Por: Bache3000

Carreras explicó que la denuncia se refiere a un convenio en el que "ni siquiera la Provincia de Río Negro es parte". Según detalló, se trata de un acuerdo entre el Consejo Federal de Inversiones (CFI), un organismo nacional que agrupa a las provincias, y una empresa del Estado israelí especializada en el manejo de recursos hídricos.

"Es un convenio entre una empresa del Estado israelí y el CFI, que nos participa a nueve provincias", aclaró Carreras, quien destacó que en el caso de Río Negro, la elaboración técnica estuvo a cargo del Departamento Provincial de Aguas (DPA).

La ex funcionaria explicó que el convenio buscaba investigar temas como el tratamiento de líquidos cloacales, su posible reutilización y la desalinización de agua de mar para regiones con escasez hídrica, aprovechando la experiencia israelí en el manejo del agua en zonas desérticas.

"El DPA trabajó muchísimo, seleccionó los técnicos y especialistas para hacer la investigación, que fueron financiados por el CFI", señaló Carreras, agregando que "el DPA tenía la propiedad exclusiva de los resultados de esa investigación".

Un aspecto que Carreras destacó como contradictorio es que las denunciantes fueron funcionarias del gobierno de Alberto Fernández, durante cuya administración se firmó el convenio en cuestión. "Las dos exfuncionarias del gobierno de Alberto Fernández son las que hoy acusan de un convenio donde Wado de Pedro, el ministro del Interior, fue quien organizó las provincias", subrayó.

Carreras insinuó que la denuncia podría estar relacionada con su reciente anuncio de incorporación política, sugiriendo que "a alguien le preocupa" su participación. También mencionó un posible componente antisemita en las acusaciones, señalando que ha recibido insultos en redes sociales acusándola de "sionista".

La ex funcionaria anunció que difundirá el texto completo del convenio para aclarar la situación, destacando que su rol fue simplemente como "acompañante" y no como firmante, ya que la provincia de Río Negro no financiaba el proyecto.

Otras provincias como San Juan, Mendoza, Santa Cruz, Formosa y La Rioja también participaron en acuerdos similares con la empresa israelí, todas ellas con problemas de distribución de agua.