Por: Bache3000

El concejal Facundo Villalba, autor del proyecto, explicó que la iniciativa busca "ampliar los requisitos exigidos a funcionarios políticos" mediante certificados psicofísicos y tests de drogas para detectar consumo de sustancias ilegales.

"Este municipio aduce pelear contra las adicciones y la narcocriminalidad, por lo que sumamos tests de drogas para certificar que no existe en nuestros funcionarios un consumo problemático", defendió Villalba, quien agregó: "Este es un paso para separar las drogas y el Estado".

Villalba comparó la situación con otras actividades: "A los coordinadores de viaje de egresados les exigen test de droga y no se los exigimos a nuestros secretarios y funcionarios políticos. Estamos peor que los coordinadores de viaje de egresados".

Laura Totonelli: ¿Quién paga todo esto?

La concejal Laura Totonelli expresó profundas preocupaciones sobre varios aspectos del proyecto. Cuestionó especialmente la obligatoriedad de declarar todos los medicamentos: "Entiendo que el objetivo es descartar el consumo de drogas ilegales, pero esto pone a la persona en la circunstancia de tener que exponer su situación de salud".

Totonelli planteó ejemplos concretos: "Hay fármacos de consumo ocasional que son a veces prescriptos por un médico, otras veces no. Uno se levantó con un brazo torcido y se tomó un ibuprofeno. Pero tendría que tener una lista de todas esas medicaciones que consume para cumplir con este requisito".

La edil hizo hincapié en la privacidad médica y el derecho a la intimidad: "Me pongo a pensar en personas que tienen patologías complejas que a lo mejor no quieren dar a conocer. Pienso, por ejemplo, en síndrome de Crohn. Si yo tuviera Crohn, no sé si lo daría a conocer porque es bastante avergonzante. Hay muchas personas que se sienten muy incómodas con su patología".

Totonelli también cuestionó los aspectos económicos y administrativos: "¿Quién paga todo esto? ¿El municipio? ¿Los propios funcionarios?", planteando que la implementación podría resultar costosa e invasiva para los aproximadamente cien funcionarios políticos afectados.

Postura de Julieta Wallace

La concejal Julieta Wallace calificó el proyecto como "extremo" y planteó objeciones legales: "Para ocupar un cargo como autoridad, la Carta Orgánica Municipal no exige este tipo de requisitos. ¿Por qué nosotros por ordenanza podríamos ir más allá de la Carta Orgánica?"

Wallace también defendió el aspecto humano: "Los políticos somos personas. Quien tiene una adicción a una droga es una persona enferma. La ordenanza no va hacia el cuidado de esa persona, sino al hachazo".

Críticas de Roxana Ferryra

La concejal Roxana Ferryra fue contundente: "Como está encarado el proyecto, parece que castiga y no que previene. Las adicciones son un tema de salud pública. Sin el consentimiento de esa persona que está enferma, no se puede rehabilitar".

Ferryra también señaló omisiones: "El proyecto no contempla la ludopatía. Hay muchas personas adictas al juego en todos los estamentos del Estado. El alcohol, que es una droga legal, tampoco está contemplado".

Aporte de Natalia Almonacid

La concejal Natalia Almonacid abordó aspectos técnicos del proyecto: "Entiendo que busca agregar un requisito más a la designación tanto de cargos electivos como de designación por el Poder Ejecutivo", observando que esto podría interpretarse como una nueva inhabilidad.

Almonacid compartió su experiencia personal: "Yo tuve cáncer de tiroides y tomo medicaciones amplias. Digo, de hecho sigo, ahora tengo que hacer medicaciones", ilustrando las complejidades que podrían surgir con la declaración obligatoria.

Respuesta de Villalba

Ante estas críticas, Villalba defendió firmemente su postura: "El adicto es un enfermo, pero no solo hay que preservar a ese enfermo, sino también a todo el entorno. Las adicciones deterioran a la persona que la sufre, pero también al entorno laboral y a los vecinos".

"No estamos hablando de un trabajo normal. Ser funcionario no es una beca, no es un lugar para que vengan a hacer rehabilitación. Si no están capacitados por deterioro en cuanto al consumo de sustancias ilegales, no es el Estado el lugar", sentenció.

Villalba también aludió a problemas concretos: "Fue muy incómodo para muchos empleados municipales y vecinos tener que soportar hechos de violencia enormes en las oficinas municipales, que deberían ser lugares más profesionales".

El debate continúa dividiendo opiniones en el Concejo, con posiciones que van desde la necesidad de establecer controles más estrictos hasta la preocupación por estigmatizar a personas con problemas de salud.