

En un principio, el préstamo solicitado por Villaverde fue rechazado por dos razones principales. La primera, su situación en el Veraz, un sistema de información crediticia que registra antecedentes financieros. La segunda, su condición de persona políticamente expuesta (PEP), lo que normalmente dificulta el acceso a créditos, especialmente en dólares y considerando las estrictas regulaciones cambiarias vigentes.
Sin embargo, la diputada no se conformó con la negativa inicial. Emprendió un viaje a Buenos Aires con un objetivo claro: obtener una autorización que permitiera la concreción del préstamo. Su determinación dio sus frutos, y finalmente logró que el crédito fuera aprobado.
Con el préstamo obtenido, Villaverde adquirió una casa en el exclusivo barrio cerrado Los Patricios, dejando atrás su residencia en Las Grutas. Esta mudanza no parece ser un simple cambio de domicilio, sino más bien una estrategia para distanciarse de un entorno que le resulta incómodo.
La decisión de abandonar Las Grutas se produce en un contexto de investigaciones por presuntas estafas relacionadas con la venta de lotes, de las cuales la diputada es protagonista. Los vecinos de la localidad la han señalado, lo que sugiere un trasfondo complejo en su trayectoria política y empresarial.
El caso de Villaverde ilustra las desigualdades en el acceso a recursos financieros y cómo la influencia política puede ser determinante para sortear obstáculos burocráticos y crediticios.