectárea—, lo que derivó en causas por fraude al Estado con funcionarios condenados, y en esas operaciones participaron actores empresariales entre los que mencionó al propio Mindlin. El nombre del presidente de Pampa Energía aparece así en ambos extremos de una misma historia: como vendedor de las tierras compradas con dinero árabe y como figura señalada en operaciones cuestionadas del pasado reciente en la provincia.

"Estamos ante un hecho de extrema gravedad que puede comprometer la soberanía, el control de nuestras fronteras y la protección de nuestros bienes naturales comunes. El Ministerio Público Fiscal debe actuar con urgencia e investigar a fondo", sostuvo Odarda al presentar el pedido. El agua sigue naciendo en las nacientes del río Chubut, dentro de ese campo que el lonko Mauro Millán describió en la misma audiencia como un "tesoro vivo". La pregunta que dejó la nota de Bache3000 y que ahora retoma la política provincial sigue sin respuesta: qué está pasando con las inversiones extranjeras en la tierra patagónica, y quién tiene la voluntad de investigarlo.