Por: Bache3000

La iniciativa, presentada hace más de seis meses por la concejal Natalia Almonacid, busca resolver el problema habitacional de 43 familias que cumplen los requisitos para acceder a lotes sociales, pero el Instituto de Tierras y Viviendas dio de baja un acta de intención relacionada sin proporcionar justificaciones claras.

"Solicitamos el expediente, pero este solo llegó el día anterior a la sesión", señaló Almonacid, quien cuestionó que una disposición del Instituto pretenda derogar una acción establecida por resolución de Intendencia.

Los concejales opositores, incluidos Leandro Costa Brutten y Facundo Villalba (coautor), denunciaron un "giro de 180 grados" en las políticas habitacionales. "El Instituto está desnaturalizando el concepto de vivienda social, favoreciendo emprendimientos comerciales privados mientras obstaculiza iniciativas genuinamente sociales", afirmó Costa Brutten.

Villalba desafió al oficialismo: "¿Ahora aparecieron fondos mágicamente? Quiero ver ese proyecto que ustedes dicen, porque hasta ahora no lo he visto". El edil precisó que desarrollar infraestructura para loteos cuesta "entre 10.000 y 12.000 dólares por lote", una inversión no contemplada en el presupuesto municipal.

Desde el oficialismo, el concejal Gerardo del Río defendió la gestión actual argumentando que el Instituto está desarrollando un proyecto para 69 lotes. "La institución ya fue beneficiada anteriormente. Tenemos que pensar en los demás vecinos que están esperando", expresó.

En respuesta, Costa Brutten replicó que los requerimientos técnicos cuestionados "están todos determinados en el proyecto y su documentación adjunta". El edil opositor contrastó la eficiencia de la iniciativa privada con la del Instituto: "Han demostrado ser mucho más eficientes hasta ahora quienes llevan adelante este emprendimiento que quienes hacen otro planteo opcional sin tener nada hoy para mostrarnos". El concejal denunció un "cambio de paradigma" en la política habitacional municipal: "La intención del intendente Walter Cortés es acompañar a los emprendedores inmobiliarios y de ahí obtener los lotes que plantea entregar". Costa Brutten criticó esta estrategia como una "teoría del derrame" que "nunca funcionó, menos en Bariloche", mientras acusó al oficialismo de "apoyar loteos en los cerros de Bariloche que antes no se podían hacer, dando parámetros a privados para que vendan en dólares".

La concejal Samanta Echeñique intervino intentando mediar en el debate, identificando tres ejes fundamentales en la discusión. "La primera discusión es con qué metodología se desarrolla y se adjudica la tierra en Bariloche. Claramente, después de un cambio de gobierno, la mirada de uno no coincide con la del otro", explicó. Sobre el segundo punto, la validez del acta de intención, Echeñique fue contundente: "Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. El Instituto se comprometió a trabajar en conjunto para gestionar 44 lotes de interés social, esa obligación debe cumplirse, y un acto bilateral que se rescinda unilateralmente tiene consecuencias". La edil señaló que más allá de las cuestiones metodológicas y técnicas, "esto se puede destrabar fácilmente con voluntad política y el necesario trabajo conjunto entre el Instituto y los adjudicatarios del proyecto", subrayando que lo importante es el resultado final, independientemente de quién lo impulse.

La concejal Julieta Wallace sostuvo que, aunque algunos colegas afirman que "no se está dando el debate sobre el proyecto de loteo, este sí se está tratando". Cuestionó la legitimidad del acta de intención presentada, comparándola con promesas incumplidas de administraciones anteriores, como el "loteo de las Moreno". Consideró que están intentando conseguir los votos necesarios sin clarificar sus intenciones reales.

Además, señaló inconsistencias técnicas en el proyecto, como la diferencia entre los 44 lotes propuestos por los concejales y los 69 lotes establecidos por el Departamento Ejecutivo. Cuestionó también que el proyecto no especifica quiénes serán los adjudicatarios. Por otro lado, aseguró que el sindicato se está convirtiendo en desarrollador inmobiliario.

Finalmente, indicó que la concejal informante del proyecto no está ayudando a convencer a quienes tienen dudas, y rechazó el argumento de que un acto administrativo sea equiparable a un contrato entre particulares, señalando que incluso si fuera un contrato, este fue dejado sin efecto por resolución del Instituto Municipal.

Finalmente, tras el acalorado debate, el proyecto de loteo social destinado a trabajadores obtuvo dictamen positivo con los votos favorables de los concejales Facundo Villalba, Natalia Almonacid, Leandro Costa Brutten, Laura Totonelli y Samanta Echeñique, mientras que Gerardo del Río y Julieta Wallace reservaron su voto.

El debate desnuda las diferentes visiones para enfrentar una crisis habitacional que, según coinciden los ediles, lleva más de dos décadas sin resolverse en Bariloche, donde cientos de familias continúan en lista de espera para acceder a un terreno propio.