

Por: Bache3000
En una encuesta con 1400 casos a nivel nacional, Inquilinos Agrupados muestra una realidad que no desapareció, pese a la elimincaión de la Ley de Alquileres. Por el contrario, se profundizó. En diciembre, el porcentaje de desalojos por causas económicas alcanzó el 25%, evidenciando un incremento respecto a meses anteriores. La presión de los valores de los alquileres y el aumento de expensas son señalados como los principales factores.
Los contratos firmados desde enero 2024 reflejan aumentos significativos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un departamento de un ambiente promedia los $398.362, mientras que uno de dos ambientes llega a $445.934 y los de tres ambientes alcanzan los $606.669. En provincia de Buenos Aires, aunque más bajos, los valores siguen siendo elevados: $233.200, $321.930 y $409.826, respectivamente. En el caso de Bariloche, eso es muhco peor: los precios se duplican en cada tipo de vivienda.
Además, en la ciudad, volvieron los contratos que se realizan de marzo a noviembre, o aquellos que le aumentan al inquilino en los meses de temporada alta para equiprar el precio con los valores de un turista.
Además, existen alredeor de 3500 vivindas irregulares en las plataformas digitales que no son contrladas por el municipio.
El estudio señala que el 94% de los inquilinos tiene contratos de dos años o menos, y el 82% enfrenta actualizaciones de precio cada menos de cuatro meses, lo que genera una constante inestabilidad económica para los hogares.
La encuesta revela que la precariedad laboral afecta especialmente a los inquilinos:
El nivel de endeudamiento entre los inquilinos alcanza cifras alarmantes:
Los principales motivos de endeudamiento son tarjetas de crédito (51,2%), alimentos (38%) y alquiler (30%). Los acreedores más frecuentes son bancos (62,5%), familiares (32,3%) y plataformas digitales de préstamos (16,3%).
La encuesta, que abarcó a 1.400 inquilinos de todo el país, refleja un contundente rechazo al modelo de libre mercado para la vivienda: el 87,4% no está de acuerdo con que el mercado locativo deba regularse solo, mientras que el 77% considera que el Estado debe intervenir para controlar los precios de los alquileres.