Por: Bache3000

César Milton Catrigual Guerrero lleva semanas en el centro de una causa penal que nació en un acto institucional y se convirtió en uno de los episodios más comentados de la política municipal barilochense. Este lunes 13, luego de ausentarse a dos audiencias previas por problemas de salud, el funcionario municipal finalmente se presentó en los tribunales de Costanera para enfrentar la formulación formal de cargos por lesiones contra dos personas.

Los hechos que motivaron la imputación ocurrieron el pasado lunes 2 de marzo en el gimnasio 5 del kilómetro 13, durante el acto oficial de apertura de sesiones legislativas del Concejo Deliberante de Bariloche, un evento institucional que derivó en un incidente físico que tuvo como escenario la tensión entre funcionarios municipales y manifestantes que se encontraban en el lugar realizando una protesta.

Según la acusación sostenida por la Fiscalía, Catrihual se dirigió hacia el fondo del gimnasio donde estaba Emiliano participando de esa protesta y, en el contexto de una discusión, le propinó un golpe en el pómulo izquierdo, al tiempo que en la misma secuencia se le atribuye haber provocado lesiones en la nariz a una mujer que también se encontraba presente en ese sector del recinto.

Para sostener la imputación, la Fiscalía respaldó su posición en un conjunto de pruebas que incluye el testimonio del propio Hernández, certificados médicos que acreditan las lesiones, entrevistas realizadas por la Oficina de Atención a la Víctima y registros fílmicos que habrían capturado el momento de los golpes, elementos que en conjunto configuraron la base para la formulación formal de cargos ante el juez de Garantías.

Al concluir la audiencia, el juez Gangarrosa dispuso medidas cautelares contra el imputado que incluyen la prohibición de ejercer cualquier tipo de agresión y una restricción de acercamiento hacia las víctimas con un límite no inferior a los 200 metros, medidas que el magistrado consideró proporcionales a la naturaleza del hecho investigado y al estado actual de la causa.

Sin embargo, el punto que generó mayor debate durante la audiencia fue el pedido de la querella de que Catrihual se abstuviera de participar en actos públicos, una restricción que el juez Gangarrosa decidió no imponer, habilitando así al imputado a continuar asistiendo a eventos oficiales en su carácter de funcionario municipal, resolución que la querella había intentado evitar precisamente por el contexto institucional en que se produjo el hecho.

La defensa del imputado, a cargo del doctor Horacio Brucellaria, aceptó formalmente la formulación de cargos durante la audiencia, aunque dejó sentado que la versión de su representado difiere sustancialmente de la que sostiene la acusación, e introdujo como elemento central de esa hipótesis alternativa la existencia de una provocación previa por parte de Hernández, que habría incluido un escupitajo dirigido hacia Catrihual momentos antes del incidente físico, versión que tanto Emiliano como sus abogados desmintieron en el transcurso de la misma audiencia.

El abogado defensor también advirtió públicamente sobre lo que describió como "un interés político más allá de la investigación penal del hecho", cuestionando además la participación como querellante del concejal Leandro Costa Brutten y señalando que existen actores en esta causa que, a su entender, no tendrían legitimidad para intervenir en el proceso pero que igualmente pretenden hacerlo con una finalidad que excede lo estrictamente judicial.

Las declaraciones de Brucellaria a Bache3000

Finalizada la audiencia, el defensor de César Catrigual Guerrero dialogó con este medio y fue directo respecto a la versión de su cliente: sostuvo que el episodio del 2 de marzo tuvo un antecedente que la acusación no está contando y que será el propio imputado quien lo relate ante la Fiscalía. "Hay una parte de la historia que no la están contando", afirmó, y precisó que esa parte involucra dos tipos de provocaciones que precedieron la reacción de Catrihual: "Hubo una provocación política y hubo una provocación intencional, lo escupió".

Brucellaria también cuestionó con dureza la decisión de llevar el caso a la justicia penal, al considerar que la entidad de las lesiones no justifica la movilización de recursos judiciales para una causa que, en su opinión, habitualmente concluye con medidas alternativas, criterios de oportunidad o suspensiones de juicio a prueba. "Están malgastando el tiempo y los recursos de la justicia penal", señaló el letrado, y recordó la cantidad de causas de mayor gravedad que aguardan atención en el sistema judicial.

Sobre la participación de actores políticos en el proceso, el defensor fue categórico al describir una operación que excede lo estrictamente penal: "Utilizan la justicia penal para conseguir lo que no pueden conseguir por otros medios", afirmó, en referencia a quienes impulsaron la causa y a la pretensión de impedir que su cliente continuara participando de actos oficiales, restricción que el juez Gangarrosa finalmente no impuso.

La causa continúa en etapa de investigación y la defensa adelantó que las explicaciones del caso se brindarán en sede de Fiscalía, el organismo que tendrá a cargo el avance del proceso penal contra el funcionario municipal.